¿Y la paz para cuándo?

Por: Jhonny Alejandro Marín Castrillón

Dice el refrán que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. En lo corrido del gobierno de Gustavo Petro el camino que se denominó Paz Total es lo más parecido a un camino de buenas intenciones y de mucho voluntarismo. Pareciese que se estuviera intentando lograr la paz a través de un golpe de suerte.

Existen, a mi parecer, varias dificultades en el desarrollo de la política de gobierno denominada Paz Total, pero una de las más evidentes es la poca sincronía entre los anuncios gubernamentales y los desarrollos de la arquitectura político-jurídica.

Bajo la premisa anterior, podríamos nombrar algunos hechos que son consecuencia de la improvisación del gobierno nacional en el marco de la política de paz: el primero, el anuncio de la liberación, antes de noche buena, de los jóvenes detenidos en el marco del estallido social del 2021, y su nombramiento como gestores de paz. Al día de hoy, en su gran mayoría, estos jóvenes aún se encuentran detenidos, evidenciando que a la buena voluntad del gobierno no la acompaña la planeación jurídica.

Segundo; el anuncio del cese al fuego entre el Estado y las organizaciones armadas es un gran descalabro. Tanto se improvisó allí, que pese a existir una mesa de negociación con el ELN, esta insurgencia desmiente la existencia del acuerdo de un cese al fuego. Tercero; la ruptura del cese al fuego y de las conversaciones con el Clan del Golfo, y la posible continuidad del conflicto armado con este grupo sucesor del paramilitarismo.

Cuarto; la confrontación entre las organizaciones armadas por el control territorial, afectando a la población civil. Por ejemplo, el enfrentamiento en el departamento de Putumayo entre el grupo La frontera y el frente la Carolina y el enfrentamiento en el departamento de Arauca, entre el ELN y el autodenominado Estado Mayor Central de las FARC. Este tema, que parece no ser muy importante para el Estado, al ser un conflicto entre las mismas organizaciones armadas, es de suma importancia, porque cobra la vida de centenares de personas, aumenta el desplazamiento y el confinamiento de la población civil. Por esta razón, el Estado debe promover, acordar y dirigir el cese multilateral de hostilidades. Es fundamental para salvaguardar la vida y la tranquilidad en los territorios.

Quinto; el retraso injustificado del funcionamiento de las instituciones producto del acuerdo final de paz, que son la deuda del Estado Colombiano con las y los reincorporados, los territorios y las víctimas del conflicto social y armado, y que genera frustración. El Estado Colombiano es el principal responsable del incumplimiento de lo acordado con la extinta FARC-EP.

Estas situaciones y muchas más, de las cuales podríamos hacer una bitácora son producto del voluntarismo, de la política de las buenas intenciones y de una improvisación total. Tanto así, que solo dos meses después del anuncio del gobierno sobre los ceses al fuego, se le solicita formalmente a la ONU ser veedora de estos procesos. Algunos dirán que ya se había solicitado, pero es importante recordar que la red social Twitter no es una agencia de correspondencia y mucho menos un medio formal de comunicación del Estado.

Es crucial preguntarse ¿existen y si existen, cuáles son los protocolos y veedurías de los ceses al fuego? Y en general se puede uno preguntar, ¿cuál es la ruta jurídico-política de la paz total? La pregunta vale, ya qué lo que está contemplado en el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo y en la ley 2272/22, que prorroga la ley 418, y brinda herramientas sobre el orden público, dispositivos y disposiciones institucionales para la consecución de la paz, son parte de la normatividad necesaria y relevante, pero también es de recalcar que es insuficiente. Sobre todo, cuando parece que se deja al voluntarismo esta política, y ¿qué es el voluntarismo? Pues creer que basta con querer la paz y el cese a hostilidades para que esto ocurra, volviendo secundario los métodos, las garantías, los procesos, protocolos, contenidos, tiempos y momentos de la negociación.

Es importante dejar claro que no se puede juzgar el gobierno por no tener un país en paz en nueve meses, es imposible eliminar un conflicto tan complejo en poco tiempo, y menos comprendiendo que el origen del conflicto social y armado tiene sus raíces en problemas estructurales e históricos; lo que realmente no se admite, es que sabiendo y aceptando esta premisa, el gobierno se dé el lujo de improvisar en un tema tan central como lo es la consecución de la paz. Es necesario ser cauteloso y tener una visión de largo alcance, tener una ruta que sincronice los enunciados públicos con las decisiones jurídico-políticas para lograr la paz. Porque como van las cosas, solo nos queda por preguntar, y ¿la paz para cuando?

Tw: @JhonnyMarinC

Ig: @Jhonnyalejandromarinc