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Cualquier amante de la economía o en general de cualquier ciencia social entiende que uno de los debates más grandes gira entorno a qué actor realiza de manera más eficiente y eficaz la distribución de recursos, si el Estado o el Mercado. “Tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario”, esa fue una de las frases más exclamadas por el equipo económico y especialmente por el exministro de Hacienda, Guillermo Perry, durante la Asamblea Constituyente del 91. Actualmente, con la incertidumbre y el debate generado en torno a la adquisición y distribución de la vacuna, Colombia se enfrenta una vez más al debate tradicional, sin embargo, por la inherente naturaleza de salud pública de la situación parece no haber un norte claro respecto a qué agente es más eficiente. 

La asimetría de información y la incertidumbre que ha generado la adquisición y distribución de la vacuna ha puesto en evidencia la importancia del Estado y más específicamente del gobierno Colombiano a la hora de formular un plan nacional de vacunación. El plan de vacunación y sus cinco fases de implementación contempla criterios epidemiológicos que permitirían no solo alcanzar la famosa inmunidad de rebaño, sino también asegurar el personal de salud para un mayor y mejor funcionamiento de la atención. Lo anterior no solo para atender la emergencia del coronavirus, sino a las demás enfermedades de orden prioritario que han dejado de ser atendidas a raíz del colapso del sistema. 

Por otro lado, está la cuestión ampliamente debatida en torno a si los privados deberían distribuir o no la vacuna. Para que esto ocurra, una vez la agencia sanitaria -que en el caso de Colombia es el INVIMA- apruebe el registro sanitario para la distribución de la vacuna, esto da vía libre para que las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) realicen un acuerdo de compra venta con las farmacéuticas para la adquisición y distribución. Acá existe un problema estructural de fondo y es la incertidumbre jurídica que genera la vacuna respecto a si hace parte o no del Plan de Beneficios en Salud, pero aún más grave es lo que concierne a la sostenibilidad fiscal del sistema.

Dependiendo del precio negociado, más la infraestructura necesaria para cumplir las condiciones de funcionamiento y, además, del personal capacitado para aplicarla, el costo de implementación podría ser muy elevado para las EPS. Lo anterior sin dejar a un lado el hecho de que los altos niveles de desempleo del país ha dejado desamparado el régimen contributivo y han ampliado el subsidiado. 

En teoría, ambas formas de distribución tienen sus fallas. A pesar de que las fallas de mercado son mucho más visibles -y más recalcadas en el debate público-, también existen las fallas de Estado que son aún más evidentes en este momento que ni siquiera ha llegado la vacuna a Colombia. Más allá de la ineficiencia que ha demostrado tener el Gobierno respecto a otros países de América Latina que ya empezaron a vacunarse como Chile, México y Argentina, la inoperancia y poder monopólico de licencias de instituciones como el INVIMA, que a la hora de realizar los estudios clínicos y aprobar las demás vacunas ha estado excesivamente demorado respecto a sus pares en otros países, la barrera que impone la falta de licenciamiento a los privados es per se una falla de Estado. A la hora de la verdad este entorpecimiento procedimental está costando vidas y, además, aumenta el costo de vida para cada ciudadano. 

En conclusión, aún no se sabe en qué momento llegará la vacuna ni mucho menos cuándo iniciará el Plan de Vacunación. Si bien el Gobierno insiste en que llegarán en febrero, las constantes preguntas de la oposición respecto a los contratos con las farmacéuticas generan mucha incertidumbre. Sin embargo, la cuestión real es quién es mejor distribuidor de las dosis y si bien en la mayoría de las veces parece ser el mercado por las realidades que ofrecen la ley de oferta y demanda y la competitividad, la vacunación debería estar basada en criterios epidemiológicos al tratarse de una emergencia de salud pública. No obstante, frente a la inoperancia del Gobierno Nacional parece ser necesario abrirle la puerta a los privados para así lograr salvar vidas -y con eso la economía- lo más pronto posible.

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Estudiante de X semestre de Gobierno y Relaciones Internacionales con énfasis en Gerencia Pública de la Universidad Externado de Colombia. Interés en economía, finanzas públicas, desarrollo económico, sector privado y consultoría.

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