A ningún gobierno le ha dado pena hablar del glifosato, lo ven como una estrategia legítima para reducir las hectáreas de coca. Pero eso ya no es admisible. La Comisión de la Verdad es la oportunidad para hablar sobre política de drogas, memoria, conflicto armado y no repetición.
Por: Luis Felipe Cruz*
En la guerra contra las drogas no se ha hablado de verdad histórica, memoria o garantías de no repetición sobre todos los crímenes y excesos que padecieron las poblaciones rurales a causa del propio Estado. | FOTO: Rodrigo Sura, EFE
La semana pasada el glifosato volvió a ser titular, o mejor, Diego Molano mojó prensa al afirmar que el enredado proceso para reactivar las fumigaciones debería terminar a finales de marzo. Es el tercer ministro de Defensa que se compromete a reanudar el uso aéreo del glifosato en “cuestión de semanas”. Ensillando la bestia antes de agarrarla, el funcionario anunció fechas y trámites que no dependen de su cartera y que de por sí no tienen salida jurídica cercana, como lo mostró Dejusticia.
A los ministros y gobiernos no les da pena decir lo que se les ocurra sobre las aspersiones porque no tiene ningún costo político (podrían pensar ellos). Y esto puede ser así porque no se ha reflexionado lo suficiente sobre lo que puede y no puede hacer un Estado para reducir la disponibilidad de drogas. Tampoco se ha hablado de verdad histórica, memoria o garantías de no repetición sobre todos los crímenes y excesos que padecieron las poblaciones rurales a causa del propio Estado. La nuez del asunto es el papel del Sistema Integral del punto 5 del Acuerdo Final de Paz, en el esclarecimiento de lo ocurrido en el binomio conflicto y política de drogas. ¿Qué tiene que decir la Comisión de la Verdad, e incluso la JEP, sobre las violaciones por parte del Estado con ocasión de su estrategia antinarcóticos?
La desgracia infinita de la política de drogas es que tiene la facilidad de responsabilizar al campesinado por la falencia del Estado, justificar lo éticamente inadmisible y desenfocar la mirada de la sociedad de quienes realmente se han lucrado del negocio. El Estado es todopoderoso para fumigar a campesinos, pero es incapaz de perseguir las rentas ilegales de aquellos sectores de poder político y económico que se alimentan de la criminalidad. Se considera al glifosato y, en general, a las estrategias de erradicación como herramientas legítimas del Estado para enfrentar el “flagelo del narcotráfico”. Detrás de esa “verdad incuestionable” está escondido el prejuicio contra las comunidades que se han involucrado en la economía de la coca por múltiples razones, la mayoría de ellas relacionadas con los medios para adelantar la colonización.
Las fumigaciones son usadas con oportunismo porque no hemos entendido lo que significa fumigar a una persona o comunidad con un herbicida, y menos, hacerlo como parte de una estrategia de guerra. Ya fuera como una guerra antinarcóticos o contrainsurgente, al final el glifosato terminó dañando a las familias campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como a sus economías, territorios, organizaciones y modos de vida. Eso sin querer extenderse en los profundos daños sobre la naturaleza, la lluvia tóxica se extendió a ríos y selvas afectando especies que rondaban las zonas con cultivos de coca.
Es una locura seguir presionando por las fumigaciones porque el Gobierno desconoce los daños que en el pasado dejó la aspersión aérea sobre las poblaciones rurales y que el movimiento campesino ha denunciado desde mediados de los noventa. El caso de Yaneth Valderrama, que fue admitido hace un par de años por la CIDH, es solo uno entre miles de víctimas de una estrategia cruel e ineficaz que utilizó el Estado colombiano para reducir las hectáreas de coca en medio del conflicto armado. El propósito era golpear la economía de guerra de los grupos guerrilleros, se supone.
En más de 20 años que duraron las aspersiones no se atendieron los reclamos de la ciudadanía. El debate sobre los daños o de las pruebas alrededor de las afectaciones se ha fundamentado en la existencia a medias de mecanismos institucionales para recopilar, documentar y evaluar estas afectaciones. La verdad desde las poblaciones quedó silenciada. Allí es que está el valor de preguntarse por la memoria histórica de la política de drogas. Si el narcotráfico fue la gasolina del conflicto, la aspersión con glifosato fue la catalizadora de la violencia del Estado en los territorios cocaleros. Entonces, la memoria sobre los daños debería llevar a una discusión sobre las reparaciones y las garantías de no repetición.
En la actualidad hay una gran oportunidad para adelantar esta discusión. Si bien el mandato de la Comisión de la Verdad podría interpretarse únicamente como esclarecer la relación entre el conflicto armado, los cultivos de uso ilícito y el narcotráfico, allí también debe considerarse el papel que tuvo el Estado y sus políticas antinarcóticos en las violaciones de derechos humanos, e incluso graves infracciones al DIH. Queda la pregunta de si la política de drogas también va a ser un factor de persistencia del conflicto armado en el país, como se está viendo en Tumaco, Catatumbo, Putumayo y Caquetá.
Ya se han planteado ideas para reconocer y atender los derechos de las víctimas de las aspersiones en el marco de la Comisión de la Verdad. Por ejemplo, generar escenarios donde la fuerza pública y la Policía Nacional reconozcan a las fumigaciones como una estrategia que dañó a las poblaciones rurales asentadas en los centros de producción de hoja de coca. O la creación de mecanismos para esclarecer los daños, identificar víctimas concretas y medir la dimensión de las afectaciones, incluso, implementar las políticas de desarrollo rural que se derivan del Acuerdo Final de Paz, particularmente los PDET y el PNIS.
La paz territorial es una estrategia audaz para disminuir la producción de coca. Sin embargo, corremos el riesgo de que la política de drogas siga siendo la catalizadora de la violencia contra los habitantes de territorios cocaleros. O, lo que es lo mismo, ese instrumento con el que el Estado legitima su limpieza social en los territorios cocaleros. Porque eso es justo lo que debemos imaginar cuando se fumiga a una comunidad.
Todo parte de la idea de abandonar el enfoque de reducir a toda costa (incluso de vidas humanas) los cultivos de uso ilícito. Para evitar que ministros desafortunados sigan haciendo capital político a partir del glifosato hay que reprochar éticamente las fumigaciones. Y la mejor herramienta para hacerlo es a través de la memoria sobre la violencia del herbicida y la implementación del Acuerdo Final de Paz como garantía de no repetición.
* Investigador de Dejusticia – @lfcruzo
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