Las calles de Madrid se han llenado de manifestantes que protestan por la crisis económica y política que sufre España. Son miles de personas que serán, como en otras ocasiones anteriores, menospreciadas por el Gobierno, el Congreso y las grandes fuerzas políticas que han conducido al país a esta situación de desempleo desenfrenado, deuda y pobreza. Y lo único que puede hacer la gente de la calle es protestar, porque en España no existe ningún mecanismo de participación democrática que no sea el voto.
La marcha de hoy, convocada usando internet y redes sociales, pretendía rodear el Congreso de los Diputados como forma de protestar por la indolencia de los legisladores ante la crisis que vive el país. Mientras el gobierno recorta los gastos en la salud, la educación y los servicios sociales, supuestamente como medidas de ahorro para poder pagar la enorme deuda causada por la crisis financiera, los propios políticos ganan varios sueldos, los Congresistas renuevan cada año su iPhone y su iPad a costa de los contribuyentes, el Rey y su familia conservan sus lujos, el Ejército compra nuevos helicópteros y los culpables de robar al estado salen de la cárcel indultados.
Lo realmente grave de toda esta situación es que no existe ningún mecanismo contemplado en la democracia española para sacar del poder a tanto corrupto. Los malos gobernantes se pueden que quedar tan tranquilos, haciendo exactamente lo contrario de lo que prometieron en su programa electoral (como está haciendo ahora el PP) con la excusa de que están respaldados por los votos. De hecho, no hay mecanismos de participación ciudadana que realmente sirvan para modificar una situación política que se está volviendo insostenible.
Por ejemplo, los ciudadanos tienen derecho a presentar proyectos de leyes por medio de iniciativas populares, pero con muchas restricciones. Por ejemplo, no se puede modificar la ley electoral, ni los Presupuestos, ni nada que tenga que ver con la Casa real. Tan limitada está esta figura en España, que en treinta años sólo ha pasado una Iniciativa Legislativa Popular se ha convertido en ley.
La iniciativa popular tampoco sirve para convocar un referéndum. Y aunque la Constitución obliga al Gobierno a realizar esta consulta popular para «decisiones políticas de especial trascendencia», lo cierto es que el año pasado se modificó la propia Constitución en un tema fundamental por presión de Alemania, para que sea el pago de la deuda externa y los intereses estén por encima de cualquier otro gasto. En otras palabras. Hay que pagar la deuda aunque eso signifique la quiebra.
Otros mecanismos de control popular como el plebiscito o la revocatoria del mandato ni siquiera se conocen en España, un país que por la rigidez de sus leyes y la continuidad de sus clases y castas dominantes, ha sufrido revoluciones y guerras en los últimos siglos. Ahora mismo se está gestando una, ante la imposibilidad de canalizar el descontento ciudadano dentro de los esquemas democráticos.
La frase que se corea en manifestaciones como la que ahora recorre las noticias de todo el mundo, dice: «lo llaman democracia y no lo es». El sistema que se creó en la Transición de la dictadura pudo servir en su momento para apaciguar las alarmas de los oligarcas y militares del momento ante la amenaza que veían con la llegada de la democracia, pero ahora se le queda pequeña a las necesidades de un país en crisis.
La democracia verdadera no se limita al voto. Y en España, país de religión, conservadores, reyes, fascistas y donde todavía se recuerda con añoranza al dictador, es más cómodo pensar que basta con echar la papeleta cada cuatro años.
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