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En medio del panorama político y económico global, donde las arcas del Estado se han visto afectadas y los conflictos sociales se hacen más recurrentes, cabe preguntarse de qué manera han incidido en la composición democrática de nuestra nación; y procurar entender en qué medida son factores que afectan la percepción de ilegitimidad institucional.
El Ministerio de Hacienda, en medio del adverso contexto, ha reiterado la necesidad de recortar los gastos y ha establecido un plan de austeridad en contratación, viáticos, eventos, papelería y telefonía. Aunque es el camino correcto, resulta insuficiente y algunos hechos parecieran contradecir dicha directriz.
¿Bajo esa perspectiva, puede considerarse la capacidad institucional del Estado para garantizar los principios democráticos de nuestro país? Las cifras revelan que el tema no corresponde simplemente a un factor presupuestal, sino a la orientación gubernamental de esos presupuestos.
Un ejemplo es la desfocalización de las problemáticas que aquejan a La Guajira, en donde la institucionalidad asume, sin concertación de las comunidades, decisiones que no responden a lo requerido. El Plan de Alimentación Escolar (PAE), visibilizó la dramática situación que viven miles de niños en la zona; en la que se despriorizó su atención por atender a intereses políticos, marcados especialmente por la corrupción.
Esa desfocalización, dada por el interés personal, es lo que ha terminado con la vida de cientos de niños por causas asociadas a la desnutrición. A eso se suma el excesivo contrabando por falta de presencia militar y aduanera. El nulo acceso a servicios públicos básicos, también de salud y educativos.
Situaciones como las de La Guajira se repiten en territorios del Chocó, Norte de Santander, Arauca, Nariño y otras regiones gegroáficas.
El ejercicio democrático, en el contexto colombiano, necesita y exige pasar por garantías de transparencia y acceso institucional menos burocratizado. Es común ver el desconocimiento funcional de muchas instituciones, porque su accionar resulta siendo invisible al ciudadano del común. Por el contrario, las plazas laborales dentro de la función pública se han incrementado cada año (cerca del 7%), en especial los de justicia, sin resultados próximos que develen indicadores de eficiencia, transparencia y fácil acceso.
Cada vez es más recurrente encontrar ‘asesores’ en despachos de Ministros, secretarías generales, Departamentos Administrativos, entidades centralizadas y descentralizadas, con funciones próximas a ‘enrutar’ la institucionalidad a una verdadera democracia garantista de derechos. Sin embargo, esas designaciones corresponden a una práctica de antaño de la política colombiana, consignada como un favor político.
La falta de rigurosidad técnica en la institucionalidad, la poca interlocución gubernamental con los ciudadanos está generando nuevos campos de resistencia, que a su vez se convierten en movilizadores sociales para expresar su derecho a ser escuchados. Eso, en la práctica, es una contravención a la “democracia convertida en el paraguas bajo el cual legitiman su dominación” ( ), por eso, la resignificicación conceptual de la democracia parece ya no tener como único dueño a los poderes económicos y políticos de siempre.
