Si no se Regula se Pudre – Tercera Parte

Por: Diego Laserna @DgLaserna

Los que han venido siguiendo
nuestra últimas entradas saben que he venido escribiendo sobre las
mafias que regulan las actividades informales en Bogotá. Para los que no
nos han venido siguiendo, les recomiendo que miren la primera y la segunda
entrada al respecto, en las cuales describo porqué las mafias se
parecen al Estado y situaciones en que las mafias reemplazan al Estado
en Bogotá.

En esta, la última entrada sobre el tema, quiero
exponer las consecuencias de que el Estado no regule efectivamente las
actividades económicas en cuatro ámbitos, seguridad ciudadana, garantía
de derechos, desarrollo económico y sostenibilidad fiscal, para luego
discutir cómo estas actividades se podrían regular por parte del
Distrito y los retos que eso supone. Así que empecemos.

Seguridad

El
hecho de que una organización que no es el Estado sea capaz de regular
un mercado implica necesariamente que esta tenga algún mecanismo de
coerción y en cristiano eso quiere decir que tiene que estar armada. Los
que son «dueños» de las esquinas  donde hay vendedores ambulantes
tienen que poder echar a los que no pagan su tributo y para eso se
necesitan armas.  Los que cuidan carros en una bahía tienen que
garantizar que no se les vaya a meter cualquier día la competencia y
para eso igualmente se necesitan armas. Ahora, las armas pueden ser
inicialmente palos o cuchillos, pero a medida que el negocio se va
sofisticando, las armas también.

Si
estas organizaciones ya tienen un aparato de gente armada, sea con el
arma que sea, pueden incursionar en una amplia gama de negocios donde no
se podría  entrar sin este. Me explico. Una mafiecita que controle 20 o
30 puestos de vendedores ambulantes necesitará un par de tipos con
cuchillos para cuando alguno de los vendedores no quiera pagar su
«tributo» vaya y los espante, pero el resto del tiempo estos señores
están desocupados. Esto les permite dedicarse a otros negocios
compatibles en su tiempo «libre», como ofrecer sus servicios de
intimidación a los que controlan el parqueo en vía o la mendicidad. 
Pero tal vez para ellos es más rentable dedicarse al hurto de celulares o
a la venta de drogas y así la mafiecilla inicial empieza a combinar de
una manera muy rentable la informalidad con la ilegalidad y a
experimentar además de un sostenido crecimiento económico, lo que los
economistas llaman una integración horizontal.

Ya una vez la
mafiecilla controla  las ventas ambulantes y las zonas de parqueo y los
mendigos y tiene una operación rentable en el robo de celulares  y en el
microtráfico, ya no es una mafiecilla sino un sólido emprendimiento
ilegal  que permite tener un grupo sustancial de personas armadas
ocupadas a través de la semana.

Sin tener ninguna prueba, me aventuraría asegurar que las grandes organizaciones criminales de Bogotá funcionan así.

 

Desarrollo Económico

Uno
de los principales argumentos de los que se oponen a que el Distrito
ponga en orden ciertas actividades informales es que las personas que
están dedicadas a esto no tienen otra forma de sobrevivir
económicamente.

En muchos casos esto no es cierto ya que por
ejemplo hay organizaciones clandestinas de ventas ambulantes que tienen
proveedores y puestos de ventas  y solo contratan personas a los que les
pagan migajas por encargarse de las ventas. Pero en otros casos hay
personas que tienen su puesto de ventas ambulantes o su bicitaxi de
forma independiente y solo pagan un «tributo» a la organización que
regula. Muchas veces estas personas han operado durante años, tienen
clientelas consolidadas y tienen cierto goodwill, que de estar en un
negocio regulado podría monetizarse, inclusive usarse como una garantía
para pedir un crédito y ampliar su negocio pero acá no. En un mercado no
regulado por el Estado, este potencial económico se mantiene represado y
los horizontes de las personas que viven de estas actividades no son
tan amplios como podrían ser. Agregado este fenómeno tiene unas
consecuencias nefastas sobre la ciudad sobre las cuales el economista
peruano Hernando de Soto ha escrito a profundidad.

Garantía de derechos

A
través de siglos de lucha y evolución el Estado colombiano ha ido
extendiéndole una serie de garantías y derechos a sus ciudadanos entre
los cuales están el debido proceso, el derecho a la salud y el derecho a
la vida. Aunque estos no siempre se respeten en las  actividades que
vigila el Estado, es un absurdo pensar que se respeten en medio de las
actividades que este no regula.

Así, un comerciante que no pague
sus impuestos posiblemente sea multado en una forma proporcional a su
infracción; en contraste, el vendedor ambulante que no quiere o no puede
pagarle el «tributo» al dueño de la cuadra no tiene que pagar una
multa, sino que esté arriesgando su vida.

Igualmente, la persona
que se monta al Transmilenio se supone que tiene la certeza de que el
vehículo en que se transporta tiene unas condiciones técnicas que
garantizan su seguridad y que una entidad del Estado ha verificado que
así sea. Por el contrario una persona que se monta en un bicitaxi lo
hace sin tener ni siquiera una expectativa razonable de que alguien haya
verificado la seguridad de ese vehículo y por lo tanto cada vez que lo
hace pone su vida en peligro.

Ni
hablar de las personas que comen en los puestos ambulantes. Si uno se
intoxica comiendo en un restaurante debidamente constituido se supone
que el Estado le garantiza una protección y contempla unas sanciones al
establecimiento, pero si esto sucede con un chicharrón vendido en un
anden de la calle 72, ni siquiera existe la remota esperanza de que haya
un control o una reparación.

En conclusión, el Estado colombiano
se supone que le da unas garantías a todos sus ciudadanos, las cuales se
esfuman una vez las personas entran a operar con negocios no
reglamentados. Esta situación pone a miles de personas en peligro todos
los días aunque estas ni siquiera estén conscientes de ello.

Sostenibilidad Fiscal

Los
recursos con que opera el Distrito son extraídos exclusivamente de los
sectores económicos reglamentados, sin embargo, deben ser suficientes
para ofrecer infraestructura, seguridad, salud y otros servicios a todos
los habitantes y todos los barrios de Bogotá.

Al no ser
suficientes los recursos que se obtienen de los negocios reglamentados
para suplir las necesidades de la ciudad, siempre hay una presión para
que los impuestos aumenten y de hecho lo hacen sin parar a costa de la
competitividad de la ciudad. En efecto, lo que sucede es que los
empresarios reglamentados acaban subsidiando la infraestructura y los
servicios de los no reglamentados y que la administración distrital es
una eterna coja presupuestal.

Si se regulan las actividades
«informales» no solo sería posible obtener impuestos de la operación de
estas, sino que estos impuestos podrían ir a financiar un control más
exigente sobre la operación de las mismas.

El comienzo de la solución

Para
empezar a organizar las actividades económicas «informales» que hoy
están bajo el control de las mafias, lo primero que hay que hacer es
dejar la cháchara populista y deshacer de un tajo el concepto de
«economía popular» bajo el cual se sugiere que estos fenómenos merecen
ser preservados al margen del control del Estado.

Una vez hemos
comprendido que una reglamentación alrededor de estos temas es
necesaria, es fundamental estudiar a profundidad cada uno de estos
fenómenos con el objetivo de que la regulación que se va a desarrollar
no vaya a impedir que en su versión legal estos negocios dejen de ser
rentables.

Obviando el paso anterior y aventurando algunas
hipótesis propias creo que acá hay algunos casos en que la solución es
fácil y en otros donde es mucho más compleja.

Por
ejemplo con los bicitaxis es muy fácil. Todo lo que hay que hacer es
definir, según criterios de oferta y demanda, en qué áreas podrían
operar y luego un mecanismo para definir quiénes son los que deben
operar en esos puntos. El servicio se podría integrar con el SITP luego
de definir las características técnicas del vehículo y listo. Así de
fácil tendríamos una mafia menos y varios empresarios más en Bogotá.

En
cuanto al parqueo en vía, también es relativamente fácil. Hay que
definir los sitios donde el parqueo en vía es más apetecido, demarcarlo y
contratar una gente que cobre una tarifa según el tiempo que estén ahí.
Esto lo podría operar directamente el Distrito o un concesionario. De
hecho, una licitación estaba en curso
pero se cayó el año pasado. Esta medida podría traerle enormes
ganancias al Distrito, desincentivar el uso del carro particular, dar
cientos de empleos formales nuevos y acabar con otra mafia más.

Inclusive,
la administración de la publicidad exterior visual también podría
concesionarse fácilmente y producir grandes utilidades para la ciudad.
Pero con los vendedores ambulantes el tema se pone más espinoso, sobre
todo debido a la gran cantidad que hay.

En mi opinión para
regularlos habría que definir primero qué se va a poder vender en la
calle y qué no. Entonces, por dar un ejemplo, decidimos que flores y
frutas sí, pero chicharrones y gafas, no.

Después se definiría el
máximo de vendedores que podrían estar en un sector con el mobiliario
urbano adecuado y cuánto pagarían de alquiler por ese mobiliario. La
ciudad proveería el mobiliario y le daría la prioridad para su ocupación
a los actuales vendedores del sector que vendan los productos
permitidos. Tocaría iniciar sector por sector y hacer un gran despliegue
de la Policía para garantizar que los vendedores no autorizados no
puedan ocupar el espacio público. Este por supuesto es un proceso
costoso no solo económica sino políticamente y para ser realmente
exitoso debe mantenerse a pesar del cambio de gobiernos. Todo esto hace
más difícil que se dé y que se siga apelando a conceptos politiqueros
como la preservación de la «economía popular».

Pero si reglamentar
las ventas ambulantes es difícil, ni hablar de la mendicidad, ya que
implica además de un reto de política y orden público, como en el caso
de los ambulantes, un cambio de mentalidad en la ciudadanía que no
considera ético que esto sea un negocio y que vería con muy malos ojos
que el Estado entre a reglamentarlo o a prohibirlo.

En todo caso,
la idea no es no pretender tener todas las respuestas y sugerir que se
puede acabar con la informalidad y las mafias que la controlan de la
noche a la mañana. El propósito es señalar que cuando el Estado no
regula los negocios, está abriendo unos espacios para que crezcan
organizaciones que tienen unos efectos nefastos sobre el bienestar de la
ciudadanía y que recuperar esos espacios traería beneficios en términos
de seguridad, calidad de vida, política fiscal y desarrollo económico.
Además, por lo menos en algunos de los casos descritos, recuperar los
espacios que se le han cedido a las mafias sería relativamente fácil.

A los que me acompañaron durante estas tres largas entradas, espero haberlos convencido al menos de eso.

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