Si no se regula se pudre – Segunda parte

Por: Diego Laserna @DgLaserna

El lunes publiqué la primera parte de
este artículo en la cual aseguraba que en esencia las mafias tienen una
relación muy similar con las personas  a la que tiene el Estado.  La
columna vertebral de esta aseveración es que en su minima expresión
 tanto el Estado como las mafias intercambian con las personas seguridad
y regulación efectiva por un tributo. Esta similitud lleva a que cuando
hay un mercado competitivo y rentable y el Estado decide no regularlo o
es incapaz de hacerlo, las mafias entran a ocupar su lugar. (Para una
mejor comprensión de la analogía sugiero leer la primera parte del
artículo aquí)

Aunque esta lógica también aplica para fenómenos nacionales e
internacionales, he querido ilustrarla con una serie de casos
particulares a Bogotá.  Es importante aclarar, sin embargo, que esta no
es una investigación académica y que aunque el ideal sería tener una
profunda investigación de campo que aporte datos precisos de cómo
funcionan estos fenómenos en Bogotá por ahora me debo remitir
exclusivamente a reportes de prensa, experiencias personales y
anécdotas. A pesar de esto, espero poder ilustrar la lógica mediante la
cual se regulan las actividades que el estado no controla.

El Caso de los Vendedores Ambulantes

La ocupación con fines comerciales del espacio público está
prohibida, salvo casos muy puntuales, por una amplia serie de normas
entre ellas el artículo 80 del Código de Policía de Bogotá. A pesar de
esta prohibición cualquier extranjero que llegue a Bogotá se preguntaría
cuál es el objetivo de esta norma ya que si hay una constante en esta
ciudad desde Usme hasta Usaquén es la ocupación masiva y a plena luz del
día del espacio público por vendedores de todo tipo de productos.

Independiente si esta prohibición es justa o no, lo que es evidente es
que el Estado ha fracasado en reglamentar y ejercer control sobre un
negocio muy rentable como
son las ventas en el espacio público.  Este fracaso ha creado un vacío
ideal para que mafias entren a regular el funcionamiento del negocio y
no sólo decidan quién puede vender en un sector sino cuánto deben pagar  como derecho para trabajar allí. Estas determinaciones se hacen respetar violentamente; a veces con amenzas y a veces con cuchillo .  El ejemplo más
reciente de este fenómeno ha salido a la luz en la reubicación de los
vendedores del 20 de Julio donde organizaciones de este tipo se han
opuesto a capa y espada a la reubicación de los vendedores con tal de no
perder su campo para regular y cobrar pero en la ciudad hay ejemplos a
granel de espacio público privatizado por mafias.

El Caso de la Mendicidad

El común de la gente cree que la mendicidad es una actividad
espontánea  a la que recurren toda clase de personas que ante la pobreza
absoluta no tienen otra oportunidad para sobrevivir. En muchas
ocasiones puede que eso sea verdad y que haya personas que de manera
«independiente» pidan limosna para sobrevivir pero en muchos, quizás la
gran mayoría , hay elaboradas organizaciones mafiosas que se nutren de
este negocio y que controlan hasta los detalles más elementales de su
operación.

La historia va algo así.  En nuestra sociedad está mal visto que la
mendicidad sea un negocio por lo tanto el gobierno nunca lo ha
interpretado como tal y dispuesto una regulación efectiva alrededor de
su operación. Si lo hiciera, de hecho, una cantidad de personas saldrían
a tacharlo de inhumano, mercantilista, autoritario, etc.   Sin embargo,
como cualquiera que lo estudie de cerca descubrirá, la mendicidad es un
negocio que mueve enormes sumas de dinero y al Estado no molestarse en
regularlo, lo ha dejado en manos de mafias que no tienen ningún problema
en regularlo.

Igual que con los ambulantes en el caso de los mendigos también hay organizaciones que definen quién se
puede parar a mendigar en una determinada esquina y cuanto le debe
pagar a los «dueños». Sólo para mencionar un caso interesante, está la
historia de los indígenas ecuatorianos que menciona la investigadora Mercedes Castillo. En este caso, el refinamiento del negocio llega
hasta el nivel de comprender que los bogotanos son más propensos a
darle limosna a un indígena que a un mendigo promedio y para explotar
esa «preferencia» importan las familias indígenas desde el Ecuador. La
mafia encargada de la operación de este negocio le exige a cada familia
producir 100.000 pesos diarios, de los cuales 70.000 son una especie de
tributo. El caso de los niños funciona de manera similar desde hace decadas.

El Caso de los Bicitaxis

Los bicitaxis son un servicio de transporte informal que ha aparecido
sobretodo como una especie de alimentador de las estaciones intermedias
de Transmilenio. A pesar de que el servicio ya lleva alrededor de 15
años en las calles de Bogotá y que se estiman entre 5000 y 8500
bicitaxis en la ciudad, el Ministerio de Transporte y la Secretaría de
Movilidad se han resistido a reglamentarlo. Esta falta de regulación  ha
llevado a que muchas veces  los que regulan el número de vehículos en
cualquier punto y cuánto deben pagar por operar ahí sean mafias que si
llegan nuevos bicitaxis o estos se oponen a cancelar las tarifas
definidas, sean expulsados a las malas. Siguiendo la jerga que utilizan
los taxis, estas tarifas que se deben cancelar por operar en cierto
punto son llamadas «cupos»; en algunos lugares se pagan en una sola
cuota y otras con pagos mensuales.

El pago de «cupos» se realiza a un particular a cambio del derecho a
operar el servicio en una vía pública y representan una cuantiosa fuente
de ingresos para las organizaciones que regulan el servicio. De hecho,
el pago por estos «cupos» está tan arraigado que se transa en Internet.

Caso del Parqueo en Vía

Otro caso protuberante del reemplazo del estado por mafias es el
cobro por el parqueo en vía. Al no estar regulado por el distrito y
producir enormes ingresos para las personas que «cuidan» los carros, el
parqueo en vía es otro gran ejemplo de cómo las mafias entran a regular
los espacios que el Estado deja vacíos. Estas organizaciones a veces
operan directamente el servicio o a veces le cobran a los que cuidan los
carros por el «uso» del espacio. En todo caso, en la practica se
privatiza el espacio público, se definen tarifas arbitrariamente y se
excluye violentamente a potenciales competidores efectivamente regulando
lo que el distrito nunca se molestó en regular.

El caso de los pasacalles aunque es un poco distinto tiene unas
particularidades bastante interesante. Según la reglamentación actual la
mayoría de los pendones y todos los pasacalle publicitarios son
ilegales, sin embargo el control que hace la Secretaría de Ambiente es
tan defectuoso que toda la ciudad está cubierta de ellos. Como el
espacio para estos es prácticamente ilimitado y no hay competencia entre
los proveedores, las mafias no han entrado a reglamentar su operación
sino a proveer directamente el servicio y le ofrecen a las grandes
constructoras «paquetes» mediante los cuales ellos suben el pasacalles
el fin de semana (cuando es particularmente útil) y lo bajan entre
semana, garantizan que si alguien lo baja sea reemplazado y asumen el
costo de una improbable multa por parte del distrito. Como elemento
clave de la operación se rumora que estas mafias de los pasacalles
tienen fuentes dentro de la propia Secretaría de Ambiente que les avisan
cuando va a haber operativos. Es decir que en este caso la mafia no se
encarga de regular la operación del negocio sino de cooptar al
regulador, una variante interesante si se estudia el comportamiento de
mafias   de mayor magnitud como las que controlan el narcotráfico o la
prostitución.

Podría continuar discutiendo ejemplos indefinidamente. De hecho hace
algunos días escuche que a los malabaristas del norte de Bogotá les
cobran una cuota por trabajar en esquinas especificas de la ciudad so
pena de agresiones físicas.  Sin embargo espero con estos ejemplos haber
ilustrado el punto que cuando el Estado no ejerce una regulación
efectiva  de una actividad económica rentable y competida, distintos
tipos de mafias entran a regularla .

En el próximo artículo (que prometo será más breve) discutiré en
detalle cómo entregarle la regulación de actividades económicas a mafias
deja desprotegidos a los ciudadanos, le quita ingresos al Estado y
potencia la fuerza de las organizaciones criminales. Espero también
ofrecer algunas alternativas para que el Distrito sea capaz de regular
estas actividad y en lugar de engendrar sus propios enemigos sea más 
prospero y eficiente en su objetivo de mejorarle la vida a la
ciudadanía.

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