Hoy caen relámpagos y truenos sobre el Presidente de Gobierno en España, Mariano Rajoy. Tanto él como los principales dirigentes del Partido Popular (PP), que gobierna con mayoría absoluta en el Congreso y el Senado, recibieron dinero «por debajo de la mesa» durante muchos años, según publica el diario El País. Un dinero que no se sabe de dónde salió, que no aparece en la contabilidad y que jamás se declaró a Hacienda. Este hecho convertiría al partido más importante de España en una agrupación delictiva. Una mafia.
Esa tormenta que hoy cae sobre la legitimidad del partido más votado del país empezó en 2007 como algo casi insignificante y anecdótico. Un concejal de un pueblo cercano a Madrid denunció en la Fiscalía Anticorrupción a Francisco Correa, quien dirigía varias empresas que trabajaban realizando eventos para el Partido Popular. Presentó como prueba una gran cantidad de grabaciones en las que se demostraba que Correa realizaba contrataciones ofreciendo sobornos en dinero y regalos a los políticos del partido.
Francisco Correa resultó ser un amigo personal del ex presidente José María Aznar y de varios de los principales miembros del PP, y se movía como pez en el agua en la sede principal del partido. Poseía varias mansiones y vehículos de lujo, y se hacía llamar «Don Vito», como el famoso personaje de las películas.
Cuando se descubrió que los sobornos de Francisco Correa y sus empresas no se limitaban al pequeño pueblo del concejal, sino que se extendían por todas las regiones donde gobernaba el PP, el juez Baltasar Garzón ordenó abrir una investigación que se llamó el «caso Gürtel». Pronto empezaron a salir a la luz nuevas pruebas que vinculaban a distintos miembros del partido en Madrid y Valencia. En 2009 el diario El País hizo pública la noticia, y se destapó el escándalo.
El PP contraatacó denunciando al juez Garzón por algunas irregularidades en la investigación del caso Gürtel y presionando a los jueces afines al partido en el Tribunal Supremo para que lo condenaran. Finalmente, Garzón fue expulsado de la carrera judicial en una decisión muy polémica por su exagerada dureza. Sin embargo, el caso continuó porque ya se había extendido a otras regiones.
El gobernante regional de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps (PP), fue llamado a juicio por haber recibido sobornos de la trama Gürtel, aunque posteriormente fue absuelto por un jurado popular. Posteriormente el diario Público reveló que la campaña del PP en Madrid también había recibido financiamiento ilegal por parte de la trama Gürtel, pero el delito ya había prescrito.
En poco tiempo la investigación llegó hasta el propio Tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Las pruebas que lo incriminaban eran tan claras, que fue imputado en el juicio por los sobornos. Presionado por la dirección, renunció a su cargo y se retiró del partido en 2010. Aún así, siguió teniendo una oficina particular en la sede del PP, una secretaria, un chofer y un guardaespaldas. Así como había defendido a todos los miembros del partido imputados en la investigación, el presidente Rajoy aseguró que «nadie puede probar que no es inocente».
Pese a todo, cualquier defensa se vino a pique cuando se supo que Bárcenas tenía millones de euros guardados en cuentas en Suiza, y que manejaba dinero en negro que repartía en sobres a los principales políticos del PP como si fueran una especie de «sobresueldo». Las revelaciones publicadas en los dos principales diarios españoles, El Mundo y El País, han desatado una oleada de indignación al conocerse que todos los dirigentes del Partido Popular se han beneficiado de pagos secretos, gracias a una contabilidad paralela que manejaba el Tesorero desde 1997.
Las últimas revelaciones indican que incluso el Presidente de Gobierno, Mariano Rajoy habría recibido estos pagos ilegales. Actualmente se investiga la procedencia de ese dinero, que podría ser parte de sobornos provenientes de empresas beneficiadas por el Partido Popular.
Todo esto sucede en medio de una grave crisis económica, y tras un año de subidas de impuestos y duros recortes por parte del gobierno de Rajoy en áreas sensibles como la sanidad, la educación y las pensiones. Se le ha criticado mucho por sus políticas centradas en la banca y los
grandes empresarios antes que en los ciudadanos que sufren por la
crisis. Rajoy ha flexibilizado el despido, incrementando el número de desempleados que ya roza los seis millones de personas, una cuarta parte de la población activa.
Al mismo tiempo, ha iniciado procesos de privatización que benefician a empresas ligadas a los propios miembros del partido.
Aún no se sabe qué puede pasar con todo este escándalo, porque muchos de los delitos podrían haber prescrito. Además, gran parte de la cúpula judicial es afín o está controlada por el PP. A esto se le añade la falta de alternativas políticas viables, tras la decepcionante gestión de la crisis por parte de Partido Socialista (PSOE) en la pasada legislatura, la falta de claridad de alternativas como el 15M, y la falta de opciones de participación popular que brinda la legislación española.
Por ahora sólo hay mucho desconcierto, rabia e indignación por parte de los ciudadanos. Se avecina un futuro de más revelaciones en las investigaciones judiciales y periodísticas, porque parece que todo este escándalo de corrupción puede llegar aún más hondo.
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