La verdad es que es difícil entender y asumir que debemos empezar a pagar más impuestos, teniendo en cuenta que en el 2012 se aprobó supuestamente una reforma tributaria estructural. Aunque, por supuesto, este ejercicio se entiende como una forma de contribuir al crecimiento económico y social del país, tenemos razones para ser escépticos ante una “nueva” reforma tributaria presentada como comodín político en medio de una alarmante corrupción, evasión, inequidad y exagerado gasto público.
Sin afán de entrar en un análisis riguroso de los 311 artículos del proyecto, con sus implicaciones y detalles de su posible impacto económico, pienso que es muy claro para muchos ciudadanos que las buenas intenciones de la reforma no serán suficientes para frenar problemas como la evasión y el gasto público o detener el desangre que representa la corrupción.
Aunque se contempla, por ejemplo, tipificar la evasión de impuestos como delito penal, no son claros los mecanismos que aseguren y promuevan la transparencia. Pese a que los colombianos debemos formalizar nuestros hábitos tributarios, no deja de incomodar que las razones por las que se da esta necesidad, podrían ser cubiertas en otros frentes, que atenten menos contra nuestro bolsillo y que sean más directas a solucionar problemas de fondo.
De otro lado y para defender su agenda política, es claro que el Gobierno nacional retrasó la presentación de esta iniciativa para preservar la favorabilidad de la opinión pública con el fin de lograr la aprobación del plebiscito, pero ante el fracaso del proceso, está se encuentra en una situación sumamente complicada que sin duda afectará sus índices de favorabilidad. El reto a largo plazo será demostrar cómo estos nuevos ajustes si son realmente estructurales y se reflejarán en beneficios para la sociedad.
Ahora, es necesario entender y asegurar que la reforma no obedece a caprichos e intereses individuales, sino a una necesidad de mantener el ritmo de crecimiento económico del país ante situaciones de coyuntura internacional como la caída de los precios del petróleo, la elección sorprendente del nuevo presidente de los Estados Unidos y otras que se presentan todos los días. Pero ante este escenario, lo que preocupa es la imposibilidad de anticiparse y preveer estos cambios macroeconómicos, que nos obligan a hacer ajustes constantes, que a menudo se interpretan como remiendos.
Las inquietudes que manifiesto no se centran exclusivamente en el pago o no de los impuestos. La molestia se ubica en la falta de una propuesta integral y sólida que no deje el bolsillo de los colombianos a merced de un escenario macro económico impredecible. Lo grave es que la propuesta que hoy recibimos se interpreta como el síntoma de una planeación insuficiente y depende también de intereses políticos no siempre transparentes.
Es en ese círculo vicioso de reformas, ajustes y adendos, en el que el bolsillo de los colombianos y nuestra confianza se ven afectados y donde no se percibe un sacrificio por parte del gobierno y los partidos, cuesta trabajo ser optimistas. Puntos como el incremento de la base gravable de renta o el incremento del IVA al 19%, amenazan directamente el consumo, frenarán el crecimiento de la clase media y además ponen en duda la salud financiera del país a futuro.
La reforma deja un sabor amargo porque nos enfrenta a una incertidumbre financiera y genera desconfianza hacia el Gobierno. Se hecha de menos una propuesta sólida, diseñada para enfrentar las crisis, que contemple la participación de entes privados y que, sobre todo, funcione a favor de los intereses de todos los colombianos.
Fernando Dávila Ladrón de Guevara
Rector Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano
La inequidad empieza con los descomunales sueldos y pensiones que se ganan los Senadores, Representante, Ministros, Expresidentes etc frente al salario mínimo de la mayoría de Colombianos con una relación de de 40 a 1.
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