Paren la violencia, pide periódico de Tumaco

«El Estado está fracasando en su deber de proteger la vida, los bienes y las libertades». Edición 46 de TumacoPopolo presenta radiografía de violencia desbordada.

Los factores negativos del país confluyen en nuestro municipio para martirizarlo, dice el periódico, que reapareció con un rediseño total.

Desde 1998, los desplazados de Tumaco serían 42.000 y los muertos, 5000, estima -en números redondos- el personero de Tumaco, Alex Enrique Castillo Molano, basado en fuentes oficiales.

En 2007, por ejemplo, la cifra de desplazados forzados fue de 4.246, y en 2008, de 3.424. Existe, sin embargo, un subregistro de desplazamientos masivos por parte de Acción Social, que aduce dificultades administrativas y técnicas.

No se cuentan, además, los desplazamientos originados por operaciones de la Fuerza Pública y fumigaciones de cultivos ilícitos.

«Infortunadamente para este municipio, de cada 10 muertes violentas  que se registran, por lo menos  8 se les atribuyen a las Águilas Negras o a Los Rastrojos;  por lo tanto, es necesario que el Gobierno nacional  aclare si las víctimas de esos grupos denominados bacrim (bandas criminales) van a ser  o no objeto de reparación«, dice el personero. 

«La población que se ha intentado reparar por parte de Acción Social no alcanza a superar el 10% de las víctimas».

Para la Defensoría del Pueblo, la desbordada violencia en Tumaco tiene una explicación: «después de la desmovilización, en julio de 2005, del frente Libertadores del Sur,  que formaba parte del Bloque Central Bolívar de las autodefensas, surgieron nuevos grupos armados ilegales conformados por desmovilizados, excombatientes que no entregaron sus armas y personas foráneas y nativas que han sido reclutadas». 

Estos nuevos grupos «concentraron su accionar armado en el municipio de Tumaco».

«Su ofensiva para asumir el control de las zonas de bajamar, las partes medias de los ríos y los principales núcleos de población», ha sido una pesadilla. 

«La expansión bélica de Los Rastrojos hacia la zona costera, al servicio del narcotráfico; el recrudecimiento de los atentados de la guerrilla contra la población civil, como táctica de contención de los grupos rivales y los operativos de recuperación territorial de la Fueza Pública, configuran la dinámica de confrontación armada en los municipios costeros del pacífico sur nariñense», consigna un informe de la Defensoría.

A finales de 2007, las llamadas ‘Águilas Negras’ se «asentaron en los principales corredores viales y en las áreas perimetrales de Tumaco, con la finalidad de detentar el dominio en los barrios informales o de desarrollo incompleto, y en los asentamientos veredales sobre la vía al mar».

Los líderes sociales, los jóvenes y los mal llamados ‘indeseables’ han sido sus principales víctimas.

Por su parte,  «las FARC,  ante el avance de Los Rastrojos,  se replegaron hacia las partes altas de los ríos, fortalecieron las milicias urbanas y rurales, el reclutamiento de jóvenes, y la coerción psicológica y física contra la población civil, consistentes en intimidaciones contra hombres y mujeres, utilización de niños y niñas como informantes, ultrajes y violencia sexual, destierros y ejecuciones contra los pobladores señalados de informantes y colaboradores de los grupos contrainsurgentes, de la Fuerza Pública y  de los organismos de seguridad del Estado». 

Los operativos militares para la recuperación de los territorios en poder de los grupos ilegales, han implicado enfrentamientos armados con interposición de población civil, daños y destrucción de bienes civiles (viviendas y equipamientos comunitarios), desplazamientos forzados, confinamientos, la siembra de minas anti-persona y acciones de retaliación contra los habitantes por parte de los grupos armados irregulares.

Las estadísticas muestran que los esfuerzos  de las autoridades no han sido suficientes para  controlar las violaciones de derechos humanos.