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Por: Marcela Madrid*

Las medidas para garantizar el derecho al agua y al proyecto de vida campesino no deberían quedar en manos de un actor privado que defenderá sus intereses hasta el final. / <strong>Marcela Madrid</strong>

Las medidas para garantizar el derecho al agua y al proyecto de vida campesino no deberían quedar en manos de un actor privado que defenderá sus intereses hasta el final. / Marcela Madrid

La historia se repite cada mes de mayo: desesperados por la sequía, los habitantes rurales de Marialabaja, en los Montes de María, deciden cerrar las compuertas del distrito de riego y así impedir que el agua de la represa Arroyo Grande siga saliendo en grandes cantidades hacia los cultivos de palma.

El objetivo de esta medida es impedir que el embalse se seque y pueda quedar algo para el uso de la comunidad. Así empieza una disputa anual que podría evitarse si el Gobierno escuchara a estas poblaciones y construyera un plan para distribuir equitativamente el recurso.

De ese cuerpo de agua dulce dependen no solo las enormes extensiones de palma y los cultivos de arroz, sino también el consumo de 11 veredas de Marialabaja, El Carmen de Bolívar y San Jacinto que no tienen acueducto. Para algunas de esas poblaciones, el embalse es además la única vía de transporte hacia casco urbano y, si llegara a secarse, quedarían aisladas hasta la próxima lluvia.

Aunque el distrito de riego se creó en los años 60 para mejorar la infraestructura del agro en la zona, especialmente de los pequeños cultivadores de arroz, en los 90 el monocultivo de palma empezó a invadir el paisaje. Hoy solo el 16% de los terrenos que se benefician de él están sembrados en arroz, mientras que a los campesinos y campesinas que viven de la yuca, el ñame o el plátano no les llega ni una gota.

Ante este panorama, las comunidades campesinas lo han intentado todo para proteger este valioso recurso: movilizaciones pacíficas, derechos de petición, la creación de una Mesa por el derecho al agua, la priorización del tema en el Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial —PDET— e incontables intentos de negociación. Compromisos tan básicos como la puesta en marcha de una batimetría —un estudio que mide el nivel de la represa para saber cómo repartir el agua— siguen aplazados desde hace años.

El principal llamado que hace la Mesa Permanente por el Derecho al Agua desde 2008 es que se cree un plan para repartir de manera equitativa el agua de Arroyo Grande entre la comunidad y los cultivos de arroz y palma, especialmente en temporadas secas. Geovaldis González, líder de la zona, lo resume así: “Esta represa es de consumo humano, es el acueducto de Marialabaja y podría ser el de San Jacinto y El Carmen. Con un buen manejo podría llevar agua a toda la subregión”.

Palma Marialabaja

Foto: Cortesía Corporación Desarrollo Solidario

 

El pasado 12 de mayo tuvo lugar una nueva reunión para abordar el tema. La comunidad llegó a varios acuerdos con los arroceros y con Usomaría, la Asociación de usuarios del distrito de riego, para racionar el uso del embalse. Además, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo hicieron un llamado para que el derecho humano prevalezca sobre el económico en estos casos.

Sin embargo, hubo un gran ausente: los empresarios de la palma, el cultivo que ocupa el 82% de las tierras que se benefician del distrito de riego. Esta cifra sería resultado de un acaparamiento que, según han denunciado pobladores de la zona, se habría dado cuando hombres vinculados a la empresa palmera Oleoflores compraron sus predios a bajos precios aprovechándose del contexto de violencia.

Ese 82% deja a los palmeros en una posición ventajosa frente a los arroceros y campesinos, pues son quienes más dinero aportan a Usomaría y además tienen la cabeza de su junta directiva. Tal vez de ahí su falta de interés en dialogar, pues el principal tomador de decisiones frente al uso del agua que tanto se disputa está inevitablemente de su lado. Por eso, sin ellos será difícil que las reuniones, encuentros y marchas trasciendan más allá de un acta y un apretón de manos entre las partes que inicialmente suelen estar de acuerdo.

Sin embargo, las medidas para garantizar el derecho al agua y al proyecto de vida campesino no deberían quedar en manos de un actor privado que defenderá sus intereses hasta el final. Es necesario que las autoridades locales, departamentales y ambientales asuman el caso y escuchen por fin a una comunidad que vive, como tantas, en medio de una paradoja: estar rodeados de agua dulce y luchar a diario por acceder a ella.

* Investigadora de Dejusticia

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Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad / Center for the Study of Law, Justice and Society. We work to promote human rights in the Global South.

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