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Perder millones de pesos en manos de un estafador, en muchos casos los ahorros de una vida, o el producto de la venta de apartamentos, casas, carros, no es nada fácil. Y no se le puede pedir a una persona, en este estado, que guarde la calma. ¿Cuál calma, si es que está en juego su futuro, el de su familia, el de sus hijos? ¿Cuál calma, si es que acabaron con sus esperanzas? ¿Cuál calma, si se le acabó la paz?

Pero en este momento es preciso hacer ‘de tripas corazón’, como decían los abuelos, respirar profundamente, rogar a Dios que nos ayude y actuar, pero por las vías judiciales, no las de hecho. No podemos permitir que este descalabro se nos convierta en tragedia. Ya hay muertos. Pero no podemos permitir que haya más. Tenemos que hacer un alto en el camino, pensar y actuar, por las vías judiciales.

Hay que decirlo, con toda la energía y con toda la condena: el Estado es el culpable de lo que está ocurriendo en el caso de las pirámides. El Gobierno nacional, los alcaldes, los superintendentes del sector (el financiero ya cayó), la Fiscalía, la Policía, el Congreso, los mismos bancos… Y podemos seguir con la lista. Pero lo que no podemos hacer ahora es irnos en contra de ellos, por las vías de hecho.

Todos ellos, que con su excesiva parsimonia al actuar, o con su indolencia, vieron cómo se quebraban cientos y más cientos de familias y no hicieron nada, son los llamados ahora a ayudar a los incautos ‘ahorradores’ de las pirámides. Porque, seamos claros, también cada uno de los ‘ahorradores’ tiene culpa en esto, por creer que tanta belleza sí era verdad. Por querer ‘enriquecerse’ de una manera fácil desafiando todos los pronósticos.

Pero no es el momento de recriminaciones, ni de buscar culpables. Después los buscamos. Este es el momento de buscar soluciones. Con cabeza fría. Porque no estamos ante cualquier cosa. El propio ex ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, calcula que los afectados son unas 2 millones de personas y que esta es una verdadera ‘catástrofe financiera’. Y la veeduría de la Fiscalía dice que son cerca de 2 billones de pesos los que pueden estar circulando en esas ‘pirámides’, que la Superintendencia Financiera ya calcula en 200.

Entonces, llegó la hora de actuar. Pero actuar bien. En momentos en que escribía este blog, el Gobierno estaba analizando tres medidas encaminadas a hacerle frente a la situación, entre ellas la posibilidad de devolver a los ahorradores dinero de lo que se ha decomisado hasta el momento. Por lo menos se les devolvería una parte a personas de estratos uno y dos.

Pero sobre el tapete sigue la propuesta de Fenalco, que también la acompaña el presidente del Senado, Hernán Andrade, de decretar la emergencia económica. Cuando escribía este blog no había sido decretada, pero se estimaba como una posibilidad. Es lo menos que puede hacer el Gobierno, así los expertos y grandes analistas salgan a decir que no hay un hecho sobreviniente para que esto ocurra. No me puedo imaginar qué otro hecho sobreviniente se necesita que el de 2 millones de personas quebradas. Para cada una de estas personas esto es una catástrofe. Es una crisis financiera descomunal.

Pero el argumento de los expertos es que no es un hecho que se haya dado de un momento a otro (como debe ser para una declaratoria de emergencia) y que, además, las personas invirtieron ‘voluntariamente’ su dinero y simplemente perdieron, como en una apuesta. Y que de ahí lo único que les queda es ‘quejarse ante el mono de la pila’.

Sin embargo, valdría la pena pensar en las consecuencias que esta crisis puede tener para el comercio, en este diciembre, para la industria y para el empleo. Y para el mismo sistema financiero.

Se necesitan medidas inmediatas y ya está visto que con la normatividad existente no se va a poder poner fin a la cadena de descalabros. Por lo menos no en el corto plazo. Ni siquiera con el proyecto de ley que quedó radicado en el Congreso y que los parlamentarios no han querido ni mirar. Y el tiempo apremia. Dentro de las medidas que podría adoptar el Gobierno en desarrollo de la Emergencia Económica debe estar un mecanismo para que se empiecen a devolver dineros, por lo menos parte de lo invertido, a los ‘ahorradores’. Porque así como el pueblo sacó de sus bolsillos para pagar el 2 por mil para salvar a los bancos en su momento, ahora es el Estado el que debe echar mano de todo su poder para por lo menos resarcir en algo a las personas que lo perdieron todo.

Pero para que esto ocurra, los ‘ahorradores’ de las pirámides deben formular las denuncias por el dinero perdido. Con base en las denuncias, la justicia podrá actuar contra los estafadores. Y el Gobierno podría basarse en esos montos denunciados para medir la cuantía del daño y actuar para resolverlo.

Pero lo que sí queda claro es que con asonadas, con desmanes o bloqueos de vías no se va a solucionar nada. El primer paso para quienes perdieron el dinero es hacer la denuncia. En paz. Y el Estado debe rodear de inmediato a estos incautos ‘ahorradores’, a los que no les podrá solucionar su situación, pero sí les podrá mitigar sus pérdidas.

 Por favor, en paz. Todos en paz.

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