VÍCTIMAS DE URIBE, NO SON LAS MISMAS DE SANTOS

El Gobierno de Juan Manuel Santos se la juega toda por las víctimas del conflicto armado y marca la diferencia con su antecesor: Álvaro Uribe Vélez, quien durante años insistió en ‘clasificar’ a las victimas según su victimario.

En junio del 2009, el presidente Uribe permitió el hundimiento de la ley de víctimas radicada por los liberales en el congreso de la república, que representaba un avance sustancial en el trato a las víctimas en Colombia. Un tema neurálgico del Gobierno si se tiene en cuenta la prioridad dada al conflicto armado y el propósito de derrotar a la guerrilla por la vía de las armas. El argumento del entonces presidente, era que la ley «ponía en riesgo la seguridad democrática y la inversión social», además de considerar injusta la clasificación dada por la ley a las víctimas, ya que se reconocía como iguales a quienes fueran afectados por grupos armados ilegales o agentes oficiales del Estado.

La ley presentada por el presidente mismo y que aparentemente cuenta con el apoyo de toda la coalición del gobierno en el congreso, establece serias diferencias entre Uribe y Santos, y le da un vuelco a la permisividad y pasividad de los agentes oficiales con respecto al restablecimiento de los derechos y el esfuerzo por recuperar la dignidad y armonía de los civiles afectados por una ‘guerra’ en la que Uribe demostró desconocer a quienes señalaban como victimarios a las fuerzas al mando de la seguridad nacional.

Se debe tener en cuenta que durante la campaña presidencial, el frente de batalla de los opositores a Santos fueron los «falsos positivos», por eso no deja de ser una sorpresa y una ‘jugada magistral’ que quiera convertir en su tema principal a las víctimas, cuando Álvaro Uribe se dedico a atacar duramente y por encima de todo y de todos a los victimarios, en especial a las FARC, ignorando muchas veces a la población civil que terminaba envuelta por el conflicto. Esto es en definitiva, un cambio de estrategia muy complejo.

Sin lugar a dudas, una de las dificultades más grandes que enfrentó el Gobierno Uribe fue los señalamientos hechos por la comunidad internacional, incluso de políticos norteamericanos, por las violaciones cometidas a los Derechos Humanos en nuestro país. Entonces la apuesta de este nuevo gobierno es demostrar a la comunidad internacional, que en Colombia si se hacen esfuerzos por defender y cumplir  con el derecho internacional humanitario.

El argumento detractor de la ley es su financiación, lo cual exige estrictas medidas por parte del ejecutivo para cumplir con los retos impulsados por la ley. Las voces en contra, provienen, en su mayoría, de los más puros uribistas, quienes argumentan no tener claro los métodos de financiación, ni las medidas administrativas que exige el compromiso con las víctimas. Pero sin duda alguna, esta es la apuesta más ambiciosa del Gobierno, que de lograrse, consolidará la idea reinante de que Uribe y Santos no son solo diferentes en el apellido, sino también en su visión de Estado.

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