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Por: Sebastián Boada Morales
Maestría en Derecho Bancario y Financiero – The London School of Economics (LSE)
Actualmente, unos pocos emisores de gases de efecto invernadero tienen un peso desproporcionado en la contaminación total que produce el sector industrial. Según algunas estimaciones, los 20 productores más grandes del mundo —llamados emisores sistémicamente importantes—, generaron el 35% del total de emisiones entre 1965 y 2018. Una insostenible concentración en la contaminación mundial total.
En términos económicos, las externalidades negativas que han producido estas empresas sobre toda la humanidad son desproporcionadas. La emisión de gases contaminantes en el medio ambiente afecta a todo el mundo por igual, al tratarse de un tipo especial de externalidad que se extiende en el tiempo y el espacio, y —más grave— al crear una carga contaminante durante generaciones enteras. Por ejemplo, el dióxido de carbono que libera una fábrica ubicada en China se suma al agregado mundial de dicho gas, que atrapa la atmósfera. Esto afecta tanto a un campesino en Brasil, como a un pastor en Escocia; y a los hijos y nietos de ambos. Con razón se ha dicho que nos encontramos frente a una amenaza existencial como humanidad.
Este reto no es de fácil solución. La respuesta más obvia sería poner a todos los contaminantes a internalizar los costos que actualmente cargan al planeta: imponer un impuesto a la contaminación. Pero esta no parece ser una solución realista en el mediano plazo.
El antídoto inmediato resulta ser menos ambicioso, pero tiene más probabilidades de materializarse. Actualmente existen incentivos importantes para inversionistas conscientes del impacto de sus inversiones en el medio ambiente. La financiación sostenible o basada en criterios ambientales, sociales o de buen gobierno (financiación ASG), es una importante herramienta en la transformación de la economía global hacia la reducción de emisiones de carbono.
El esquema es simple. Los inversionistas institucionales (por ejemplo, fondos de inversiones o bancas multilaterales) han incorporado objetivos y metas ambientales y de sostenibilidad para sus portafolios. Esto implica que más recursos se destinan actualmente a aquellas compañías que voluntariamente adoptan planes de manejo ambiental o sostenible. Así, se abarata el costo del capital para estas empresas, mientras que aquellas que no tengan planes de manejo ambiental y sostenible van a tener dificultades accediendo a recursos externos.
El sistema financiero y la estructura legal que lo soporta proporcionan herramientas y estrategias útiles para distintos actores de la economía en la transición hacia una industria cada vez más verde. Por ejemplo, en diciembre del 2021 el Grupo Excala fue la primera empresa del sector real en emitir un bono vinculado a objetivos de desarrollo sostenible. Con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, esta compañía logró conseguir recursos frescos con una amplia flexibilidad en su uso, gracias al compromiso que asumió de cumplir con sus metas de sostenibilidad.
Ante la crisis climática, debemos ser más ambiciosos en la adopción de un modelo de capitalismo consciente. Los esquemas de financiación sostenible constituyen actualmente el mecanismo más eficiente para balancear las necesidades de desarrollo económico con la reducción de la contaminación global.
