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Se sabe que lo público es de todos los ciudadanos y que no es de nadie en particular, y, por lo tanto, está para el disfrute de todos. En ese sentido el andén es público, lo mismo que los parques y las plazas, y su privatización o su uso personalizado va en contra del interés general.

Sin embargo, del dicho al hecho hay mucho trecho. Lo que sucede en la mayoría de ciudades colombianas es que en las zonas de mayor actividad comercial los vendedores ambulantes usan parte del espacio público para llevar a cabo sus ventas de todo tipo de productos, sea ropa, juguetes, libros y comidas.

Muchos quisieran poder disfrutar de todo ese espacio público para transitar sin tener que esquivar los objetos que están para la venta sobre una manta en el suelo o en sus puestos rodantes, y que esos vendedores tuvieran un lugar adecuado para ejercer su actividad comercial, pero la realidad económica y social de Colombia, y en general de América Latina, ha convertido a los vendedores ambulantes en una necesidad, dada la alta informalidad laboral que hay en esta región del mundo. Se trata de una necesidad de los vendedores que buscan un trabajo que les garantice unos ingresos mensuales, aunque no sean fijos como los de un trabajo formal, y también es una necesidad de los compradores que buscan productos a bajos precios.

Hace unos días, siete uniformados de la Policía en Bogotá le impusieron un comparendo de más de ocho cientos mil pesos a una vendedora de empanadas y a un cliente que en ese momento le había comprado. El argumento de los uniformados es que quienes compran a los vendedores ambulantes están infringiendo el artículo 140 del Código de Policía, ya que «promueven o facilitan el uso u ocupación del espacio público en violación de las normas y jurisprudencia constitucional vigente».

Seamos realistas, las ventas callejeras hacen parte de nuestra realidad y de nuestra cultura latinoamericana. El joven al que multaron por comprar la empanada contaba que ya era tradición para él desde hace más de dos años comprarle a la vendedora, sea por cercanía del local con su lugar de trabajo, sea por el precio, o por la calidad del producto. Por su parte, la vendedora tiene su puesto desde hace más de 10 años en el barrio La Castellana, es decir, ya es una persona reconocida por los vecinos de este sector.

Esto no significa que las calles deban ser ocupadas indiscriminadamente por vendedores ambulantes, sino que debería existir un marco que sirva de acuerdo para que estos comerciantes puedan trabajar sin inconvenientes en determinadas áreas de las ciudades, y que garanticen que no se va a obstaculizar el paso de los peatones, que se va a mantener limpio el área donde tienen sus puestos de ventas y que van a cumplir las normas de salubridad para la venta de productos alimenticios.

Solo en Bogotá hay 25.560 vendedores ambulantes censados, según datos de agosto de 2018 del Instituto para la Economía Social (IPES), aunque otras fuentes estiman que la cifra es muy superior, y creer que con medidas policiales se va a dar solución a esta situación es una ingenuidad. ¿Acaso se está generando suficiente empleo formal para ese universo tan grande de vendedores?

Las ventas ambulantes suponen hablar también de la informalidad laboral en Colombia, es decir, personas que tienen un empleo que les permite generar ciertos ingresos, pero que no contribuye al bienestar ciudadano, ya que no cuenta con afiliación a la seguridad social ni ofrece estabilidad laboral.

La Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE, correspondiente al periodo septiembre – noviembre de 2018, concluyó que la proporción de ocupados informales en las 23 ciudades y áreas metropolitanas del país fue 48,1%. Las ciudades que presentaron mayor proporción de informalidad fueron: Cúcuta A.M. (70,1%), Santa Marta (66,3%) y Sincelejo (65,6%). Las ciudades con menor proporción de informalidad fueron: Manizales A.M. (38,8%), Medellín A.M. (41,5%) y Bogotá D.C. (42,0%).

Queda la sensación que a los vendedores ambulantes se les persigue por realizar su actividad comercial en el espacio público, pero para engrosar las estadísticas de empleo sí son bienvenidos.

Supongamos que con operativos policiales se saca a todos los vendedores ambulantes, ¿a qué actividad se dedicarían estas personas? ¿Acaso la situación se termina retirando sus ventas callejeras y despejando los andenes? Estamos hablando de personas con problemas individuales y con necesidades qué satisfacer.

Si las autoridades están realmente preocupadas por recuperar el espacio público, el foco no es la minucia y la pequeñez de quién compra una empanada o cualquier fritura, sino la desarticulación de las estructuras criminales que son las que realmente se han apropiado del espacio público y que se aprovechan de los vendedores ambulantes para cobrarles por la ocupación de ese espacio público.

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