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El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso señaló que William Vélez, el empresario que tuvo por más de 20 años el poder del alumbrado público en Villavicencio, era presuntamente un financiador de los paramilitares en diferentes partes del país.
Durante las audiencias ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Salvatore Mancuso, excomandante de las Autodefensas, aseguró que el ganadero y empresario William Vélez era financiador de los paramilitares. Según Mancuso, Vélez enviaba mensualmente a uno de sus administradores a entregarle recursos personalmente a la familia Castaño y el mismo Castaño se reunía con Vélez para conocer las zonas en las que incursionarían y así poder planear sus inversiones.
Se trata del mismo William Vélez que fue dueño, por más de 20 años, de la concesión del alumbrado público en Villavicencio. Antes de que llegara el fin de la concesión, que terminaba el 5 de abril de 2019, el entonces alcalde Wilmar Barbosa se vio envuelto en una polémica porque, en su momento, veedores de la capital del Meta denunciaron que quería dejar amarrado dicho contrato mediante una prórroga que beneficiaba a Vélez.
La administración de Barbosa abrió una invitación pública, con aprobación del Concejo, con el fin de escoger un socio estratégico para la constitución de una empresa de servicios públicos mixta, que también prestaría el servicio de energía eléctrica, donde el municipio tendría un 51% y el privado un 49%. Felipe Harman, entonces concejal y hoy alcalde de Villavicencio, denunció presuntas irregularidades en el contrato propuesto por Barbosa y en la creación de la empresa mixta de servicios públicos que estuvo muy cerca de convertirse en una realidad.
Poco antes de adjudicarse el contrato, el Juez Segundo Administrativo del Circuito de Villavicencio suspendió el acuerdo municipal que facultaba al entonces alcalde Barbosa para crear la empresa y la licitación. La administración de Barbosa apeló la medida y el juez la negó, argumentando que “el tipo de sociedad que pretendía crear el municipio involucra participación de aportes estatales y de capital privado, es decir, es una asociación público-privada”, aunque el acuerdo aprobado por el Concejo precisara que era una empresa de servicios público mixta y no una APP.
De acuerdo con Efraín Mojica, quien era entonces veedor social, la licitación tuvo proponentes que eran empresas relacionadas con William Vélez, propietario de Eléctricas Medellín, dueña de Iluminación de Villavicencio.
Sumado a ello, ese año la Procuraduría envió al juez un concepto en el cual hacía duras críticas al acuerdo que intentaba realizar Barbosa, ya que cuestionó el literal que hacía referencia a que la empresa de economía mixta tendría un término de duración indefinida, es decir, un negocio sin límite de tiempo.
A raíz de esa decisión de la justicia, Villavicencio terminó creando Alborada, una empresa pública para operar el alumbrado, una decisión que Vélez atacó con acciones judiciales que no tuvieron efecto. En los últimos seis meses, Alborada ha instalado luminarias LED en 68 polideportivos, 94 parques y 35 vías principales, con la promesa de que la utilidad del alumbrado se seguirá invirtiendo en ampliar el proceso de modernización.
Entre tanto, durante la cuarta y última audiencia del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso ante la JEP, se refirió a la filtración de información del extinto DAS; además señaló que el exdirector del DAS, José Miguel Narváez les entregaba información de las personas que debían ser asesinadas por las autodefensas, entre ellas el hoy presidente Gustavo Petro y el canciller Álvaro Leyva. Ahora resta esperar el proceso de análisis y contrastación en el que se determinará si Mancuso es o no aceptado en la Jurisdicción Especial para la Paz.
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