¿CONCIENCIA Y CAMBIO?

Miguel Vargas era un joven de 17 años que decidió terminar con su vida cuando permanecía interno en una fundación donde le prometieron a su familia recuperarlo del mundo de las drogas. Se entiende, que un proceso psicológico, que pretende generar emociones fuertes para lograr cambiar la dependencia a una sustancia psicoactiva y generar cambios en la personalidad de un adicto pueda traer estas nefastas consecuencias. Pero cabe la pregunta: ¿Por qué ‘Medicina Legal’ dictamino que el cuerpo del paciente de esta fundación, al momento del suicidio, presentaba moretones y heridas en su cuerpo?, ¿Pudo esto influir en la decisión de acabar con su vida?

El terapeuta de Miguel, al momento de su muerte, era Lázaro Velásquez, el coordinador del polémico centro: CONCIENCIA Y CAMBIO, que a pesar de no contar con ningún permiso para funcionar como internado, tenía más de 70 pacientes encerrados, muchos de ellos contra su voluntad, en un viejo edificio ubicado en el barrio San Luis, en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá. 

Lazaro, un ex-adicto de 51 años, que presumimos estaba lleno de buena voluntad, no contaba con la formación académica ni profesional del caso para atender un paciente con dependencia a una sustancia, y menos, con un equipo terapéutico especializado, que solo conformaba con psicólogos de mediana categoría que pudieran estar bajo su mando sin protestar por sus atrocidades y arbitriedades.

Es el caso de José Anibal Silva, pregrado en psicología de la Universidad Católica de Colombia, Jainer Olaya, excabo del Ejercito Nacional, su esposa, Argenis Caicedo, pregrado en psicología, Andrés Hurtado, estudiante de psicología que abuso de una paciente, y la Directora de la institución: Nubia Edith Díaz Salamanca, esposa de Lazaro Velasquez. Ninguno exhibía sus títulos y nunca mencionaban ninguna clase de preparación especial para la atención de estos problemas.

¿Pero qué equipo profesional serio iba a permitir que Lazaro jugara con los pacientes? Pues si, Velasquez sometía a todos los internos a «juegos» como: «Pierde y gana», «porque usted lo ha pedido», donde el principal protagonista era «cambio» un bate mediano de madera que se encontraba roto y partido del uso dado por este con los mismos adictos. Lazaro determinaba cuándo un paciente requería de la denominada «terapia de choque», que consistía en puños, patadas, bate y según algunos de sus ex-pacientes, hasta abuso sexual.

Lazaro Velasquez, hoy se enfrenta a la justicia. Enfrenta cargos por abuso sexual con menor de edad, homicidio y tortura. La familia de Miguel Vargas lidera un grupo de más de 30 ex-pacientes y en el que se encuentran hasta ex-terapeutas, que claman por justicia, regulación y un grito de alerta para las familias que someten a sus hijos a estos tratamientos.

Una mujer responsable no se sometería a una cirugía plástica con un medico general, sin ninguna especialización.  Un padre de familia responsable, ante una situación tan crítica, debe ser muy reflexivo, escoger con atención los especialistas correspondientes y no improvisar. Menos si se piensa pagar una suma como la de los 2’250.000 pesos que cobraba este centro de rehabilitación.

Se debe reconocer que Velásquez y su equipo también lograron sacar a muchos del mundo de la droga. Pero la responsabilidad por el respeto a la vida digna, a la verdad, a la dignidad de todo ser, debe ser el motor de la justicia para esclarecer este caso. Es hora de que los legisladores promuevan algún tipo de control que establezca estándares mínimos para quienes atienden esta clase de pacientes y generen penas ejemplares para quienes improvisan en estos tratamientos, que en nuestra generación se han vuelto tan comunes.

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