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La semana pasada inicié el relato de la otra historia del Plan Colombia desde las razones que motivaron su diseño e implementación. En ese contexto, quedó claro que más allá de la intención de cooperar con el mejoramiento de las condiciones generales de Colombia, el principal motivo que tuvo Estados Unidos para proveer este importante paquete de recursos fue geoestratégico. Particularmente, el fortalecimiento de la presencia del estado colombiano en las regiones más apartadas y violentas del país tenía como objetivo asegurar los intereses económicos del país norteamericano y las compañías norteamericanas que vendrían a operar de forma masiva.

Con esta columna quisiera concluir esta serie, hablando de las consecuencias que el Plan Colombia le significó a nuestro país, más allá del evidente fortalecimiento de sus fuerzas militares y de policía, y por supuesto, el relativo debilitamiento de las organizaciones insurgentes parte del conflicto armado interno. Ciertos efectos colaterales no sólo afectaron las condiciones de vida de ciertas personas y comunidades expuestas a las dinámicas de acción del Plan, sino que tuvieron incidencia directa en el país que somos hoy en día.

Tal como fue diseñado por la administración Pastrana, el Plan Colombia fue diseñado con tres componentes: reducción de los efectos negativos de la crisis que el país atravesaba en ese momento por medio del acercamiento del estado a las áreas más afectadas por la violencia; asistencia militar en materia de seguridad y de lucha contra el narcotráfico; y ayuda humanitaria y reformas institucionales.

Como tal, el Plan Colombia nunca estuvo directamente destinado a una victoria sobre los grupos insurgentes del país, sino que se trataba principalmente de una estrategia en la lucha antidrogas de Estados Unidos que comprendía la relación entre seguridad regional y acceso a activos económicos. Sin embargo, el objetivo militar fue progresivamente ubicado en el centro de la actividad del Plan con el fracaso de los diálogos del Caguán, la confirmación de que estos grupos se financiaban en parte a través de la producción de drogas, y la llegada de Álvaro Uribe a la presidencia.

En todo caso, la forma en que los recursos de cooperación fueron invertidos coadyuvaba tal aspiración. Alrededor de un 80% se destinó a la compra de helicópteros Blackhawk y Huey, el mejoramiento en los sistemas de comunicación de las fuerzas militares y de policía, y la conducción de capacitaciones y entrenamientos para labores de fumigación de cultivos ilícitos. De otro lado, el 20% restante llegó al país en forma de ayuda humanitaria y programas de reforma institucional, principalmente canalizados a través de la agencia norteamericana USAID.

Si bien hoy nos encontramos en medio de un afortunado proceso de paz con las Farc, no se puede desconocer la influencia del Plan Colombia en el debilitamiento de la guerrilla y el adelantamiento de dichas negociaciones. Igualmente, hubo recursos que se aprovecharon de buena forma en áreas propias del fortalecimiento de la presencia del estado en las regiones y la reforma de ciertos aparatos institucionales el contexto de la administración de justicia y los derechos humanos.

Sin embargo, hay que puntualizar una serie de efectos colaterales que resultaron perjudiciales para el destino del país y su población:

Como primera medida, se inició un proceso de fumigación de cultivos ilícitos con glifosato, una sustancia que normalmente está prohibida por sus terribles efectos en la naturaleza y la salud de la población expuesta. Esta dinámica trajo consigo no sólo afectaciones sociales en campesinos y grupos étnicos -desde problemas de salud hasta desplazamiento forzado, sino que incluso propició incidentes diplomáticos con países vecinos, como Ecuador, que desencadenaron el pago de indemnizaciones frente a la amenaza de condenas internacionales.

Igualmente, hay que decir que debido a la forma en la que en dicha época hubo ciertos procesos de connivencia entre algunos militares y las autodefensas, los insumos del Plan Colombia le ofrecieron apoyo indirecto al proyecto paramilitar. Por ejemplo, los helicópteros y sistemas de comunicación adquiridos fueron usados por miembros del ejército para facilitar las incursiones de los insurgentes en distintas regiones para cometer las tristemente célebres masacres o propiciar oleadas de migración forzada. La ayuda militar se prestó, pero tal vez no hubo debida fiscalización en cómo se usaron dichos recursos en el marco de la acción de las fuerzas armadas y de policía colombianas.

Es absolutamente claro que Estados Unidos jamás consideró financiar medios ilegales para cumplir como los objetivos del Plan Colombia. Es decir, la formación de grupos paramilitares nunca estuvo directamente conectada con una acción de gobierno de los estadounidenses. Sin embargo, probada la eventual alianza entre estructuras de las autodefensas y un sector de las fuerzas militares colombianas, es posible afirmar que de forma indirecta se generaron situaciones cuando menos riesgosas para el buen uso de los recursos de los contribuyentes norteamericanos. La emisión de un informe de la ONG Human Rights Watch en ese sentido en 2001 y las numerosas preocupaciones que al respecto surgieron comprueban esto.

Lo que resulta en todo caso delicado es que esta serie de efectos colaterales fueron anunciados por la sociedad civil y ciertos sectores políticos en ambos países, pero al final eso poco pesó para continuar con el Plan Colombia, o al menos ejercer mayor fiscalización sobre su ejecución. Al tratarse de una estrategia de intervención de baja intensidad, diseñada para conseguir resultados efectivos y a la vez evitar controversias relacionadas con la intervención en los asuntos internos de Colombia, Estados Unidos no podía ir más allá sin comprometer el éxito de su estrategia. La sombra de intervenciones militares directas en estados latinoamericanos o la financiación de golpes de estado o grupos paramilitares para desestabilizar ciertos gobiernos democráticos en el pasado, es difícil de borrar.

Hoy en día se habla de un Plan Paz Colombia, a través del cual los norteamericanos quieren contribuir con el proceso de construcción de paz y reconciliación que nos aprestamos a asumir. Es innegable que para llevar a cabo esta ambiciosa estrategia se requieren recursos que en el momento no se tienen, por lo que sería inocente rechazar semejante oferta. Sin embargo, es fundamental que tanto el diseño como el seguimiento de este nuevo Plan Colombia tenga un enfoque diferente. Esto es, mucho menos en lo militar y mucho más en lo institucional. Incluso muchísimo más en materia de recursos para empoderar las capacidades económicas de la gente en las zonas de conflicto, incluso teniendo que relegar los intereses de las empresas norteamericanas a un lado. Veremos cómo se construye esta nueva historia, y ojalá no tengamos que contar un relato triste.

Twitter: Desmarcado1982.

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Estudió derecho y a pesar de todo, se creyó el cuento de la justicia social y a eso se dedica. Cuando no está sumergido en la tesis doctoral le interesa la música latina y alternativa, el ciclismo colombiano en el mundo, la historia del más allá y el más acá, y los problemas públicos a nivel urbano y rural.

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2 Comentarios
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  1. “Es absolutamente claro que Estados Unidos jamás consideró financiar medios ilegales para cumplir como los objetivos del Plan Colombia….” jajajajaja buen chiste, hacia tiempos que no leía una ironía tan graciosa…. o tan ingenua????

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