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Entrevista. Prado Misas, chocoano, es consultor y ejecutivo en infraestructura y analista económico y social, tiene una visión poco convencional de los problemas y propone salidas.  

“Tenemos los recursos y las herramientas legales, pero necesitamos gente idónea en las diferentes instancias de la administración pública”, comentó Darío Prado respecto a la implementación de la Sentencia T-622, que “reconoce al río Atrato como sujeto de derechos, con miras a garantizar su conservación y protección”. (aquí resumen de MinAmbiente)

Dice que para avanzar es necesario implementar una estrategia enfocada en el desarrollo económico y social, dejar de lado la dependencia histórica de los niveles centrales del Estado y enfrentar a los victimarios locales que han perjudicado al departamento.

Aunque reconoce que la institucionalidad en el Chocó no ha demostrado las capacidades para implementar la Sentencia, dice que se debe trabajar para recomponer la situación y generar confianza.

“Deberíamos ver la Sentencia como una oportunidad para construir lo que realmente se necesita, recurriendo a opciones creativas dentro de la normatividad existente que nos saquen de nuestra zona de confort”, sostuvo.

Darío Prado Misas es un profesional chocoano, exasesor del ministerio de Transporte, y de la Dirección de Comunidades Negras del MinInterior entre 2002 al 2012; formulador y gestor del Plan Arquímedes para el Pacífico colombiano y consultor privado sobre temas de desarrollo de infraestructura física, económica y social. 

Esta entrevista está basada en la intervención que hizo el experto en el evento virtual de la Mesa Étnica del Chocó Biogeográfico, revisada por él.

Teniendo en cuenta la complejidad de actores y acciones, ¿qué visión es necesaria para la correcta implementación de la sentencia T-622?

En primer lugar, es necesario implementar una ecuación económica y social, en ese orden. Debemos situarnos en esta óptica, aunque haya sectores del país y en la región que se opongan por asuntos tradicionales.

Lo segundo es que deberíamos replantear el concepto victimista que nos ha dominado históricamente, por razones antropológicas y sociológicas.

Siempre hemos dependido de los niveles centrales, de alguien que viene a resolver nuestros problemas económicos, de salud o educación, básicamente.

En su lugar, debemos proponer acciones para reivindicar y dignificar nuestra propia capacidad de aportar soluciones a nuestras propias problemáticas.

Un tercer aspecto sería enfrentar a nuestros dirigentes victimarios y luego enfrentar a los victimarios externos. La costumbre inveterada de solidaridad de cuerpo les ha permitido a los victimarios locales ocultarse y desarrollarse en los últimos 30 años en el Chocó.

Se cree que los enemigos están afuera, pero más peligrosos, difíciles e impactantes en nuestra problemática son los de aquí.

(También le puede interesar: “La Sentencia del río Atrato es una agenda para el desarrollo del Chocó”: Helcías José Ayala)

¿Quiénes son los responsables de implementar la Sentencia T-622 de la Corte Constitucional?

En primer lugar y fundamentalmente, la sociedad chocoana en general. A pesar de las criticas y dificultades que se les pueden adjudicar, las comunidades étnicas organizadas han permitido que hoy en día el Chocó, con las problemáticas tan difíciles que ha tenido que enfrentar en los últimos tiempos, no atraviese una situación mucho más precaria que la que conocemos hoy.

Debemos fortalecer estas estructuras comunitarias, incluso privilegiándolas sobre la institucionalidad departamental y municipal, porque a fin de cuentas estas últimas son manejadas por personas que llegan y se van en periodos cortos de tiempo.

Se han gastado en los últimos 30 años muchos recursos económicos en el supuesto fortalecimiento institucional; y eso no sirvió para más que seguir justificando que había debilidades y que a través de estos recursos se iban a superar las problemáticas. Esto nunca sucedió.

Los responsables de esta implementación serían las comunidades étnicas, la institucionalidad correspondiente y la sociedad civil chocoana, a nivel regional y local; y el Estado central, que debe respaldar las respuestas que se gesten y se desarrollen en el departamento.

Aquí no podemos seguir esperando que nos lleguen soluciones de afuera o que se hagan guiños para poder avanzar.

Esperamos que el Estado se comprometa con los recursos económicos a través de los diferentes instrumentos identificados y definidos. Por ejemplo, para recuperar el río Quito se necesitan miles millones de pesos, y no sería lógico esperar que esas cifras aparezcan en su totalidad para poder avanzar, pero el Estado en un contexto de plan por lo menos debe comprometerse a generar los capitales de inicio y definir su sostenibilidad.

Debemos pensar y trabajar de forma sistémica, involucrando no solamente los elementos que vemos sino los que no vemos; no solo los que tenemos a la mano, también los que no.

(También le puede interesar: ‘En Chocó, río Quito tiene grave contaminación mercurial’: Darío Cújar Couttin)

¿Qué papel cumple la institucionalidad?

En principio, hay que reconocer que nuestra institucionalidad tal como está, no tiene las capacidades para implementar la Sentencia.

Hay limitaciones estructurales supremamente graves que se han demostrado a través del tiempo, y que se evidencian en el documento reciente proferido por la Contraloría.

La situación es grave, pero es lo que hay para trabajar; y tenemos que recomponer este vehículo desde adentro. También existe la idea de que las entidades gubernamentales van por un lado y la sociedad civil por otro.

Un ejemplo es Codechocó, la entidad que desde hace muchos años pudo haber avanzado en grandes procesos de desarrollo del departamento, pero a nadie le pareció importante atender lo que sucedía o lo que no sucedía.

Deberíamos, entonces, ver la Sentencia como una oportunidad para construir lo que realmente se necesita; recurriendo a opciones creativas dentro de la normatividad existente, que nos lleven a repensar ciertas acciones y modelos que, aunque no sean tan convencionales, nos saquen de nuestra zona de “confort”.

(También le puede interesar: Este miércoles 04nov, En vivo «Quibdó, Cómo Vamos»)

¿Existe la capacidad presupuestal y legal de atender todas las demandas que requiere la implementación?

Yo creo que sí contamos con los instrumentos de ley para avanzar en este tipo de procesos. Existen Conpes desde el año 2006 a 2008, a través de los cuales se definieron por primera vez lineamientos de políticas públicas por el Gobierno central traducidas en acciones afirmativas para la población afrocolombiana en la Cuenca del Atrato.

En cuanto a acciones estratégicas, podemos identificar el Conpes 3553 del año 2008 en el cual se trazan acciones estratégicas y de orden político para la recuperación económica y social del departamento del Chocó.

Ese documento plantea una serie de alternativas valiosas, entre ellas, el relacionamiento del sector privado con las diferentes instancias a nivel gubernamental. Ese Conpes tiene muchos elementos de soporte que permitirían a unos equipos de desarrollo económico mirar realmente dónde puede haber alternativas de futuro y sus articulaciones con otros actores externos.

También está el Plan Nacional de Desarrollo de Comunidades Negras (2010), que es el único que existe que fue formulado con amplia participación nacional presencial de la población afrocolombiana; en razón a que se formuló como condición de consulta previa para la aprobación en ese periodo del Plan Nacional de Desarrollo de Colombia.

Paradójicamente, ese Plan Nacional de Desarrollo de Comunidades Negras (PNDCN) es poco conocido en el departamento, y no solamente a nivel institucional sino en las mismas comunidades étnicas. Ese Plan tiene grandes virtudes en el sentido de que fue formulado por Planeación Nacional dentro de la misma concepción del PND del país.

Yo no he escuchado a entidades regionales ni a directivos de los sectores comunitarios ni siquiera plantear algún comentario sobre dicha propuesta que se cuantificó en 17 billones de pesos para un período de 4 años.

Ni siquiera se han reclamado los recursos que en su momento se anunciaron. Pareciera que a nosotros los chocoanos únicamente nos interesan los anuncios, pero demostramos poca o casi nula capacidad para gestionar los procesos. O sea poco de trabajo.

En cuanto a recursos presupuestales para la implementación de la Sentencia está la Ley 1530 del 2012, que reglamentó la distribución equitativa de la Ley de Regalías en Colombia. Antes de esta ley, únicamente recibían regalías los departamentos que las producían.

Recuerdo muy bien que la primera asignación que tuvo el departamento del Chocó fue de 420 mil millones de pesos. Esos dineros eran y son aparte de los recursos de asignación presupuestal regular por asuntos fiscales y se han venido incrementando período a período, hasta llegar hoy a permitir que se encuentran embolatados más de 200 mil millones de pesos según los últimos datos de la Contraloría General de la Nación, en el conflicto reciente generado en la Gobernación.

Entonces vemos que sí hay recursos; lo que pasa es que a la gestión y a la plata hay que darles un uso adecuado. Tal vez no es suficiente, pero en principio sí pueden darse las cosas para iniciar a trabajar los procesos.

Y a nivel jurídico tenemos la Sentencia T-622 del 2016 con todos sus componentes que permiten implementar un buen plan, con sus programas y proyectos correspondientes.

Entonces tenemos todo lo necesario, lo que pasa es que debemos entender lo que se tiene; pero sobre todo hay que trabajar y organizar mucho, hay que definir los roles y competencias, tener gente idónea en las diferentes instancias comunitarias, niveles de Administración Pública y el apoyo y acompañamiento de la sociedad civil.

¿Qué requiere el departamento del Chocó para que se pueda implementar adecuadamente la Sentencia?

Lo que faltaría es la disponibilidad y actitud del recurso humano en todo nivel para lograrlo; que por lo manifestado en los últimos años anda bastante embolatado. El hecho de que la Mesa Étnica se reúna demuestra que todavía existen cosas que se pueden salvar a través del recurso humano.

Como último, quisiera proponer algo de carácter operativo para trascender el tema del discurso y de los comentarios, para tratar de plantear algún tipo de opción práctica. Tenemos la Sentencia T-622 y podríamos decidir entonces quién o a través de qué figura se podría empezar a tratar de implementar algunas medidas que surjan de esa Sentencia.

Indudablemente, Codechocó es la entidad que ha tenido por ley y por competencia el manejo de la Cuenca del Atrato, y tendría que seguir siendo el ente aplicador de las acciones que en un momento dado se determinen, teniendo en cuenta algunas modificaciones legales en los últimos años.

Yo sugería, como algo que pueda iniciar a darle directrices al proceso de implementación de la Sentencia, que se establecieran dos comités: un Comité Directivo que podría hacer recomendaciones de carácter estratégico; y un Comité Técnico y Social, que haría las recomendaciones de carácter operativo y funcional.

Estos dos comités, por ser dos órganos externos, no burocráticos ni de nómina, no deberían tener ninguna dificultad para insertarse dentro de la estructura de Codechocó, a la cual debe articularse.

Es decir, no deben tener oficina ni nada en la entidad, simplemente serían conformadas estas instancias por personas idóneas que, como sucede en las juntas directivas de entidades de Gobierno o privadas, asisten y gestionarían las directrices de la Sentencia para su cumplimiento a través de las organizaciones e instancias institucionales correspondientes en el territorio.

Debemos hacer uso de las herramientas legales más expeditas que tenemos para actuar rápidamente, porque se escuchan voces que para abordar la misma temática consideran que se deben llevar a cabo procesos vía Congreso de la Republica, considerando por ejemplo leyes de emergencia, que deben pasar por ese largo y tortuoso camino de la politiquería. Con este proceder, solo estaríamos dilatando los procesos.

La propuesta sugerida es de carácter práctico y proactivo, y que esté acorde con lo que necesitamos hacer. Pensar que vamos a esperar recursos de una ley de emergencia sin tener fuerza en el Congreso, simplemente nos proyecta a procesos inciertos de discusiones, que no sabemos cuándo terminarían.

Yo no estoy desconociendo ni descalificando esas opciones, pero debemos darles prioridad a las que podemos implementar inmediatamente. De lo contrario seguiremos las discusiones mientras las grandes necesidades siguen latentes.

Como comentario final, que tiene que ver con la degradación de la cuenca, si uno ve las estadísticas del Dane, el mayor indicador exportador del Chocó es la minería. Pero uno se pregunta: ¿dónde está la plata que queda en el Chocó? ¿Dónde está la plata en la gente, en la estructura urbana de sus centros poblados, en la solución del desempleo?

Eso habría que revisarlo y tratar de resolverlo, para poder abordar sistemáticamente la problemática y poder obtener respuestas coherentes y consecuentes.

Editó: Juan David Morales Giraldo, de la plataforma de comunicaciones de Color de Colombia.

***Trazador misional de esta publicación de Fundación Color de Colombia: Línea estratégica 3: Mercados inclusivos y desarrollo sostenible. Iniciativa: Promoción de consensos estratégicos para el desarrollo sostenible. Proyecto: Chocó piensa en grande.

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