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La victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez en las urnas representa una ruptura en la historia política colombiana en diversos sectores, incluida la política exterior. Durante varios gobiernos, se han mantenido posturas que han honrado el ideal de la Constitución del 91 de priorizar las relaciones con América Latina y el Caribe. Sin embargo, desde finales de los 90, la mayoría de administraciones se ha centrado en Estados Unidos y el país se ha aislado de los espacios regionales latinoamericanos. Esta tendencia fue especialmente visible durante los 8 años de Álvaro Uribe y en el gobierno a punto de terminar de Iván Duque. En este, se profundizó la derechización de la diplomacia y como nunca, Colombia no solo se alineó con EE. UU., sino que mantuvo una nociva distancia con Venezuela, se enemistó con Cuba, graduó a Irán de enemigo, e intervino groseramente en las elecciones de Estados Unidos, a través del partido de gobierno, y en Ecuador, mediante el deslucido rol del fiscal, Francisco Barbosa.

Con semejante panorama, el desafío de Petro y Márquez es complejo. Se especula, no con poca razón, que puede haber preocupación en Washington por la llegada de un gobierno progresista, en un aliado que, tradicionalmente ha hecho contrapeso a ese movimiento regional. No obstante, sin duda alguna, el triunfo de Petro es un alivio para Estados Unidos. Primero, porque Petro conoce como pocos los circuitos del proceso de toma de decisiones tanto en el Departamento de Estado (equivalente a ministerio de Relaciones Exteriores) como en actores clave en el congreso norteamericano como el Comité de apropiaciones, fundamental en la asignación de recursos o el de Relaciones Exteriores. Los entiende por su paso por el Senado y su oposición al Tratado de Libre Comercio que lo llevó a varios de estos escenarios a haber cabildeo.

Es decir, contrariamente a la que se piensa, Petro y Márquez entienden las sensibilidades de varios sectores en Estados Unidos, y por sus trayectorias, han tenido contactos con organizaciones sociales o centros de pensamiento que gozan de influencia a la hora de tomar decisiones, como la Washington Office on Latin America reconocida en materia de derechos humanos y defensora de un  enfoque distinto en materia de lucha contra las drogas. En este mapa de actores que sobrepasan el ejecutivo en cabeza de Joe Biden y Antony Blinken, el nuevo gobierno colombiano ya tiene algunos aliados, sobre todo, teniendo en cuenta que, muchos fueron críticos enérgicos de la gestión de Duque en materia de derechos humanos.

Segundo, parece haber un progresismo en ascenso en Estados Unidos que supone a su vez un nuevo enfoque para las relaciones con América Latina. Los Representantes a la Cámara,  Jim McGovern y Alexandra Ocasio-Cortez, han hecho declaraciones para condicionar la entrega de ayudas a las Fuerza Pública a avances en materia de derechos humanos, una postura que allana el camino para la reforma que tiene en mente el nuevo gobierno colombiano relativa en especial, a la policía. Si se toma en cuenta la carta de 6 Congresistas que le pedían al gobierno Biden investigar los procesos de corrupción contra Rodolfo Hernández e incluso mencionaban preocupación por una alegación similar contra el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, queda claro que este nuevo progresismo ha ganado terreno y Washington es capaz de criticar a gobiernos de derecha y mantener sanas relaciones con el progresismo, para la muestra Chile o incluso México.

Con Estados Unidos habrá una relación de iguales en la que se incluirá un abordaje alternativo a las drogas, promesa constante del progresismo, una renovación de votos de Estados Unidos como aliado de la paz en Colombia, y un tema nuevo que será clave: la transición energética, prioridad tanto para Biden como para Petro. Tienen más en común ambos gobiernos de lo que se cree o señalan los lugares comunes.

América Latina y el Caribe serán una prioridad, y Petro ha dejado claro que no cree en espacios de exclusión -como lo dijo en el discurso la noche de la elección-. Se trató de una clara crítica a la forma en que la OEA ha aislado a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Se espera un renovado papel de Colombia en espacios como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) impulsada por Argentina y México que vienen liderándola. Esto se complementaría con una aproximación pragmática a los espinosos casos de Nicaragua y Venezuela, sin duda alguna, los de mayor complejidad y donde equivocadamente se presume una supuesta compatibilidad ideológica que, en la práctica, no existe.

Petro y Márquez han insistido en la defensa del pacto constitucional del 91 que incluyó una apuesta en materia de política exterior que pocos gobiernos han defendido (únicamente Ernesto Samper y Juan Manuel Santos). No es una apuesta sencilla ni exenta de  dificultades, sobre todo, cuando están en juego temas como la migración, un litigio de fronteras y el involucramiento necesario de terceros en el proceso de paz con el ELN. Así se abre paso a un nuevo capítulo de nuestra política exterior.

twitter: @mauricio181212

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