Para nadie es un secreto que la corrupción se convirtió en el titular cotidiano del país. Entre los casos de las comisiones de Odebrecht, los sobrecostos en Reficar, la elección del pasado Procurador General y el tráfico de influencias en la Corte Suprema de Justicia, la agenda mediática ha generado una desazón general en los colombianos. No existe grupo político que no se encuentre involucrado y son tantos los nombres de dirigentes que han salido a relucir, que no se entiende cómo avanzarán las próximas elecciones sin que esto tenga repercusión.
No pocos coinciden en que la raíz de la corrupción está precisamente en la forma como se elige.
En pocas palabras, si en la justicia (tan desprestigiada por estos días) se vota por un magistrado desde el Congreso, no es de extrañar que algunos parlamentarios terminen siendo beneficiados por un eventual fallo. Para no ir tan lejos hay que recordar la destitución del pasado Procurador General, que habría agradecido su elección con puestos para familiares de congresistas y magistrados. Y, desde luego, cómo no hacer referencia a las elecciones populares que, prácticamente, resultan compraventas de la contratación pública del respectivo municipio o departamento.
En las regiones existen carteles dedicados a elegir a un gobernador o alcalde. Financian su campaña con millonarios recursos que luego son retornados, con los intereses respectivos, a través de jugosos contratos de infraestructura, salud o educación. En todo este trámite es que aparecen las denominadas «coimas» o comisiones que se deducen de los sobrecostos tan acostumbrados en el sector público. Cada cuatro años el ciclo vuelve a comenzar y los recursos del Estado son desfalcados con un nuevo escándalo para los medios.
Recordemos que el año pasado un estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros dejó claro que la contratación pública se distribuye entre unos pocos proponentes en las regiones colombianas. Esto quiere decir que siempre se contrata con los mismos y, lo que es peor, con un proponente o máximo dos en promedio por cada proceso licitatorio. Aunque la situación es menos grave en el panorama nacional no deja de ser inquietante por las grandes cifras que se manejan.
Según Transparencia Internacional, Colombia está en el puesto 37 de 168 en el ranking de los países más corruptos del mundo. De hecho, ese fenómeno nos cuesta 40 billones de pesos al año (un poco más de lo recaudado por concepto del IVA), el equivalente al 4 por ciento del PIB, o los recursos suficientes para construir el metro de Bogotá (sin endeudarse). Y es que el solo caso de Reficar significa sobrecostos superiores a los 5 billones de pesos, eso es lo que se espera recaudar con la impopular reforma tributaria.
Hoy no hay más corrupción que ayer ni estamos al borde del precipicio como los pesimistas lo quieren hacer creer.
Colombia le ganó la batalla al conflicto armado. Ahora sí que tendremos tiempo, como país para darnos esa purga contra la corrupción. Que se levanten las piedras a ver que se encuentra, y que caigan todos aquellos que se roban los recursos públicos.
Por: Juan Manuel Ramírez Montero / J@egonomista.com
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