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‘La abolición de la prohibición del alcohol [en Estados Unidos] no hizo desaparecer a los borrachos, pero hizo desaparecer a Al Capone’, solía decir Carlos Fuentes, intentando explicar la necesidad de que los estados controlen y regulen la producción, distribución y consumo de las drogas, con el objetivo de evitar los daños colaterales que, tanto entonces como ahora, resultan de la prohibición de las drogas. En esta línea, reciente homenaje ofreció la Suprema Corte de Justicia mexicana a Fuentes, mes en que se celebran 90 años de su natalicio, al proferir el amparo que les permite a cuatro ciudadanos de la Republica cultivar y consumir marihuana con fines lúdicos.

La decisión de la Corte mexicana es resultado de un litigio estratégico llevado por representantes de la hábil sociedad civil mexicana, y aunque no representa la ‘legalización’ de la marihuana, marca la pauta para la regulación del auto cultivo de la planta para usos no medicinales. Con ello se pretende que el usuario de cannabis, no se vea obligado a acudir al mercado negro para adquirirla; es decir, saca a los Al Capones de la ecuación, que para el caso mexicano tienen más cara de escurridizos Chapos.

Parece ser que las analogías pedagógicas de Fuentes, quien fuese miembro de la Comisión Global de Drogas, críticas del actual marco prohibicionista, están resonando más allá de los círculos de activistas y académicos. Esta semana, delegados de 30 gobiernos de países de África, Europa y América Latina y el Caribe, se reunieron en Cartagena, Colombia, con el objetivo de buscar un lenguaje común en preparación para la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas, que tomará lugar en abril de 2016 en Nueva York, en donde se verá el fenómeno mundial de drogas a la luz de las tres convenciones existentes. Sin duda, la reunión de este grupo de países en Cartagena es histórica, pues por primera vez se consolida un grupo de países reformistas que, con diferente grado de progresismo, buscan un marco menos nocivo al actual.

El encuentro confirma lo señalado en el último reporte de la Universidad de las Naciones Unidas sobre política de drogas, el cual indica que el consenso sobre el prohibicionismo de drogas se ha roto, y la fragmentación debería llevar, cuando menos, a una interpretación flexible y plural del actual marco normativo. Si bien es poco probable que haya una reforma deseable de las convenciones, la disonancia es un logro en sí mismo. Esto marcaría un curioso nuevo orden mundial alineando a países como EE. UU., China, Irán, Indonesia y Rusia en una posición vetusta, en donde inclusive se aplica la pena de muerte a usuarios de drogas.

En concreto, la reunión de este grupo de países en Cartagena, apoyados técnicamente por más de 10 organizaciones de sociedad civil, representa algo así como la declaración de independencia de la política prohibicionista. Visión que ha criminalizado, por ejemplo, a la planta de la coca y comunidades campesinas que subsisten de ella; ha llevado al hacinamiento carcelario en América Latina y la superpoblación de presos en los Estados Unidos; ha creado el ambiente propicio para el surgimiento de despiadadas organizaciones criminales; ha impedido la investigación médica y los tratamientos eficaces para usuarios problemáticos de drogas, entre mucho otros efectos perversos.

Fuentes estaría complacido de ver que hoy en día existe la posibilidad de que varios países tomen decisiones soberanas sobre el manejo del fenómeno de las drogas, confirmada en la sentencia del Tribunal Supremo de México. Ahora es el turno de Colombia para avanzar en una reforma sustancial. Para ello puede iniciar por promulgar el decreto que permite la producción y comercialización del cannabis con fines médicos; facilitar el desarrollo industrial de productos lícitos de coca; terminar todas las formas de erradicación forzada de las plantas; y acordar programas de reducción gradual y participativa de los cultivos de la milenaria planta andino-amazónica. Sin duda hay un momento propicio para avanzar en este sentido, superando la visión ‘monocromática’ del fenómeno de las drogas, como lo expresó en Cartagena el ministro de justicia colombiano, Yesid Reyes.

Después de 54 años de la promulgación de la convención drogas de Naciones Unidas, son innumerables los Pablos y Chapos que han emergido y desaparecido, haciendo de América Latina el “Desventurado país que a cada generación tiene que destruir a los antiguos poseedores y sustituirlos por nuevos amos, tan rapaces y ambiciosos como los anteriores”, sentencia de un experimentado personaje de la novela de Fuentes, La muerte de Artemio Cruz. Ahora que la independencia se ha declarado, es hora que la desventura se transforme en una política pública incluyente, consultada, que promueva y proteja los derechos de usuarios de drogas y campesinos productores, enmarcado en una regulación responsable del mercado de las drogas, como lo soñó Carlos Fuentes.

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Diego García-Devis (1975) politólogo colombiano cuenta con más de 13 años de experiencia en el análisis del conflicto armado sociopolítico en Colombia. Ahora desde el Programa Global de Políticas de Drogas de Open Society Foundations, se dedica a al apoyo de organizaciones y gobiernos interesados en abordar las política de drogas desde la perspectiva de derechos humanos.

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1 Comentarios
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  1. Claro, es necesario que aterricemos con este asunto de la droga como tal, la criminalidad es mucha en la sumatoria de c/u de sus factores; pienso que es necesario fortalecer los controles en lo que tiene que ver por el lado de la produccion ( uso de la tierra, semillas, agroquimicos y manejos productivos), por el otro los consumidores, actualmente no se ve que se haga algo para castigar a los grandes consumidores, que son los de grandes patrocinadores. Al morir por consumir altas dosis sus bienes se ven afectados??? los herederos ademas del vicio se quedan con todas esas fortunas?

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