CALI, ¿SUCURSAL DEL MIEDO?

La guerra en Colombia no es virtual, ficción, ni tampoco es un juego: la estamos viviendo en carne propia. Bogotá, Cali y Medellín registran índices absurdos y vergonzosos de criminalidad, violencia e inseguridad urbana. Esto sin contar la guerra interna que vivimos desde hace más de medio siglo contra los grupos armados ilegales. De esa guerra no hablaré, pero sí de la que nos desangra día a día. No nos queda mucho tiempo. Estamos muy cerca del game over.

No sólo nos hemos acostumbrado a las guerras, lo preocupante es que las disfrutamos: películas, series de televisión, caricaturas, debates, vídeos, convenciones, dibujos animados, reality shows, páginas web, fotografías, novelas, todas sobre beligerancia y destrucción. ¡Nos encantan! Pregúnteles a los niños qué tipo de videojuegos compran. La respuesta será unánime.

Hemos perdido la capacidad de asombro ante cualquier cosa: nada nos conmueve, nada nos parece extraño o fuera de lo común. Tampoco podemos negar que en Colombia a los guerreros se les dañó el corazón hace rato. ¡A todos! Y esto incluyendo al Ejército. Los más de tres mil casos de crímenes de Estado o ejecuciones extrajudiciales (mal llamados ‘falsos positivos’) son una verdadera escoria y vergüenza de la cual los colombianos jamás nos repondremos ni tampoco perdonaremos (mucho menos sus familias). 

En el caso de Cali, por ejemplo, en el último puente festivo -del 13 al 16 de agosto- se registraron 103 personas heridas (32 de ellas por arma de fuego y arma blanca, según las autoridades). El domingo 22 de agosto, una semana después, se registraron 1.612 casos de riñas en la ciudad en tan sólo 12 horas. Pero ahí no termina todo. En ese mismo fin de semana, el sábado 21, un hombre asesinó a cinco personas en una fiesta del barrio Terrón Colorado. Pero hay más, hace algunos días un hombre le disparó a su esposa y posteriormente se suicidó en el bario Chapinero. Y aunque no lo crean, hay más: hace poco un hombre amenazó con degollarse o lanzarse de una torre ubicada en la Terminal de Transportes de Cali. ¿Hasta qué punto hemos llegado? Como dice el título de una película: ¿dónde está el policía?

Bien sea por la falta de presencia de la Policía o por el incontrolable desbordamiento de  este problema, los hurtos callejeros también son el pan de cada día en Cali. La inseguridad reina. Los caleños caminan en la calle con miedo, con terror.

Un Consejo de Seguridad convocado por la Alcaldía de Santiago de Cali y la Gobernación del Valle realizado hace unas semanas, dio como resultado cuatro decisiones fundamentales con respecto a este tema: la primera tiene que ver con la conformación de un comité técnico interinstitucional que se encargará de evaluar el marco legal del porte de armas en la ciudad, según el Alcalde de Cali. La segunda es un plan de desarme ciudadano: la idea es desarmar a todos los caleños. La tercera tiene que ver con la gestión que se hará con la bancada de congresistas para coordinar con el gobierno nacional acciones que permitan asegurar y blindar los resultados en la ciudad. Y  la cuarta se centra en la decisión de hacer un acompañamiento expreso a los temas que tienen que ver con la articulación de porte de armas,  licor y las sustancias alucinógenas.

Sí, todo parece ser muy bonito. Son buenas iniciativas. Pero ¿cómo desarmar a los caleños? ¿Cómo se van a realizar estos cuatro proyectos? ¿Sí son viables? Por ejemplo: ¿cómo desarmar a un menor de edad que por homicidio recibe como pago entre 300 y  400 mil pesos? ¿Querrá desarmarse? No lo creo. Es una propuesta  inocente e ilusa.

Tenemos que aceptarlo: las Farc no están derrotadas. Ellas son las que, a pesar de los recientes golpes y abatimientos, por estos días están arreciando y arreciando (sobre todo en el Cauca y en otros departamentos marginados y desprotegidos). También hay que dejar en claro que las Farc no son el  mayor  problema  del país. Las bandas criminales, los ‘combos’, las pandillas juveniles y las nuevas bandas paramilitares (conformadas en su mayoría también por menores de edad) son el cáncer creciente que ya hizo metástasis en todos los rincones del país.

Debemos reconocer que los menores de edad se nos ‘salieron de las manos’ desde hace mucho rato. Son utilizados para realizar crímenes porque no son judicializados o encarcelados. Por eso hay que reformar la Ley de Infancia y Adolescencia para aumentar las penas y disminuir la edad de imputabilidad penal. Si son capaces de delinquir como mayores, deberían responder de igual manera. Pero hay un gran inconveniente con la reclusión de menores: por cada uno que ingresa a algunos centros de rehabilitación, unos manejados por el sector privado y otros por algunas ONG, el ICBF les paga cerca de un millón quinientos mil pesos. Es todo un ‘carrusel’. En conclusión: a estas empresas u ONG, que son dueñas de estos centros de reclusión juvenil, les conviene más que los menores ‘se vuelen’ para que cada día ingrese uno nuevo y, poder así, recibir este pago. Como dicen por ahí, «ese es el negocio, socio».

Hay que quitarles el negocio redondo a estas organizaciones.  Lo ideal es que todo  lo maneje el Estado. De igual manera, es vital crear una especie de Inpec de Infancia y Adolescencia que controle los centros de reclusión juvenil. Es la única manera de controlarlos y  evitar que se escapen y sean utilizados  por  la delincuencia y  las organizaciones criminales.

La pregunta es: si se modifica esta Ley, ¿en dónde se recluirían  los  menores  procesados? Obviamente tendría que haber más centros penitenciarios pues  la mayoría tiene sobrecupo.

Entonces ¿qué va a hacer el gobierno? ¡Lo que quiera que se haga debe hacerse ya! ¡Las propuestas o proyectos de ley que vayan a ser presentados al Congreso deben hacerse ya!

Presidente Juan Manuel Santos, ministro Rodrigo Rivera, administraciones departamentales y municipales, tienen ustedes la palabra.