Encuestas: Primera vuelta, un déjà vu anunciado

Por: Tatiana Jaramillo Cubillos 

Como si fuera un déjà vu, la historia de hace cuatro años se está repitiendo. Las encuestas están moldeando la opinión sobre las candidaturas y sesgando con un valor predictivo quiénes podrían ser los ganadores tanto de la primera, como de la segunda vuelta. Vemos casi el mismo panorama, hasta con caras que se repiten como la de Petro o Fajardo y, aunque Fico no es la misma cara, simboliza la misma narrativa de Iván Duque en 2018 y una vez más, vemos la dinámica tendenciosa con la que los medios muestran los resultados de las encuestas, en las que esta vez ponen a Sergio Fajardo en cuarto lugar, debajo de Rodolfo.

‘‘Es muy fácil echarle la culpa a la herramienta cuando a uno no le gustan los resultados. Nuestro único objetivo es informar a la gente”, afirmó Martín Orozco, gerente de Invamer, en Blu Radio, ante las acusaciones del Senador Rodrigo Lara Restrepo frente a la subrepresentación de las regiones que hay en las encuestas al poner a Bogotá y Cundinamarca al mismo nivel de representatividad de ciudades pequeñas. Así como el conflicto de interés de las encuestadoras, pues en tanto Invamer como Guarumo sus fundadores están relacionados con Federico Gutiérrez.

La afirmación de Orozco respecto a que el único objetivo de las encuestadoras sea informar a la gente, es de no creer, pues con el tiempo se han convertido en una herramienta para influenciar la opinión pública bajo la famosa teoría del Framing (encuadre) planteada por Lakoff, en la que se pueden crear percepciones para manipular a la gente dependiendo de cómo se presenta la información en los medios masivos.

Es una forma de hacer publicidad porque además de que posicionan el nombre del candidato en la mente de la audiencia, le atribuyen o le restan fuerza en la percepción que van creando los electores.

Y como pinta el asunto, Rodrigo Lara podría tener razón en que haya errores estadísticos debido a la presión del Gobierno de Iván Duque, pues en el caso de Guarumo, Víctor Muñoz, uno de sus cofundadores, es director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. En el caso de Invamer, esta pertenece a Jorge Londoño de la Cuesta, quien fue gerente de Empresas Públicas de Medellín durante la administración de Federico Gutiérrez.

La abismal caída de Sergio Fajardo que refleja el último resultado Invamer nos tomó por sorpresa a muchos, pues pasó del tercer lugar al cuarto, aún cuando el exalcalde de Bucaramanga se había mantenido sin mayor movimiento en las últimas semanas, y cuando no reflejan el creciente número de apoyos de fuerzas políticas que ha tenido el exgobernador de Antioquia, así como de interacciones en sus redes, ni el constante trabajo que ha hecho junto a su equipo en calle. Pero no es de sorprender que el margen esté errado, ya ha pasado con otras elecciones.

En 2018, aunque los resultados que obtuvieron Duque y Petro no estuvieron lejos de lo pronosticado, se mostraba a Fajardo con una intención de voto de apenas un 13,3 % en la última encuesta de Invamer y en la de Guarumo se le presentaba con 16 %, cuando en realidad sacó un 23, 7%; dos puntos de lo que en ese momento sacó Petro. Eso, sin tener en cuenta el descache de todas las encuestas ante el resultado del plebiscito por la paz en 2016 o que en 2019 hubo grandes sorpresas con varios de los electos a los que no los favorecían las cifras proyectadas.

El actual Alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas ganó en 2019 con el 48% de los votos, un mes antes en la encuesta de Guarumo iba perdiendo con el 22%. William Dau en Cartagena ganó en 2019 con el 28% cuando un mes antes en la encuesta de Guarumo iba perdiendo con el 11%; y asimismo, Daniel Quintero ganó ese año con el 38% del escrutinio mientras en la encuesta de Guarumo de un mes antes iba perdiendo con el 18%. Sin omitir el alto margen con que Rodolfo Hernández ganó en 2015 con un 28,8% frente al 7% proyectado un mes antes en la encuesta de Cifras&Conceptos.

Puedo atreverme a decir que, incluso, aunque no hay mayor rigor en las encuestas que se hacen en redes sociales, porque por lo general el grupo de seguidores de un individuo es similar a este tanto en la edad, tendencias políticas, lugar de residencia, entre otras, he visto en la mayoría de estas que, aunque Petro puntea en casi todas, es muy difícil que Fico aparezca como segunda opción y lo cierto es que Fajardo y Rodolfo se dan el codo de forma muy pareja peleándose el segundo lugar.

Habrá que ver si algo de lo proyectado en los resultados virtuales se llega a reflejar esta vez en los reales, pues estos son solo estimados imprecisos que tienen abiertamente el propósito de generar tendencias, cosa que no deberían provocar las encuestadoras serias y que, sin embargo, están haciendo.

Se supone que las encuestas pueden ayudar a aumentar la información sobre las distintas opciones políticas y a medir la efectividad de las campañas, pero no se puede desconocer que podrían influir en la psique de votantes indecisos, pues ya hay teorías como el efecto bandwagon que explica la tendencia de la ciudadanía a votar al candidato que previsiblemente va ganando o la del underdog cuando la opción perdedora propicia sentimientos de “compasión” generando adhesiones.

Lo cierto es que se han quejado en redes tanto los candidatos como sus respectivos adeptos cuando las cifras no los favorecen, pero poco se ha hablado de las graves implicaciones del hundimiento de la Reforma al Código Electoral en la Corte Constitucional por vicios de trámite en el Congreso. Un proyecto en el que se trabajó desde 2020 y en el que uno de sus puntos era precisamente la regulación de la propaganda electoral, encuestas y sondeos.

Por ende, cosas como la obligación de registrar ante el CNE los contratos celebrados con empresas encuestadoras para la realización de encuestas y sondeos de opinión quedó en el aire. Urge, entonces, en aras de que no se manipule con estas la intención de voto, que salga a flote el proyecto de ley que radicó este martes 3 de mayo el senador Rodrigo Lara con el apoyo de 23 senadores y 29 representantes para establecer medidas claras que garanticen calidad, fiabilidad y transparencia en la contratación, financiación, elaboración y publicación de encuestas y sondeos políticos.