Clases de spinning

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Verde esperanza es la medicina que acaba de ser regulada en Colombia, ofreciendo diversos tratamientos; eficaz para la epilepsia refractaria y paliativo para otras enfermedades como la esclerosis múltiple. Casualmente, el 25 de mayo se conmemora el día internacional de esta última enfermedad, la misma fecha en que se aprobó la nueva ley que permite la producción, distribución y uso de la marihuana con fines medicinales. La regulación del cannabis como medicina no es cosa menor, pues finalmente se privilegia el derecho a la salud sobre el fanatismo. La regulación liderada por el senador Juan Manuel Galán, ubica a Colombia en el grupo de 6 países en el mundo y 24 estados de Estados Unidos, que han diseñado un sistema de producción y acceso a esta medicina; al final, la ‘mata, que [no] mata’, cura.

Sin embargo, la esperanza de que el fanatismo se subordine a los derechos y a la ciencia, se disipa rápidamente frente a las decisiones contradictorias y mutismo del gobierno nacional en relación a dos eventos que pretenden controlar otra planta igualmente medicinal: la coca. El primero de ellos, es la decisión del gobierno de retornar al glifosato (que sí vende Monsanto a la Policía Nacional, no es teoría conspirativa), con el objeto de ser usado para la erradicación de la planta en Colombia. En esta ocasión, la gran innovación es que se aplicará de manera terrestre, como si esto redujera los riesgos de salud, especialmente de quienes lo aplican. No me detengo aquí pues ya varios analistas y académicos, de colores políticos diversos, han demostrado la ineficiencia e ineficacia de la medida (ver Pedro Arenas, Daniel Rico, Julián Wilches).

Decisión sumamente contradictoria, si se piensa que el anuncio del ministro de defensa colombiano de volver al método de marras, se hacía el mismo día en que la Cancillería y los Ministerios de Justicia y Salud se batían en las Naciones Unidas en Nueva York, con países reaccionarios como Rusia, China e Irán, sobre la autonomía y soberanía para definir modelos propios de control de drogas ilícitas.

La medida parece indicar que la Policía adquirirá más y nuevas bicicletas estáticas, para seguir pedaleando sin avanzar. No ha sido evidencia suficiente que más de 30 años de erradicación, no han afectado a las finanzas de las organizaciones criminales, ‘agentes’ que efectivamente controlan y regulan el mercado, como tampoco ha protegido la salud de los usuarios de cocaína. A diferencia de la marihuana medicinal, en el caso de la coca, los gobiernos siguen empecinados en arrancarla y los campesinos en sembrarla, ¿cuántas plantas de coca se habrán eliminado en estas décadas? ¿Cuántas se habrán vuelto a sembrar?

El segundo evento, se relaciona con la sanción del presidente de Estados Unidos al Acto legislativo sobre el Tráfico de Drogas Trasnacional, por el cual se le entregan facultades adicionales al Departamento de Justicia (homólogo al Ministerio de Justicia). Bajo este nuevo marco normativo, el gobierno de Estados Unidos puede solicitar a una persona en extradición con base en una ‘sospecha razonable’ de que el sindicado supiera que su actividad, resultaría en el tráfico de drogas hacia el país del norte. Ahora ha cambiado la carga de la prueba y con la mera sospecha de que la persona tuviese noción del destino de su actividad, puede ser acusado en E.E.U.U y solicitado en extradición. Sin rodeos, un campesino que cultive coca, y que sea detenido por ello, debería él mismo probar que no tenía idea que su producto resultaría en las calles de Chicago o Nueva York. Sin embargo, en términos reales, es muy poco probable que un campesino que cultive coca en la región Andina sea extraditado pues además del costo financiero y político que acicatea una decisión como esta, es el gobierno quien tiene la última palabra en cuanto a la extradición de un nacional. Aun así el mensaje es claro, el campesino cocalero es considerado por el gobierno de los Estados Unidos un criminal transnacional. El hecho lo registraron los medios y la sociedad civil manifestó su preocupación, sin embargo, ni una palabra de las autoridades nacionales, al menos para aclarar los verdaderos alcances de esta nueva ley.

Si no se capitaliza el liderazgo de Colombia en las Naciones Unidas combinado con la oportunidad del acuerdo parcial sobre drogas alcanzado en la Habana, el gobierno corre el riesgo de que la parábola de la bicicleta estática del presidente Santos, para referirse a la política en esta materia, en donde se pedalea sin avanzar, se multiplique. Veremos a la administración reflejada en espejos de salones con poca ventilación y humor fuerte, con un televisor colgado en la pared en el que se puede ver un reality americano y al ritmo de latidos inmarcesibles de música electrónica el presidente no pedalea solo; ahora en conjunto sudan los ministerios y agencias, cada uno montado en su bicicleta, siguiendo las instrucciones del coach, que a la voz de – ¡pedaleen más fuerte!-, el funcionario de turno se dará cuenta que no se ha movió un centímetro. La novedad en política de drogas en Colombia habrá cambiado la bicicleta estática, por una pasada de moda clase de spinning.

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