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¿La denominada Ley TIC representa un avance o un retroceso? ¿Es lo que nuestro país necesita en la coyuntura actual? El 2018 no podía terminar sin una agitada turbulencia a nivel de los medios de comunicación. Desde varios frentes se hizo sentir el rechazo al Proyecto de Ley de Modernización del Sector TIC impulsado por el ministerio de la cartera a cargo de Sylvia Constaín.
Lo que en apariencia pintaba como un loable esfuerzo por generar “las condiciones que permitirán incrementar la inversión privada en Colombia y así llevar las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) a la población de escasos recursos, además de las zonas rurales”, además de “garantizar e incrementar los recursos para la generación de contenidos y aplicaciones de interés público”, ha suscitado toda clase de manifestaciones por parte de empresarios, líderes de opinión, academia e industria.
Nadie niega las controversias que existen entre las entidades vigentes como la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) y la Comisión Reguladora de Comunicaciones (CRC), origen de lo que la Ley TIC llama “modernización institucional” y que daría pie a la figura del “regulador único convergente”, la manzana de la discordia de esta iniciativa, que a su vez convertiría al MINTIC en una entidad con facultades de vigilancia y control. En ese momento se alzaron las voces que denunciaron un velado intento de censura tras esta iniciativa.
En principio la necesidad de hacer una labor más efectiva no generaría más discusiones. De otra parte, la legislación nacional se ha rezagado frente al trepidante cambio del escenario tecnológico, el impacto en los hábitos del usuario y la irrupción de nuevos agentes del mercado, que interpretaron ese movimiento para atraer el creciente nicho con propuestas claramente disruptivas ante las cuales poco se ha podido hacer. No obstante, lo delicado del asunto es el panorama que se vislumbra para la comunicación pública frente a un modelo de gestión que la conmina a ser replicadora de “contenidos de interés”. ¿Quién los decide? ¿Con qué criterios? ¿Quiénes los producirán?.
Para más rasquiña, la Ley TIC aumenta la tensión al plantear un aumento del uso del espectro por parte de os operadores privados hasta por 30 años y la unificación de los fondos existentes destinados a la creación de contenidos en una sola unidad administrativa. Para el primer punto aparecen opiniones de gremios como la Asociación Colombiana de Medios de Información, cuyo director, en entrevista a este diario, recomienda llevar las cosas con calma, a la vez que expresa su preocupación por el otorgamiento de licencias a largo plazo en un sector tan dinámico. En cuanto a los recursos, desde luego es fundamental tomar en cuenta a los creadores de contenido quienes muchas veces han visto languidecer sus propuestas en únicas temporadas repetidas hasta la saciedad por la ausencia de músculo financiero, lo cual corta de tajo sus expectativas. La continuidad de los contenidos exitosos es clave, así como la manera de dar cabida a nuevas propuestas y ejecutores.
A fecha de esta actualización al proyecto le queda un debate en el Congreso y la crispación no para. El tema ya se extendió a cuestionar el futuro del Canal Uno si esta ley se aprueba como está. Es urgente abrir escenarios de discusión de la Ley TIC que logren el mayor consenso entre las partes involucradas. Es cierto, nuestra televisión pública no goza del favor de una buena parte de la población, pero no es óbice para condenarla a su desaparición. Del mismo modo también es vital la garantía de independencia de los contenidos frente a los gobiernos de turno. Lo sucedido con el programa Los Puros Criollos salió mal para RTVC, cuyas explicaciones no fueron del todo satisfactorias. Las condiciones están dadas para sentarse a la mesa y escuchar a todas las partes. Que la Ley TIC no termine amargando la Navidad y el año nuevo.
@juanchoparada
juanchopara@gmail.com
