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El paso del huracán Iota no solo dejó desastres materiales en la isla de Providencia, numerosas familias damnificadas y una infraestructura arrasada en un 98 %, de acuerdo con el reporte de las autoridades, sino que también evidenció las fallas en la prevención de desastres.
Por supuesto que la prioridad ahora es ayudar a los ciudadanos de la isla, sin embargo, es importante saber y entender qué pasó, pues estos fenómenos naturales no deberían tomar al país por sorpresa.
Si dos islas colombianas están en la mitad del Caribe y si en el Caribe pasan huracanes, entonces no puede un gobernante decir que un huracán categoría 5 es un hecho que nadie podía prever.
El presidente Duque dijo que “Iota venía siendo advertida por el Ideam como una tormenta tropical, pero entre la noche del domingo 15 de noviembre y la madrugada del lunes se transformó en un huracán categoría 5”. Y añadió: “Es un hecho sin precedentes que un huracán categoría 5 golpee nuestro territorio”.
Contrario a la declaración del Presidente, el National Hurricane Center había advertido desde el viernes 13 de noviembre que “se esperaba que Iota fuera un gran huracán cuando llegara a Centroamérica”. Y anticipó que la trayectoria era hacia Nicaragua y Honduras, y que pasaría muy cerca de las islas colombianas de San Andrés y Providencia.
“Un huracán de esta magnitud no lo puede prever nadie”, se excusó el mandatario. No obstante, en Colombia, donde se han vivido grandes desastres naturales [erupciones volcánicas, terremotos, avalanchas —como la de Mocoa—, grandes inundaciones —como las de Chocó—], la gestión integral del riesgo de desastres tiene que considerar los peores escenarios, incluso un huracán categoría 5.
Fue tal la falta de previsión que el domingo, un día antes de la anunciada llegada del huracán, se permitió el aterrizaje de varios vuelos con turistas a San Andrés; apenas el lunes en la mañana la Aeronáutica Civil anunció el cierre del aeropuerto del archipiélago.
El presidente Duque destacó que en Providencia “hay una destrucción de infraestructura del 98 %, muy similar a la que se vio en el año 2005 con el huracán Beta, la diferencia es que este era categoría 1”. Es decir, pasaron 15 años y la isla y sus habitantes siguieron indefensos ante cualquier huracán, fuera de la categoría que fuera.
Las acciones de prevención se hacen antes del evento anunciado. Por supuesto que el paso de un huracán categoría 5 iba a generar destrucción, pero que toda la infraestructura de la isla haya sido arrasada significa que nunca estuvo mínimamente preparada. Ha sido una isla en el olvido.
A Providencia no solo la arrasó el huracán, también la indiferencia de los últimos gobiernos que han hecho poco por atender las necesidades de la población. Por ejemplo, la Encuesta de Hábitat y Usos Socioeconómicos del Dane, presentada en febrero de este año, evidencia que apenas el 4,2 % de las viviendas de la isla de Providencia cuenta con servicio de acueducto los siete días de la semana.
Igualmente, los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, presentados por el Dane, muestran que la cobertura de acueducto en todo el archipiélago de San Andrés y Providencia es de 36,7 %, mientras que el promedio nacional es de 86,4 %. Y la cobertura del servicio de alcantarillado en el archipiélago llega apenas al 16,6 %, muy lejos del promedio nacional, que es de 76,6 %.
Esas deficiencias en la prestación de los servicios públicos para los habitantes de las islas no tienen nada que ver con el paso de un huracán, es la precariedad habitual en la que han tenido que vivir los isleños por años.
El huracán ha logrado que la atención esté por unos días en estas islas. Ojalá que el plan de reconstrucción de la infraestructura y de las viviendas sea la oportunidad para que el Estado se ponga al día con la deuda social que tiene con estas comunidades. ¡Amanecerá y veremos!
disculpeme, pero porque el gobierno central ? y que pasa con los gobiernos departamentales de 30 años ? el fiscal y el contralor van a San Andrés de cuasi vacaciones en plena cuarentena y no hacen nada… gobiernos departamentales y municipales enfocados en todo menos en el desarrollo y seguridad de sus regiones. Si exigimos descentralización para asignar recursos y decisiones, no deberíamos exigir responsabilidad del gobierno central, sino de las gobernaciones y alcaldias
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