Cuando se habla de políticos es frecuente que la conversación se vea constantemente manchada por diferentes escándalos relacionados con la toma de decisiones y algunos mecanismos desarrollados para lograr la gobernabilidad del mandatario local o nacional de turno.
Herramientas como la denominada mermelada y el clientelismo han sido estrategias que a pesar de su amplio repudio, y de ser prácticas ilegales en nuestro país, parecen continuar siendo un mecanismo muy usado y aceptado fácilmente tanto por el gobernante de turno como por el representante, senador, diputado o concejal, de acuerdo sea el caso.
Como no somos una dictadura, el presidente, gobernador o alcalde no puede tomar muchas decisiones sin acudir a estos grupos de personas, congreso, asambleas o concejos, para validar y enriquecer los proyectos que afecten directamente a la comunidad y su forma de vivir.
Reformas como la tributaria, la pensional y la de la salud, que no solo afectan la calidad de vida sino además el respeto a los derechos de los ciudadanos, deben ser discutidas y avaladas por el Congreso de la República en sus dos cámaras, para que sean Ley. De igual forma, los Planes de Ordenamiento Territorial de una ciudad o municipio, de acuerdo con la Ley, tienen unos periodos establecidos para que los Concejos se pronuncien frente el proyecto y sea discutido, enriquecido y finalmente aprobado o negado por las corporaciones.
Este ejercicio tiene como fin lograr que toda la comunidad tenga injerencia y participación en sus formas de vivir. Finalmente, y aunque no hemos logrado entenderlo del todo, los políticos son los trabajadores de los ciudadanos y deben cumplir el mandato de tomar decisiones que beneficien no solo a sus electores sino a la comunidad en general, que son quienes deberían representar.
Desgraciadamente, este fin se termina cumpliendo en muy pocos casos,. Muchos de quienes llegan a ejercer cargos de representación política, se ven rápidamente desdibujados, cuando sus discursos y principios empiezan a cambiar constantemente, cuando se alejan de las comunidades y empiezan a aceptar formas de negociar su voto con el establecimiento de turno, olvidando su deber y privilegiando los intereses de pequeños sectores históricamente privilegiados.
Hoy nos encontramos de nuevo frente a un proceso electoral, después de décadas difíciles de injusticia social, de violencia, de discriminación y brechas en derechos que han puesto en condiciones más precarias a quienes históricamente han sido más vulnerados.
La comunicación digital hace más fácil que los ciudadanos no olvidemos que nuestro compromiso con la democracia y con el país no es solamente el día de las elecciones, sino que además tenemos en nuestras manos la responsabilidad de premiar o castigar a quienes pusimos a trabajar para nuestros intereses como comunidad y quienes tenían como trabajo el votar para la comunidad y no para los intereses y la gobernabilidad de una persona.
Hemos vivido años de crisis sanitaria y estallido social desesperado por un cambio, y el llamado a inscribir la cédula y ejercer el voto ha tomado una relevancia que no se había sentido en nuestro país.
Ante la responsabilidad de ser parte del cambio de una sociedad, siempre surge la pregunta de cómo tomar la decisión, de a quién escoger en los próximos comicios. Y es una pregunta difícil, llena de desesperanza por las experiencias previas, pero es una pregunta que cada ciudadano debe responder en individual, sin presiones externas y evaluando siempre no solo perfiles sino cuáles serán sus deberes y cómo confiar en que podrá cumplir con la responsabilidad a su cargo.
En este sentido, la coherencia es tal vez el valor más importante a la hora de evaluar si la persona tiene la capacidad de asumir esta tarea con la responsabilidad e independencia que el cargo le acompaña. Es difícil valorarla objetivamente y quizá la trayectoria y los antecedentes en el ejercicio público y comunitario sean los mejores insumos disponibles para poder evaluar esta cualidad, sin embargo, no hay un algoritmo creado que permita objetivar la ponderación de cualidades.
Escoger una persona que no venda sus principios, que sea coherente y que defienda el interés comunitario es hoy más que nunca un deber ciudadano.
Ser un político independiente, y lo digo desde la experiencia, es placentero y da serenidad personal, pero representa un reto mayor para lograr poner en la agenda pública el interés de la comunidad. Desestabilizar el sistema donde el voto político es negociable es la consigna ciudadana que debemos poner como objetivo.
En el momento en que la balanza se logre desequilibrar y cada vez sean más los políticos que logren conservar su independencia, se desmonte el modelo de negocio entre los poderes y disfrutemos realmente de los beneficios que trae la democracia representativa para un país.
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