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Hablando de la muerte, un proyecto de ley muy sensible se radicó a principios de octubre de este año en el congreso colombiano, por medio del cual se crea un seguro obligatorio para la repatriación de cuerpos de connacionales que se encuentran en el exterior. El autor es el representante Juan David Vélez y lo acompaña como coautor el senador Álvaro Uribe Vélez junto con otros congresistas del Centro Democrático.
Cuestionémonos con objetividad los percances de un seguro obligatorio. ¿Qué sucede con las personas que tienen resuelta la situación (con otra póliza) o ¿Qué pasa con aquellos que no desean retornar el cuerpo? ¿Aún así están obligados a pagar la póliza? ¿Y los que eligen la cremación? ¿O los que por temas personales ni si quiera se lo plantean o prefieren donar sus órganos? El asunto deja dudas sobre la naturaleza de la cobertura y las excepciones que de facto descartan la opción obligante de dicha iniciativa.
No podemos estar de acuerdo con que el seguro sea obligatorio. La póliza de repatriación debe estar dirigida hacia la población vulnerable residente en el exterior o para quienes decidan acogerse al servicio de repatriación. El carácter de obligatorio desvirtúa dicho propósito y elimina la libertad de elección en una sociedad libre.
También inquieta que el representante de los colombianos en el exterior desconozca la naturaleza y tipología de la migración colombiana, asumiendo que todos los que emiten un pasaporte son migrantes (de ese documento saldrá el dinero para pagarle a las compañías aseguradoras). La deducción del representante Vélez solo pondera la perspectiva económica del proyecto de ley convirtiendo a cada ciudadano en sinónimo de pesos y a la migración colombiana en lo más parecido a un cajero automático.
La migración no puede ser vista de manera plana y homogénea. Por el contrario es multicausal, de naturaleza diversa y realidad cambiante. El representante Vélez debe corregir esa visión económica que tiene de la migración colombiana y pensar realmente en los derechos del conjunto de la comunidad colombiana en el exterior.
Pero lo que más preocupa es la incertidumbre ciudadana ante un nuevo lucro para el gobierno mediante convenios entre el Estado y las compañías aseguradoras. ¿Quién garantiza que ese apetecible trato no afecte el bolsillo de los colombianos en el exterior? ¿Cómo se controlarán todos esos recursos que saldrán con la emisión de cada pasaporte?
Vélez solo pondera la perspectiva económica del proyecto de ley convirtiendo a cada ciudadano en sinónimo de pesos y a la migración colombiana en lo más parecido a un cajero automático.
Recordemos que el negocio es con compañías aseguradoras, no con organismos caritativos. ¿Sabemos con certeza cómo se va a subvencionar dicha póliza? Antes de apelar al dolor por la muerte, me gustaría ver con claridad qué dice el Ministro de Hacienda y la Cancillería al respecto. Si no retroceden en un milímetro con la exoneración del impuesto de timbre, podemos seguir siendo tan ingenuos como para pensar que por solidaridad, ¿ese proyecto de ley triunfará sin aumentar el costo del pasaporte?.
Ahora bien, si hablamos de datos y estadísticas se deja ver el negocio. De 2013 a 2018 Cancillería reportó menos de 500 repatriaciones y entre 2014 y 2018 se expidieron casi 6 millones de pasaportes. Luego sale el represente Vélez en las noticias diciendo que el seguro se puede costear con 3 dólares por pasaporte aproximadamente.
La ecuación es miedosa: súmele mucho dinero recaudado con la emisión de cada pasaporte, menos el bajo número de repatriaciones, multiplicado por el sensacionalismo que genera la muerte y dividido por la corrupción del país.
¡Calculen no más!
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