¿Qué implicaciones tiene el resultado de la consulta popular en Cajamarca para la minería en Colombia?

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El 26 de marzo de 2017 será, sin duda, recordado como un día histórico para la protección de los derechos e intereses de los habitantes de Cajamarca (Tolima), pero también para muchos colombianos cuyas vidas se encuentran en gran medida determinadas por el desarrollo de grandes proyectos de minería dentro de su entorno. De forma contundente, los resultados de una consulta popular hecha de forma legítima y bajo plenas garantías mostraron un rechazo casi que unánime al desarrollo de actividades extractivas en el municipio. El 97% de las -alrededor de- 6200 personas que votaron manifestaron su desacuerdo, de modo que ahora está en las autoridades públicas determinar los efectos prácticos de este proceso participativo.

Mil toneladas de oro, una de las mayores reservas de la región y tal vez del mundo. Esa es la expectativa económica que la empresa multinacional Anglo Gold Ashanti ha venido manejando desde que, en el año 2009, recibió títulos legales e inició formalmente trabajos de exploración en la mina “La Colosa”. Este proyecto, ubicado en el municipio de Cajamarca, emergió en ese entonces como uno de los más ambiciosos esfuerzos de la locomotora extractivista colombiana, la cual se venía impulsando con fuerza desde el año 2002.

Sin perjuicio de las reformas neoliberales de la década de 1990 que permitieron la remoción de numerosas barreras proteccionistas, con la llegada al poder de Uribe Vélez el país le apostó de forma abierta a una integración a la economía global como actor especializado en la importación de capitales extranjeros y la exportación de recursos naturales. Y de esta forma fue que se impulsaron iniciativas a gran escala como la de la empresa de origen inglés, que puso sobre La Colosa las esperanzas que normalmente tienen los grandes negocios: importantes e inmediatas inversiones -costos financieros-, pero enormes ganancias a mediano y largo plazo.

Bajo un clima de optimismo exacerbado y “confianza inversionista”, muy pocos pensaron en otro tipo de riesgos o costos que proyectos de esta envergadura podrían acarrear, y que al final de cuentas tendrían que ser asumidos por alguien. Hablamos de los impactos colaterales que, a nivel socioambiental, se generan con la intervención a gran escala de escenarios ricos en recursos naturales y diversidad a todo nivel. Lugares donde además hay procesos sociales rurales periféricos que distan de las dinámicas de consumo y valoraciones que se dan en el centro.

Con el tiempo, dichos riesgos se convertirían en amenazas reales. Se hizo manifiesto que el proyecto adelantado en el municipio de Cajamarca traería consigo impactos a nivel de acceso y conservación del agua -elemento vital para individuos y comunidades-, y avisó la llegada de efectos colaterales adicionales en materia social. Y frente a la falta de diligencia de las autoridades nacionales para asumir la situación de forma coherente con su mandato constitucional de protección de intereses público superiores -o incluso incapacidad para ir en contra de los designios hegemónicos en materia de desarrollo-, fueron los ciudadanos -los directamente afectados por el proyecto- quienes asumieron sus derechos políticos de cara a la búsqueda de soluciones duraderas a lo que se antojaba como males irremediables.

Colombia, pareciera entonces, es un estado donde hay muchos estados. De un lado, el culto a la maximización de utilidades y a los retornos financieros ha movido a la administración pública en el sentido de asegurar la puesta en marcha de iniciativas económicas exorbitantes que prometen un potosí, y que además se encuentran salvaguardadas por compromisos internacionales en materia de protección a derechos y expectativas de ganancia. Del otro lado, por fin se empieza a tomar conciencia que el país requiere de acciones decididas en materia de preservación de recursos medioambientales escasos, así como de garantía de derechos humanos que van de la mano con el carácter vulnerable y multicultural de su población. Hoy en día, el estado social de derecho es un principio tan confuso que cuesta definir su contenido y alcance sin entrar en profundas contradicciones.

A pesar de lo que algunos han manifestado -incluyendo al ministro de minas- en reacción a los resultados del domingo, la figura de la consulta popular tiene envergadura que trasciende lo meramente casual, y es una manifestación indiscutible de la progresiva amplificación de los mecanismos de participación política en Colombia. Luego de muchos años de desconexión absoluta entre el ejercicio del poder y el constituyente primario, estos mecanismos empiezan a ser usados de forma sistemática y masiva en el contexto de las diversas transiciones que tienen lugar en el país.

La sociedad civil colombiana empieza a empoderarse, y a tomar conciencia de su rol fundamental en la toma de decisiones de naturaleza política, social y económica que trascienden las elecciones populares. Es más, lo hace en un momento en el que es evidente que los niveles de corrupción dentro del poder tradicional han trascendido la frontera de lo eventual, y se presentan como dinámicas sistemáticas. De alguna forma, lo que sucedió en Cajamarca sirve para visibilizar la crisis de gobernabilidad que vive el país por cuenta de casos como Odebrecht o Reficar.

Y como no, los resultados de Cajamarca ponen sobre la mesa un debate que no puede seguir siendo evadido por el gobierno nacional: hasta qué punto se puede lograr complementariedad entre un modelo económico global, neoliberal, y extractivista, en contraste con el compromiso con la protección de intereses públicos fundamentales a nivel social, cultural y medioambiental, en el ámbito de la protección internacional y constitucional a los derechos humanos. No se trata de negar derechos adquiridos o expectativas económicas legítimas, pero si dejar de presente que la libre autonomía privada y el crecimiento económico no pueden garantizarse a cualquier precio.

Pareciera ser que la tecnocracia del estado es, actualmente, incapaz de resolver tensiones profundas a nivel de planeación y ejecución de políticas públicas. Por esto es necesario replantear la forma en la que se están tratando de resolver estos conflictos, pues de aquí en adelante vendrán muchos más, los cuales tendrán consecuencias que van, incluso, mucho más allá de las fronteras nacionales. Basta recordar la naturaleza y el alcance de las 8 demandas ante tribunales arbitrales que Colombia carga a cuestas.

En esa medida, el sector empresarial debe tomar con calma este resultado, y no interpretarlo como un asunto de inseguridad jurídica sino como un precedente que debe ser considerado a la hora de invertir en Colombia. La maximización de utilidades no puede ser el principal determinante de un actor económico, sino que se debe tener en cuenta que hay otro tipo de valores agregados que están asociados con el respeto al contexto y las condiciones propias de un proyecto.

La palabra la tiene ahora la Corte Constitucional. El resultado de la consulta popular sienta un precedente muy importante para el adelantamiento de procesos similares en otras partes del territorio nacional con similares predicamentos. Sin embrago, la falta de reglas claras alrededor de la institución hace necesario que haya una reglamentación de forma pronta.