Ecuador, ¿el retorno del correísmo?

La derrota para Guillermo Lasso, presidente ecuatoriano, es contundente y solamente comparable con la de Sixto Durán Ballén en 1995 y la de Gabriel Boric el año pasado en Chile. El referendo que el oficialismo impulsaba para introducir figuras como la extradición en aras de combatir la criminalidad, imponer un registro de militantes en partidos, reducir el tamaño del Congreso, modificaciones en el funcionamiento de Fiscalía y Consejo de la Judicatura, y cambios en la elección de vocales en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entre otros, terminó hundido y las ocho preguntas fueron rechazadas ampliamente por los ecuatorianos. En el país andino el voto es obligatorio, con lo cual ni siquiera queda la duda sobre la abstención como ocurre en otros casos de América Latina.

El otro revés de consideración ocurrió por cuenta de las elecciones seccionales (regionales y locales) en las que el Movimiento Revolución Ciudadana (RC5) cercano al exmandatario Rafael Correa, férreo opositor de Lasso, gobernará en siete de las 23 provincias, Azuay, Manabí, Santo Domingo, Santa Helena, Pichincha, Quito, y en los principales bastiones de la derecha, Guayas y Guayaquil. Esta última, capital económica, ha tenido gobiernos del Partido Social Cristiano (PSC) durante las ultimas tres décadas, pero estará gobernada por Aquiles Álvarez.

Quito el centro político estará bajo la batuta de Pabel Múñoz una de las figuras más representativas del correísmo, pues fue director de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades, equivalente al Departamento Administrativo de Planeación DNP) y uno de los artífices de la llamada Revolución Ciudadana en la década en que gobernó Correa (2007-2017). Paola Pabón será prefecta de Pichincha. Como asambleísta (congresista) se hizo célebre al ventilar públicamente su deseo de garantizar los derechos sexuales y reproductivos y despenalizar el aborto en los casos de violación, lo que provocó el rechazo inmediato de Correa conocido por sus posturas ultracatólicas, incluso amenazando con renunciar si parlamentarios de su partido avanzaban en cualquier despenalización. Posteriormente y en medio de una persecución contra militantes del correísmo, fue acusada por la Fiscalía por el delito de rebelión por su participación en las protestas de 2019 contra Lenín Moreno y por tráfico de influencias. Siempre se consideró como perseguida política y en varias zonas de América Latina, se hicieron pedidos para su liberación, en un proceso plagado de contradicciones y con cortes y Fiscalía, como en el caso de Correa, abiertamente politizadas.

En medio de este panorama, a Lasso le quedan dos años de gobierno con márgenes estrechos de maniobra y llevando a cuestas esta derrota en la que pretendía superar el bloqueo en el legislativo a través del recurso frecuente en Ecuador del constituyente primario. A diferencia de 2006, 2011, 2017 y 2018 cuando el oficialismo se impuso en estas consultas o referendos constitucionales, por primera vez en mucho tiempo un gobierno en ejercicio sufre un revés que lo obligará a buscar nuevos consensos.

El resultado allana el camino para las presidenciales y legislativas de 2025 en las que, como resulta apenas obvio, se espera que el correísmo impulsado por este resultado, termine imponiendo un mandatario. ¿Le alcanzará? en dos años los ecuatorianos tendrán la última palabra, pero no parece descabellado pensar en que, como en Argentina, Brasil o Chile, el progresismo vuelva a Ecuador, esta vez aprendiendo las lecciones del pasado con dosis significativas de moderación y pragmatismo.  

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