Semana Santa: paz, coca y béisbol

Esta semana santa representará la redención de Colombia en política de drogas. Dos eventos que a primera vista parecerían reveces, realmente constituyen oportunidades para alejarse del dogma impuesto por el torpe modelo actual de control y fiscalización de drogas ilícitas. El primero de ellos se dio en la Habana; si bien no se acordó todo, como estaba previsto para el 23 de marzo entre el gobierno nacional y las guerrillas de las FARC, hay avances claros, muestra de ello es la reunión del secretario de estado Kerry con los negociadores de las FARC. Más aun, el partido de béisbol sostenido en la tarde del martes 22 en La Habana entre la selección Cubana y los Tampa Bay, convocó en la misma tribuna deportiva a los presidentes Obama de Estados Unidos y Castro de Cuba, representantes del gobierno de Colombia y miembros del secretariado de las FARC. Además de ser un acto pintorescamente histórico, representa el fin de la guerra fría en el continente y demuestra que hay apertura para revisar regímenes autoritarios como el cubano, taimados como el americano o perversos como el internacional de fiscalización de drogas.

Al tiempo, se daba el segundo evento en Viena, Austria, en donde hábiles y persistentes diplomáticos Colombianos han liderado el debate en el plano de las Naciones Unidas sobre la imperiosa necesidad de revisar el régimen normativo internacional sobre drogas. La mejor apuesta del gobierno Colombiano era romper la perversa, arbitraria y excluyente metodología de toma de decisiones por consenso de los 54 países que conforman la Comisión de Estupefacciones (CE) de Naciones Unidas (cabe decir que este es el único mecanismo del sistema de la ONU que toma decisiones por consenso y no por voto). Aunque se acordó un lánguido documento que será presentado en abril en la sesión especial la Asamblea General de la ONU (UNGASS -16), Colombia logró demostrar que al menos en lo fáctico, no hay tal consenso.

¿Y qué nos dejan estos acontecimientos? Preguntará el lector informado. Pues bien, al contrario de ser una seguidilla de decepciones, ambos momentos le ofrecen a Colombia toda la legitimidad y plataforma para avanzar en modelos alternativos de control y regulación de estupefacientes, es decir, le permite al presidente Santos dejar la ‘bicicleta estática’ de la política de drogas de la que tanto se quiere desmontar.

Una de las primeras acciones del gobierno en ese sentido es el Decreto 2467  que pretende regular el cannabis medicinal. Sin embargo, el decreto genera serias dudas sobre la posibilidad de desarrollar una industria nacional incluyente, como lo sugiere Catherine Romero, directora de la organización de Derechos Humanos, ELEMENTA, en el artículo Cannabis y Paz, publicado por la Revista SEMANA. Según Romero, la aplicación del decreto, no se enmarca en los acuerdos parciales entre el gobierno y las FARC, especialmente en los principios de acceso a la tierra e inclusión del campesinado. Consideraciones transferibles a una iniciativa similar que considere la industrialización de la coca.

Sobre esta última planta, también prohibida en la Convención Única de Estupefacientes de 1961, ya hay algunas ideas en el asador, necesarias si se considera que a pesar de los esfuerzos e inmensa inversión en erradicación, este año, según Naciones Unidas, se verá un incremento de los cultivos cercanos al 100% en el país. Subidos en la ola de la innovación, investigadores de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) Juan Carlos Garzón y Julián Wilches preguntaron “¿Y si el gobierno compra la coca?” a lo cual otro experto Pedro Arenas de INDEPAZ, respondería en un nuevo artículo que sí es posible. Como expresa Arenas, este tipo de acción, si bien transitoria, permitiría crear un vínculo de confianza entre el gobierno nacional y el campesinado, rota  hace tiempo o mejor nunca existente, por la única forma de presencia del Estado en las regiones cocaleras, fumigación y en ocasiones presencia de la policía antinarcóticos. Una medida como esta, podría ser rápidamente complementada con esfuerzos de industrialización de la hoja de coca, como sucede hace décadas en el Perú y Bolivia (valga decir que en estos dos países nunca han asperjado la coca con glifosato y hoy tiene extensiones de sembradíos de la planta, considerablemente menores que en Colombia). En nuestro país, instituciones como el SENA en el departamento del Cauca, ya cuenta con un cuerpo docente que hace algunos años viene enseñando a campesinos cocaleros a transformar la hoja en comestibles e insumos agrícolas; le resta al gobierno nacional fomentar este expertise con una regulación incluyente.

Si bien estas acciones serían pasos en la dirección correcta hacia la reforma de las políticas de drogas, en sus tres instancias, producción, consumo y comercialización, no resolverán el mercado ilícito, los fenómenos de violencias y criminalización relacionados. Solo una regulación responsable de todas las sustancias declaradas ilícitas en la actualidad, permitirá al estado su control y manejo en cambio de las redes criminales que hoy regulan el mercado del cannabis, cocaína y heroína. Esperemos que estos dos eventos de semana santa sean para el país, en clave cristiana, la resurrección de una nueva era de reformas.