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Las Cajas de Compensación son grupos económicos privados que se enriquecen con recursos públicos. Muchas personas aún tienen la idea romántica de que son cooperativas que pertenecen al pueblo, pero en realidad se trata de grandes conglomerados que, a pesar de su carácter privado, “administran” a su conveniencia el dinero de los empresarios y trabajadores colombianos.

En una de las anteriores reformas tributarias, se modificaron los aportes parafiscales afectando al ICBF y al SENA e, incomprensiblemente, dejándolas intactas. Razón por la cual siguen recibiendo el 4% del salario mensual de cada trabajador por parte de su respectivo empleador, lo que en términos monetarios suman más de 7 billones de pesos al año. El ICBF y el SENA pasaron al nuevo sistema que recauda según las utilidades que reporte la empresa. La pregunta es: ¿por qué unos sí y otros no?

Actualmente les están adjudicando una serie de responsabilidades que no deberían tener, pues son funciones propias del Estado. Ejemplo de esto son los programas de vivienda de interés social y prioritario y los subsidios de desempleo. No se critica aquí el otorgar un techo o un subsidio a los más pobres, sino el hacerlo a través de tan cuestionadas organizaciones. Lo más grave es que también están mercantilizando los derechos a la educación y a la salud de los colombianos y eso es inaceptable.

En cuanto a la vivienda, las Cajas de Compensación han comercializado por años unidades de interés social que más parecen cajetillas de fósforos, donde, inclusive, los trabajadores se vieron sometidos a sistemas injustos como el UPAC. El gobierno de Juan Manuel Santos a través del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, del ex ministro de Trabajo Luis Eduardo Garzón y de su antecesor Rafael Pardo, cometió el error de adjudicarles parte de la administración de las viviendas “gratis” que pagamos todos los colombianos. No obstante, el gobierno uribista de Iván Duque cometió exactamente el mismo error e, inclusive, empeoró la situación al adjudicarles más recursos públicos por la contingencia de la pandemia y por otros conceptos.

Los subsidios al desempleo reglamentados por el Ministerio del Trabajo de la cual es adscrita la superintendencia que supuestamente las vigila, buscan aparentemente que quienes pierdan su empleo, sean apoyados con orientación y capacitación y puedan seguir cotizando al sistema de salud, de pensiones y de subsidio familiar durante seis meses. Sin embargo, estas contribuciones que vienen siendo lo mismo que las cesantías, podrían canalizarse a través del sistema financiero ganando intereses a favor del cotizante. Además, existe una especie de chantaje ya que, sólo se otorgan a quienes hayan contribuido a las Cajas con 6 meses de antelación y únicamente se hace por un periodo igual así se haya abonado por más tiempo.

Adicionalmente, hace poco se estableció que todos los trabajadores del servicio doméstico se afilien a las Cajas de Compensación de forma obligatoria. Y desde que se implementó la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), es un asunto ineludible aunque debido a la informalidad de quienes prestan el servicio y a la deshonestidad de quienes contratan, se deja de cotizar en un gran porcentaje. Sin embargo, aún si se cotizara, el personal de servicio doméstico no gana lo suficiente para disfrutar de los servicios que ofrecen las Cajas porque son muy costosos.

Lo peor es que, ahora las Cajas de Compensación pretenden extender sus tentáculos a la población rural sin tener la infraestructura para eso, pues ni siquiera cubren con eficiencia al total de sus afiliados urbanos. Esto sólo les daría más poder y dinero a las 43 Cajas existentes, cuyos ingresos totales ya superan los $20 billones de pesos anuales incluidos los más de 7 billones que reciben por concepto de parafiscales. Sin embargo, en ningún momento se garantizaría que los beneficios lleguen a los ciudadanos que viven en esas zonas, pues allí se presenta una gran informalidad laboral y además están localizados de forma muy dispersa.

Otro negocio al que se dedicaron las Cajas es al de las EPS, con el cual ya se apropiaron de la tercera parte del sistema de salud colombiano al tener más de 14 millones de afiliados. Además, algunas de estas compañías cuentan con grandes cadenas de droguerías en todo el país, monopolizando de ese modo la distribución de los medicamentos. Lo grave es que, al parecer, el Estado les permite realizar integración vertical, algo que se supone está prohibido por la ley.

Recientemente, los supermercados de una de las Cajas de Compensación más grandes del país pasaron a ser operados por una famosa cadena de almacenes, esa transacción sumó $122.219 millones de pesos. Por su parte, la cadena de almacenes le vendió a la Caja las droguerías que eran de su propiedad por $39.549 millones. Igualmente, acordaron la enajenación de las droguerías ubicadas en dicho grupo de almacenes a favor de la Caja por $35.254 millones de pesos.

La educación, que también es un derecho, está siendo comercializada por las Cajas que tienen desde colegios hasta fundaciones universitarias donde los estudiantes pagan matrículas elevadas, desproporcionadas a la calidad ofrecida y de poco acceso a sus afiliados. Lamentablemente, el sistema educativo colombiano permite que todos los días entren en funcionamiento institutos de dudosa calidad académica que, en realidad, son verdaderas fábricas de diplomas y lo peor es que están utilizando al ICETEX para sus fines.

Otra modalidad de negocio de las Cajas son los clubes recreo-deportivos, los cuales tienen tarifas muy altas que no están al alcance de los trabajadores. Es injusto que una persona que gana escasamente un SMLV, le toque pagar desde la entrada al lugar hasta cada servicio que utiliza sin mayor diferencia con lo que cancela un particular. Es así que estos lugares son frecuentados en su mayoría por personas distintas a los afiliados, convirtiéndose en unas instalaciones pagadas por muchos, pero disfrutadas por pocos.

De hecho, algunos de estos clubes han sido tan mal manejados que su administración ha estado por mucho tiempo en manos del personal de vigilancia, cometiéndose de ese modo una serie de arbitrariedades y abusos en contra de sus propios trabajadores, proveedores y afiliados. Además, estos clubes se han convertido en una especie de premio a personajes “apadrinados” que, sin tener las competencias, terminan operando dichas unidades de negocio y haciéndose llamar dizque gerentes.

Las concesiones representan otra irregularidad dentro de las Cajas de Compensación. Muchos comerciantes han mal-invertido en esos espacios viendo sus capitales sometidos a una serie de prácticas anti-comerciales en las cuales, siempre terminan perdiendo. Existen casos impresentables donde trabajadores de esa modalidad de negocio, fueron víctimas de abusos administrativos e inclusive, fueron denunciados de manera infame y desproporcionada por abogados tinterillos que trabajan para las Cajas. Todo con el fin de que no se hagan públicos los numerosos incidentes en que se violaron sus derechos a nivel laboral, comercial y personal.

El sector financiero tampoco ha escapado a las garras de las Cajas de Compensación. Los préstamos que conceden tienen intereses similares a los de un banco y en la gran mayoría de veces, son colocados para consumir sus propios servicios. Los centros comerciales son otro negocio de estos grupos económicos, algunas Cajas han adaptado sus instalaciones para este fin y alquilan a terceras compañías locales por grandes sumas de dinero en contratos que no concuerdan con su objeto social.

No hace mucho fue inaugurado un “lujoso” hotel en Cartagena por una Caja de Compensación que, paradójicamente, tiene su sede administrativa en Bogotá. Quienes se beneficiarán serán sus directivos, los turistas extranjeros y alguna gente de la Región Caribe. Los verdaderos afiliados, como siempre, no podrán utilizar sus servicios porque se escapan a su realidad económica y geográfica.

Para mejorar su imagen, algunas Cajas despilfarran el dinero de los empresarios y trabajadores en costosos espacios televisivos y radiales, medios impresos y hasta patrocinan equipos profesionales de fútbol. Sólo es recorrer algunas ciudades del país para ver todas sus vallas y revisar algunas revistas y periódicos para observar sus avisos. Lo más absurdo es que también le están entregando premios a la ciudadanía, ignorando que no existe ningún mérito en recibir una medalla o una copa por parte de una organización burocrática.

Otro asunto que no se ha investigado lo suficiente es la subcontratación que realizan las Cajas a otras compañías. Se deberían revisar todos los contratos que estas organizaciones han realizado en su existencia y establecer su cuantía y forma de adjudicación. Si administran recursos públicos, lo correcto es que sus proveedores hayan licitado en igualdad de condiciones y no hayan sido escogidos a dedo. Asimismo, urge determinar que no se presente ningún tipo de apropiación indebida, desfalco, peculado o detrimento. En ese sentido, se deben verificar todos los procesos de outsourcing.

El país mira con gran indignación que mientras el SMLV escasamente llega a COP$1’300.000, los salarios de los congresistas supera los 40 millones de pesos más primas, vacaciones y otros conceptos por los que también ganan. No obstante, si se comparan los salarios de los senadores y de los representantes con los exorbitantes salarios de los directivos de las Cajas de Compensación, nos daremos cuenta que estos últimos ganan mucho más e incluso, en algunos casos, el doble de lo que devenga el propio presidente de la república. Lo peor es que, de forma desvergonzada, dichos personajes llevan décadas atornillados en sus burocráticos cargos a costa del pueblo colombiano.

Ya que manejan dineros públicos, lo más correcto es que el país conozca el monto de los salarios del personal directivo y administrativo de las Cajas de Compensación de manera que rindan cuentas y respondan entre otras cosas: ¿por qué llevan tantos años en el mismo puesto, cómo llegaron a ser contratados y cuáles han sido los resultados de su gestión? También se debería conocer la totalidad de sus bienes y cómo fueron adquiridos al igual que el importe de sus cuentas bancarias y las de sus familiares y allegados.

Otro aspecto es la idoneidad de los directivos de las Cajas de Compensación y demás personal administrativo a quienes les encanta que les llamen “doctores”, aunque no tengan título de doctorado. Se debería comprobar si dichos personajes cumplen con los requisitos académicos para desempeñarse en los cargos que ocupan y comparar los resultados con los escalafones que se exigen en el sector público. De ese modo, se podría determinar si es justo que esos burócratas ganen más, aun cuando en muchos casos, no tienen las competencias y sus nóminas se paguen con parafiscales que, claramente, son dineros públicos.

Las Cajas de Compensación son intermediarios innecesarios, costosos e ineficientes que los colombianos no debemos mantener ni un día más. Son como enormes dinosaurios burocráticos que caminan gracias a los aportes de los empresarios y trabajadores, pero no a su competitividad. Su jerarquía organizacional se quedó en el siglo pasado bajo el modelo de la administración clásica. Prueba de ello es que sus directivos llevan décadas gozando de privilegios a costa de todos los colombianos y de forma arrogante, tomando decisiones arbitrarias con recursos que no son suyos e inclusive, posando como “empresarios” o “ministros” o “filántropos”, según les convenga.

Por su parte, la Superintendencia de Subsidio Familiar no hace una adecuada vigilancia y control debido a que las Cajas de Compensación tienen diversos negocios que no son de su competencia. Es por esto que en algunos casos deben ser vigiladas por la Superintendencia de Industria y Comercio, en otros por la Supersalud y así en cada sector económico en los que tienen presencia, lo que ocasiona que muchas veces no se intervengan. No obstante, es importante reiterar que la Superintendencia del Subsidio Familiar no ha ejercido un adecuado control al punto que también es necesario suprimir a esa Entidad debido a su evidente ineficacia.

Es impresentable que durante los 4 años de Pastrana, los 8 de Uribe, los 8 de Santos y los 4 de aprendizaje de Iván Duque; esas cuestionables organizaciones no hayan sido intervenidas. Tampoco es aceptable que se siga realizando un descarado lobby en el Congreso de la República y en la sede de los partidos para prolongar tan anacrónico modelo. Debemos recordar que la justicia tiene el deber de combatir la presunta corrupción que rodea a dichas organizaciones y el de impedir que las maquinarias políticas las utilicen para sus fines electorales.

Colombia debe acabar con esa retrógrada figura creada a mitad del siglo pasado e importada desde Chile como casi todos los modelos neoliberales que se han impuesto. Debemos tomar conciencia de que las Cajas de Compensación tienen que ser eliminadas porque el Estado no debe mantener a ningún grupo económico privado, mucho menos si se trata de grandes conglomerados con presencia en casi todos los sectores de la economía y que además, se lucran a costa del aparato productivo nacional. Claramente, es una de las peores burocracias del país.

Si queremos tener un modelo económico verdaderamente competitivo, lo correcto es que esas organizaciones se sostengan por sí mismas debido a su carácter privado, que además se esfuercen por ser productivas y que liciten en igualdad de condiciones con otras compañías. Pero sobre todo, se debe procurar que las Cajas de Compensación nunca más administren recursos públicos y que dejen de enriquecerse a costa del sector público, del sector privado, de los empresarios y de los trabajadores colombianos.

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