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Por:
Allynson Venegas Camargo
vcallynson@poligran.edu.co
Docente de la Escuela de Administración y Competitividad
Facultad de Negocios Gestión y Sostenibilidad del Politécnico Grancolombiano
Desde hace varios años en Colombia se vienen desarrollando mediciones en torno al trabajo decente. Los indicadores muestran la necesidad de políticas públicas que nos lleven ofertas laborales en donde los derechos de los trabajadores sean respetados, exista una cobertura total en cuanto al sistema de protección social y a su vez se favorezca el dialogo social. En paralelo, este concepto apoya la visión empresarial en donde la productividad es un punto clave para la sostenibilidad, crecimiento y desarrollo dentro de un mercado que cada vez es más competitivo.
Desde esta mirada de trabajo digno y decente, el actual gobierno nacional del presidente Gustavo Petro ha propuesto acabar gradualmente los contratos de prestación de servicios, ya que considera que no dan cuenta de un trabajo decente para las personas que se contratan en el país bajo esta modalidad.
Este tipo de contrato exige al contratista el pago de la seguridad social sobre el 40 % de los ingresos mensuales, siempre y cuando el valor de los honorarios o remuneración no sea menor a un salario mínimo legal vigente; adicionalmente, debe pagar la ARL cuando el riesgo sea I, II o III; tampoco recibe prima, vacaciones, cesantías ni intereses a las cesantías, disminuyendo la seguridad y calidad de vida en el momento de terminación y no renovación de la relación civil, que es regulada por el artículo 1495 del código civil.
En el país se presentan muchas dudas frente a la posibilidad de desmontar los contratos por prestación de servicios, ya que nos encontramos de cara a una figura admitida jurídicamente y reconocida por la Corte Constitucional, pero que además cuenta con una amplia aplicación para diversos profesionales que no encuentran otra mejor opción, a manera de ejemplo: los abogados.
Al preguntar a los empresarios sobre el tema, algunos afirman que, en ese caso de ser una norma obligatoria, se pueden manejar equivalencias en los salarios para que el costo siga siendo el mismo, disminuyendo las afectaciones económicas para las empresas. Por otra parte, esto blinda tanto a las empresas como a los trabajadores frente a contingencias como asistencias en salud, incapacidades y temas pensionales, algo a todas luces positivo para ambas partes. Mientras que, para los empleados, se presenta un impacto negativo frente a la disminución del ingreso mensual, generando un claro impacto en el bolsillo de los colombianos. Sin embargo, el paso a un contrato formal genera mayor estabilidad y por lo tanto impacta positivamente en la calidad de vida del trabajador y su familia.
El contrato de prestación de servicios es una forma de contratación necesaria, por ello, más que eliminar esta modalidad, principalmente se requiere que se contemplen varios factores para tener unas políticas públicas que brinden ofertas laborales en donde los derechos de los trabajadores sean respetados, exista una cobertura total en cuanto al sistema de protección social y a su vez se favorezca el diálogo social junto con las prácticas éticas y racionales que les den garantías a los trabajadores de tener un trabajo decente.
Ahora queda esperar cómo será la propuesta del gobierno en este sentido, que será presentada al Congreso de la República en los próximos meses dentro de la reforma laboral, para evaluar a profundidad el impacto que esta genere a las empresas, a los empresarios, a los empleadores y, por supuesto, a la economía nacional.
