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Por: Eliécer Morales* y Ana María Malagón**

Esperamos que el próximo presidente asegure la formulación e implementación de la política pública con protagonismo campesino. | Foto: Nathalia Aguilar, EFE

En la tarde del martes 15 de marzo, rodeados por la calidez de las banderas campesinas y rindiendo memoria a los líderes y lideresas asesinados, hicimos entrega a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad del informe “Guerra contra el campesinado. Dinámicas de la violencia y trayectorias de lucha (1958-2020).

La presentación del informe se dio a viva voz de las organizaciones campesinas, quienes señalaron una realidad que necesita ser contada: la principal víctima del conflicto armado es el campesinado. En el espacio se expusieron siete patrones de violencia que se dieron en contra del campesinado y las recomendaciones para superar las violencias expuestas. En la presente columna nos centraremos en la recomendación dirigida a avanzar y garantizar la participación de las organizaciones campesinas en la política pública para esta población, la cual fue pactada en 2019 fruto de sus luchas. Hoy, después de tres años de la promoción de esta política y cerca de terminar el actual periodo presidencial, no hay avances en los tiempos planteados y se ha excluido a las organizaciones que se movilizaron para exigir su construcción.

No es la primera vez que las organizaciones campesinas reclaman por medidas especiales para esta población

Esta lucha ha sido larga y ha generado sacrificios para el campesinado. Las organizaciones campesinas han buscado insistentemente dialogar con el gobierno colombiano para crear mecanismos que ayuden a superar los déficits de participación, representación y redistribución. Muestra de estos esfuerzos son los encuentros logrados con el gobierno colombiano tras el Paro Nacional Agrario en 2013 y el proceso de exigibilidad jurídica que inició la Asociación Campesina de Inzá Tierra Adentro “ACIT” en 2014, cuando esta pequeña organización campesina del oriente del Cauca tuteló al Estado Colombiano para que el campesinado fuera contado en el Censo Nacional Agrario de ese mismo año. Lamentablemente, no lograron en ese momento la tutela de sus derechos.

Pero esto no detuvo su lucha. Nuevamente en 2018, en la juntanza campesina y con el acompañamiento de Dejusticia, las organizaciones congregaron a 1.770 campesinos y campesinas en una nueva tutela. En esta ocasión se logró el reconocimiento de la situación de desigualdad material del campesinado y se instó a la creación de instrumentos para conocer estadísticamente a esta población. Con la Orden emitida por el Tribunal Superior del Distrito se crearon mesas técnicas y escenarios donde expertos y expertas definieron a este sujeto en cuatro dimensiones: territorial, organizativo, cultural y productivo. Estas definiciones y el trabajo de exigencia también permitió que el DANE, por primera vez, incluyera preguntas de autorreconocimiento campesino con un resultado contundente: el 28,5% de los colombianos mayores de 15 años se autoidentifican como campesinos y viven en comunidades campesinas. 

A pesar de los avances, las organizaciones campesinas seguían sin una política pública para esta población. Fue con la Minga por la defensa de la vida, el territorio la democracia, la justicia y la paz de 2019, y después de varias semanas de negociación tras esta, que las organizaciones campesinas del Cauca (PUPSOC, CIMA, FENSUAGRO, CNA) lograron que el gobierno ordenara la creación de una política pública nacional y participativa para el campesinado (artículo 253 del Plan Nacional de Desarrollo).

Meses después, con el ánimo de avanzar en la formulación de la política pública, las organizaciones campesinas elaboraron la propuesta del “Pacto por la equidad rural y el bienestar de la población campesina 2018-2022”. Este pacto, enviado al Departamento Nacional de Planeación (DNP) y a Presidencia, es una propuesta para la formulación de la política pública en ocho líneas fundamentales para el desarrollo de la vida campesina, las cuales incluyen formalización, adecuación institucional y acceso a derechos.  Parte de estas agendas también se presentaron en abril de 2020 en la carta presentada por  47 organizaciones campesinas en el marco de la pandemia y en la Audiencia Pública por la Tierra y el Territorio.

En las últimas encuestas aplicadas por el DANE hemos avanzado en conocer quiénes son las y los campesinos, dónde viven, en qué condiciones de vida se encuentran, cómo se autoreconocen políticamente y otros avances. Con tristeza, las organizaciones campesinas han observado que esta información no ha sido incluida en los mínimos avances reportados por la institucionalidad encargada de la política pública. Por su parte, las organizaciones han remitido insistentemente derechos de petición al Ministerio de Agricultura, Interior y DNP, incidiendo con propuestas de metodologías incluyentes, con participación reforzada y enfoques diferenciales. Ante todo, han manifestado la importancia de que esta política sea marco y no sectorial.

Durante los años 2020 y 2021, las organizaciones campesinas se han mantenido firmes en la exigencia de participación en la política pública y la celeridad en su cumplimiento. En estos años se hizo envíos de comunicaciones oficiales a las instituciones encargadas, las cuales incluyeron propuestas concretas de marco normativo y participación para avanzar en el diseño, formulación e implementación de esta política pública con urgencia; sin embargo, las respuestas sobre los avances han sido vagas. A las organizaciones campesinas les preocupa que esta política se convierta en un programa que nuevamente reduzca al campesinado a una sola dimensión: la dimensión productiva.

Un llamado a la participación integral de las organizaciones campesinas en la política pública

La política pública para el campesinado, empleada de forma participativa y vista como política marco nacional, no sólo disminuye la deuda histórica del Estado colombiano con esta población (cerca del 30% del total nacional), también aporta al crecimiento y desarrollo del país. Como se ha demostrado, incluir mecanismos deliberativos en la acción pública abre oportunidades para mejorar la implementación de las políticas públicas y garantizar el fortalecimiento de la democracia en el país.

Por ahora este gobierno se va en deuda con el campesinado y, por su parte, las organizaciones campesinas seguirán exigiendo el cumplimiento de los acuerdos y la construcción conjunta de la política pública  del campesinado. Así lo hicieron en la presentación del informe en donde una vez más insistieron en el potencial reparador de esta política, en beneficio de la principal víctima del conflicto armado. Esperamos que el próximo presidente asegure la formulación e implementación de la política pública con protagonismo campesino.

– –

*Líder campesino del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente PUPSOC

** Investigadora de Dejusticia

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Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad / Center for the Study of Law, Justice and Society. We work to promote human rights in the Global South.

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