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Enrique Castañeda

La capital colombiana no solamente está sufriendo por estos días el número más alto de contagios a causa del covid-19, también una ola de inseguridad que se viene presentando desde los últimos meses del año pasado.

Para los capitalinos algo tan sencillo como tomar un bus de servicio público, ya sea SITP, TransMilenio o cualquier medio de transporte, salir a montar en bicicleta o simplemente caminar por las calles de la ciudad se ha convertido en una actividad que genera un gran temor.

Vemos con tristeza e impotencia diariamente en las noticias información sobre asaltos, homicidios de personas del común que se desplazan a su trabajo o que regresan a sus hogares después de una ardua jornada laboral y encuentran la muerte por oponerse a un robo que, en la mayoría de los casos, es por un teléfono celular.

Aunque en el caso de los celulares el porcentaje ha disminuido, igual sigue siendo una de las principales preocupaciones de las autoridades.

Las redes de comercio ilegal de celulares que operan en varios países de Sudamérica son un dolor de cabeza para todos los gobiernos, porque por una que se desmantela aparecen dos o tres con tentáculos más grandes y mucho más peligrosas.

Otro índice que ha aumentado es el hurto de bicicletas. Según cifras de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, en noviembre de 2020 se robaron 872, mientras que a lo largo del año se evidencia un aumento con más de mil robos al mes. Esto es algo contradictorio ya que la Alcaldía incentiva el uso de este medio alternativo de transporte, pero no brinda las garantías de seguridad necesarias para que los “bici usuarios” puedan movilizarse con tranquilidad por los más de  550 kilómetros de ciclo rutas existentes y los casi 80 temporales que se habilitaron, en la gran mayoría de las principales avenidas de la ciudad.

Al igual que con el tema de los celulares, el mercado negro de partes de bicicletas que mueve millones de pesos no ha podido ser desarticulado en su totalidad. Las campañas realizadas por las autoridades para marcar e incorporar un chip para el rastreo de los caballitos de acero han sido infructuosas, ya que hecha la ley, hecha la trampa. Los delincuentes siempre encuentran la manera de desactivar estos dispositivos, al igual que en su momento ocurría con el EMEI de los teléfonos celulares.

Los asaltos a establecimientos comerciales también han tenido un aumento significativo en estos últimos meses.  Al igual que en los casos de los celulares y las bicicletas, son bandas que en su mayoría están conformadas por extranjeros que son reclutados por delincuentes colombianos, que se aprovechan de la necesidad de los inmigrantes para obligarlos a delinquir y poder llevar un sustento a sus familias.

Estos hechos de inseguridad también ha llevado a que se esté generalizando un fenómeno en la sociedad, y es el de tomarse la justicia por mano propia. Ciudadanos que por no dejarse robar, en ocasiones, asesinan al presunto ladrón, generando dos tragedias simultáneas. Una la de la familia del delincuente por su fallecimiento, y la otra en la del ciudadano que se defendió por las consecuencias penales que esto conlleva.

Las autoridades realizan su mayor esfuerzo con los recursos que tienen a su disposición. Pero tanto el Gobierno Nacional como el Distrital tienen que buscar soluciones de fondo para estos flagelos que azotan no solo a la capital del país, sino a gran parte del territorio nacional.

Porque es cierto, somos el país del Sagrado Corazón, pero ni él podrá combatir esta ola de inseguridad que estamos viviendo. Ya bastante tiene con las oraciones por las personas que están luchando contra el virus del covid-19. Al igual que con el virus, solo nos queda cuidarnos y ayudarnos entre todos, y así sacar a la seguridad de nuestra ciudad de cuidados intensivos.

 Twitter @kikecastaneda

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