Como nunca antes, los colombianos estamos tan cerca de lograr un acuerdo político para terminar con un conflicto armado que ha desangrado al país durante 60 largos años. A pesar de lo anterior, las negociaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el grupo guerrillero de las FARC-EP atraviesan una compleja y alarmante situación para algunos sectores, razón por la cual se hace necesario que tanto la academia como los movimientos sociales y políticos protejan y desplieguen su capacidad de comunicación e intervención para salvaguardar las posibilidades de llegar a un postconflicto.
La historia de Colombia se ha transcurrido entre matices oscuros y desigualdades abismales, donde las confrontaciones bélicas se han constituido como una constante que ha estructurado y acostumbrado al país a la dialéctica de la guerra. De este modo, el Conflicto Armado colombiano es el resultado de la prolongación de una secuencia de guerras civiles y la ausencia de una cultura nacional que unifique, a través de la paz, a la nación; así, se han consolidado en la sociedad de este país, a modo de un imaginario colectivo, una serie de odios y animadversiones que al no tener un sistema democrático y participativo fuerte no han podido gestionarse y, por consiguiente, se ha acrecentado la necesidad de dirimir los conflictos sociales y políticos a través de la violencia.
La relevancia, entonces, de la construcción y reforma de muchas de las instituciones y procesos políticos del país consiste en permitir que tanto la izquierda como la derecha, ambas democráticas, puedan llevar a cabo procesos de construcción política colectiva. Además, Colombia no puede permitirse que a raíz de una indeseable ruptura de las negociaciones continúe siendo un Estado con una lucha a término indefinido contra los grupos insurgentes, a lo cual se le sumaría la vigente confrontación con los grupos narcotraficantes, quienes aliados a unas Bacrim, constituidas a partir de reductos de los antiguos paramilitares, han consolidado una crisis de seguridad ciudadana poniendo en jaque el dominio de la legalidad en las ciudades y las regiones. De modo que, terminar los diálogos implica, entre otros, condenar a la Colombia rural a más años de muertes y guerras, es permitir que la guerra sea la excusa para una relación Estado-Región basada en el abandono estatal.
Hay que evitar que las negociaciones se conviertan en una guerra de egos, donde cada una de las partes intente imponerse y presentarse ante la opinión pública como quien tiene una ventaja militar superior. Todas las muertes violentas son un cuestionamiento a la racionalidad humana. Por lo que la buena comunicación se constituye como un pilar para gobernar y legitimar el Estado, es imperante que se realicen talleres por la paz y a través de distintos espacios y medios se comuniquen las realidades de las negociaciones y los acuerdos que se han llevado a cabo. Ni el gobierno de Santos, ni los partidos políticos que han demostrado su apoyo a las políticas de paz, ni la academia o los distintos sectores de la sociedad dispuestos a la apertura democrática pueden permitir que los señores de la guerra que han cooptado en ocasiones el Estado para sus fines bélicos y mafiosos, continúen constituyendo tergiversaciones y mentiras que lo único que han logrado es promover el odio y la negación de la reconciliación de un país históricamente dividido.
Tres preguntas me subsisten luego de leer el post. 1. ¿Cómo concluye que realmente estamos cerca de un acuerdo de paz? 2. No menciona que la guerrilla no admite ni condena sus negocios ilicitos y los que estan en la selva no parecen seguir la cadena de mando de los que están en la Habana. ¿Esto derivará en nuevas BACRIM? 3. Ese acuerdo sin entregar las armas, ¿De que forma garantizará que la guerra si termina?
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