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Por: Luis Carlos Leal Angarita
En días pasados, tuve la oportunidad de escuchar al Superintendente de Salud, Fabio Aristizabal, hablar acerca de su percepción del sistema de salud y de la labor de las EPS dentro del mismo, a raíz de una polémica tutela que permitiría la reapertura de una EPS, que él como superintendente liquidó por prestar un pésimo servicio a la ciudadanía.
De acuerdo con su relato, las personas que se encontraban afiliadas a dicha EPS vivían constantes atropellos por parte de la entidad, por demoras en la atención, la falta de oportunidad para acceder a servicios de salud y múltiples irregularidades en sus finanzas.
Continuó en su entrevista diciendo que muchas de las EPS del país actúan de manera irregular al malversar recursos de la salud, robando dineros por montos que alcanzan los billones de pesos, y que estas justifican sus gastos pagando proveedores y a terceros por servicios de salud con tarifas por encima de lo usual en el mercado.
Una afirmación, que debo resaltar, es bastante acertada, sin embargo nada nueva. En resumidas cuentas, le tomó casi 4 años, pero descubrió que el agua moja. Solo se equivocó en una de sus apreciaciones, pues los principales mecanismos que usan las EPS para apropiarse de los recursos de la salud no son los pagos a proveedores o a terceros.
Tal vez el superintendente no se ha dado cuenta que las EPS más grandes del país, que son las que él protege, no gastan sus dineros en pagar a otros y sacar tajada de sus contratos, porque ellos entendieron mejor el negocio de la salud y han logrado montar una gran empresa alrededor para sacar provecho económico de este derecho fundamental.
Para ello, las EPS usan diferentes mecanismos de los cuales quisiera exponer tres principales, pero antes de enunciarlos, es necesario aclarar que los dineros de la salud con los cuales funcionan las EPS, no son recursos privados, son recursos públicos, provenientes en su mayoría de los ciudadanos trabajadores en todo el territorio nacional y que de acuerdo con la revista portafolio, alcanzaron los 60 billones de pesos durante el año 2020.
Como primera medida, los recursos que se les gira a las EPS ingresan directamente a sus cuentas, recursos en billones de pesos que en esta misma cuantía producen intereses, que pueden ir aumentando en la medida en que estos recursos se mantengan en sus cuentas. Situación que obliga a las EPS a dilatar la prestación de servicios en salud con diferentes estrategias, tal vez la más usada, el uso de trámites burocráticos como la autorización para la prestación de servicios, cosa prohibida de acuerdo con la Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015 en su artículo 14, pero que se sigue haciendo.
Un segundo elemento a tener en cuenta es que estas poderosas empresas no contratan a otras entidades para prestar los servicios de salud, ellos han logrado construir sus propios centros y complejos hospitalarios, donde atienden en su mayoría a la población afiliada, y donde se pagan ellos mismos, con sus propias tarifas, la prestación de servicios en salud. Inclusive hay quienes diseñaron tan bien su estrategia de mercados, que montaron universidad, para formar sus propios trabajadores y cobrarles matrícula a quienes atienden en sus centros hospitalarios.
Finalmente, las EPS han implementado diferentes mecanismos para evitar pagar a las instituciones que no son de su propiedad, pero que prestan los servicios de salud a sus afiliados, uno de estos, quizá el mas frecuente, es la “glosa” (mecanismo legal mediante el cual buscan cualquier excusa dentro de la facturación que hacen los sitios de atención en salud por la atención a la población afiliada a determinada EPS para demorar pagos, buscar descuentos en la tarifa o simplemente no pagar nunca). Esta es la principal razón por la cual en los municipios de categoría 5 y 6 del país, los hospitales y centros de salud que atienden a cerca de 22 millones de colombianos, se prestan servicios en condiciones precarias, sin los implementos o el talento humano suficiente, por estar condenados a una crisis financiera eterna.
El superintendente se muestra en esa entrevista como el defensor de la salud, cerrando las pequeñas EPS, diciendo que ellas son las que roban la mayor parte de los recursos y que ellas son las que prestan el peor servicio, promete que va a dejar únicamente a las EPS que realmente funcionan. Lo que nunca dice Aristizabal es que esas que él llama “buenas”, son las más poderosas, las de mayor crecimiento económico, las que pasarían a tener el monopolio del negocio de la salud, y con ello un aumento notable en su ingreso mensual, sin tocar sus mecanismos de enriquecimiento y lavado de dineros públicos.
Señor Aristizabal, su discurso de héroe de la salud y defensor de los ciudadanos no es más que el mismo disfraz que han usado históricamente para justificar la presencia de las EPS en un negocio acomodado para unos pocos, sea por favor riguroso y honesto con los verdaderos intereses que protege actualmente. Como usted mismo lo dijo, hay políticos y empresarios en este país que se han dedicado a hacer de la salud su fortín, y esto lo único que ha traído a la población colombiana es miseria y muerte. El pueblo colombiano hoy no come entero.
Y esa misma es la encargada de decidir si un usuario tiene derecho a que le reembolsen un dinero que tuvo que pagar a privados por la no atención oportuna de una Eps. Y adivinen cuánto demora su dictamen en ese sentido: Años!!!! Tengo una solicitud sustentada de devolución por parte de una Eps.. desde 2019!!!
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Y a eso sumarle que quienes firmaron inicialmente un contrato con la EPS como trabajador de la salud, con el paso del tiempo le van cambiando el empleador, firmando otro si, y termina siendo empleado de empresas de papel constituidas con diez millones de pesos, donde el principal socio es la empresa de servicios generales, y que se presta para que le cambien sus cindiclqbirales de un momento a otro, y si no le gustó pues lo sacan de la peor manera. Lo digo con conocimiento de causa
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