Ingresa o regístrate acá para seguir este blog.
Tras 5 años del “No” al Plebiscito por la paz, no se ha logrado la implementación de los acuerdos.
El gobierno Duque se ha caracterizado por un doble discurso: por un lado, el presidente sigue la línea ideológica de su partido con el objetivo de demeritar el acuerdo y buscar una paz sin impunidad. Por el otro, el gobierno hace un llamado a la comunidad internacional en búsqueda de apoyos políticos y fondos para promover los programas de erradicación de cultivos ilícitos y de incorporación de excombatientes.
A su vez, la implementación del Acuerdo de Paz se ha caracterizado por la carencia de reformas integrales y el no desarrollo de la reforma rural, primer punto del acuerdo; ni tampoco se ha dado una apertura democrática.
Hasta esta semana, el Gobierno reglamentó las curules para las víctimas; en este escenario, los Acuerdos de Paz no reconocieron al medio ambiente como un actor afectado del conflicto armado. De haber sido tomado bajo este enfoque de derechos, hubiera permitido la consideración de restauraciones ecológicas a cargo de los actores armados, pero solo se dieron pautas sobre el cuidado del medio ambiente en las regiones y en los planes de ordenamiento territorial.
Los grupos armados se han alimentado de actividades con profundos daños sobre el medio ambiente: la minería ilegal, la tala indiscriminada de árboles, la expansión de los cultivos ilícitos e incluso la ganadería extensiva. La falta de control del Gobierno sobre el territorio nacional incentiva nuevas autoridades que rigen las economías ilegales.
Lo que se hace evidente en materia de cuidado ambiental es que el principal problema es la deforestación indiscriminada. Para el año 2020, se perdieron 171.685 hectáreas de bosque a causa de la deforestación, lo que representa un aumento del 8 % en comparación con el año 2019. A pesar de registrarse un aumento, esta es la mejor cifra de lo últimos 5 años, posiblemente en razón a las cuarentenas y medidas de bioseguridad ocasionadas por la pandemia.
En municipios históricamente afectados por el conflicto armado, el IDEAM registró una serie de reducciones durante el último año, por ejemplo, en Cartagena del Chairá con un 15 % menos, Tibú con 6 % y El Retorno con un 4 %.
Los grupos armados se fortalecen a partir del aprovechamiento de los recursos naturales y las comunidades sufren las consecuencias de la contaminación y el daño a los cuerpos hídricos. La explotación ambiental se ha configurado en un factor de promoción de violencia en las regiones del país, por lo que no es un factor menor en la construcción por la paz que debe afrontar el país. El cambio climático afecta en niveles diferentes a las poblaciones marginadas: sin seguridad alimentaria no hay transición energética.
El Gobierno no ha sido exitoso en el uso sostenible de la biodiversidad en procesos de reincorporación que permitan oportunidades de ingreso. Por ejemplo, la construcción de proyectos de ecoturismo y de agricultura.
Para Colombia, la implementación del Acuerdo de Paz sí es un factor determinante para el medio ambiente. La reincorporación de los grupos armados implica el desmantelamiento de las empresas de economía ilegal que más contaminan.
El Gobierno Nacional ha radicado el proyecto Ley de Acción Climática, el cual pretende reducir en un 51 % las emisiones de gases de efecto invernadero y alcanzar la neutralidad de carbono en el 2050. El accionar de las entidades públicas, la sociedad civil y empresas privadas será en vano sino se derriban los ejes de control de las economías ilegales. El problema ambiental es un problema social.
