Eran las 7:45 de la mañana y ya las manos empezaban a sudarme y los nervios a tomar protagonismo, faltaban 15 minutos para iniciar la entrevista de admisión a la universidad, quería estudiar derecho, era mi pasión, pensaba que las normas eran los instrumentos necesarios para transformar el país; pasaron los minutos hasta llegó el momento, fui llamado por un profesor de la facultad, un traje formal (cachaco – corbata) y un café lo acompañaban, y en medio de la conversación él me hizo la pregunta del millón: ¿por qué quieres estudiar derecho?, con un suspiro contenido y una sonrisa intrigante respondí “quiero luchar contras las injusticias y los graves problemas que tiene el país, quiero ser parte de la mayoría honesta y demostrar que la mala fama de los abogados es solo un fantasma que acompaña a unos pocos que actúan con trampas y mentiras”, respuesta repetida por muchos de mis compañeros.
Fue el punto de partida de una gran odisea de 5 años en la cual varios profesores repetían hasta el cansancio, “el imperio de la ley”, “protección de derechos fundamentales”, “Colombia es un Estado Social y Democrático de Derecho”, “la Constitución es normas de normas”, “la justicia al alcance de todos”, estos y muchas otras fantasías que recrean la mente de muchos de los estudiantes de derecho, que encuentran en este país referentes como los Pretelt, los Uribe, los de la Espriella, los Miranda, los Granados y otros que se imaginan siendo abogados como los Bedoya.
Estudiar derecho en este país se ha convertido en un acto de fe frustrado, donde se hace necesario para algunos abogados pagar para tener sentencia, mentir para obtener la absolución de su cliente y presentar testigos falsos para sembrar dudas.
Que podemos esperar estudiantes, egresados y recién graduados que presenciamos desde la misma universidad, escándalos de compra de notas, roscas, vetos a la libertad de catedra, acusaciones políticas en clases, influencias o amistades que garantizan ganar una materia o ser admitido para ser profesor, estos y muchos otros ejemplos que demuestran que no solo son los frutos los que están podridos, sino las semillas que apenas brotan en los salones de clase.
El reciente escándalo del seudomagistrado Pretelt no solo demuestra lo que todos sabemos, que hay corrupción, tráfico de influencias e impunidad, sino que refleja que para ejercer el derecho en el país no hay cuerpo legítimo judicial alguno que siembre tan solo un mínimo de respeto y de autoridad moral, ejemplificado de la mejor manera en este caso: (véase ¿Queda autoridad respetable en Colombia?)
Un magistrado denuncia al Presidente de la Corte Constitucional en la Comisión de Acusaciones, la cual es el mejor ejemplo de impunidad en este país (solo una vez en la historia el Congreso ha logrado condenar, y fue al General Rojas Pinilla en 1959, por abuso de autoridad y concusión), y en la cual se encargará de investigar un congresista (Julián Bedoya) que decía ser abogado pero resulta que no lo es.
Seguidamente, es el acusado el que ahora acusa, afirmando contundentemente “solo no me voy, nos vamos todos”, el mismo que fue elegido en 2009 bajo graves sospechas por parte de varias instituciones y la prensa, en tanto no había argumentos convincentes que llevaran a que un abogado no constitucionalista y sin recorrido académico llegara a la cumbre judicial, nombramiento netamente político por coherencia ideológica entre éste y el Presidente de la Republica (alias «el intocable») del momento, en tanto fue el encargado de ternarlo.
Seguidamente, el fiscal no se escapa de las acusaciones, quien con ligereza actúa en unas investigaciones pero en otras sospechosamente es pasivo, la Procuraduría y la Contraloría son el trampolín de familiares y amigos de políticos que pretenden alcanzar un puesto, mientras que la Policía se envalentona con el campesino pero con el congresista borracho o el anónimo estrato 6 (¿usted no sabe quién soy yo?) agacha la cabeza o graba con un celular… todas las instituciones han sucumbido, y esto sin dejar de lado las cárceles, que también hacen parte del aparato judicial y las cuales no garantizan resocialización ni justicia alguna.
Si Álvaro Uribe y Horacio Serpa, por ejemplo (mencionarlos todos se haría interminable), están en el Congreso, Jorge Pretel sigue en la Corte Constitucional, Luis Gabriel Miranda está en la Corte Suprema, Eduardo Montealegre es Fiscal General, Ernesto Samper es secretario de Unasur, Alejandro Ordoñez es Procurador General, Iván Márquez y Jesús Santrich abogan por las víctimas en La Habana y, Julián Bedoya, siendo bachiller tiene la potestad para investigar magistrados, entonces ¿para qué ejercer una carrera (Derecho) que no alcanza a generar unos mínimos respetos a la autoridad legal y una mínima sensación de justicia?.