Por Adriana Torres*
En una coyuntura social como la que hemos vivido en los últimos días, hablar de la incorporación de nuevos impuestos podría generar mucho ruido, incluso algunos lo podrían llamarlo cínico. Sin embargo, si el Ejecutivo se toma en serio el llamado que hace la población colombiana, debe buscar presentar una nueva reforma que sea en clave de derechos. Entonces, el impuesto a las bebidas endulzadas no puede, ni debe, quedar fuera de la nueva propuesta que se presentará, pues, como ya lo han adelantado expertos, este no solo tendría impactos en el recaudo en el corto plazo, que tanto se necesita en esta coyuntura, sino también en la salud pública. Ambos temas claves en este momento.
En este contexto, distintas voces han hecho mención a la urgencia de generar más ingresos que permitan llenar el vacío fiscal al que se enfrenta el país en este momento y subsanar la caída de 6,8 % del producto interno bruto (PIB) en 2020. Entonces, ¿por qué no incorporar el impuesto a las bebidas endulzadas cuando esta es una medida que además de generar ingresos (hasta un billón de pesos en el primer año) nos ofrece beneficios de salud pública, como la reducción de la obesidad, reducción en el ausentismo laboral, entre muchos otros? Si ya desde el Ejecutivo se habló de eliminar la ampliación de la base gravable de renta a personas naturales y buscar recursos para atender las necesidades más urgentes ¿por qué ignorar medidas que a corto y mediano plazo podrían tener impactos directos en la población que permitan atender necesidades de salud pública?
En Colombia, de acuerdo con el índice de masa corporal, uno de cada dos adultos entre 18 y 64 años en el país sufre de sobrepeso u obesidad. En concreto, el 56 % de los colombianos en este rango de edad se ven afectados por estas condiciones crónicas. Las cardiopatías, la diabetes, los trastornos del aparato locomotor y algunos tipos de cáncer son solo algunas de las enfermedades relacionadas con el exceso de peso. Dichas enfermedades matan a 41 millones de personas cada año en todo el mundo, lo cual representa el 71 % de todas las muertes; cerca del 40 % de ellas fueron antes de los 70 años, concentrados fundamentalmente en países con ingresos bajos y medios.
En este marco, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana para la Salud son claras, los Estados deben adoptar una política fiscal que contribuya a la disminución del consumo de las bebidas endulzadas, pues el impuesto, cuando es adoptado en conjunto con otras medidas, es un instrumento efectivo para enfrentar el sobrepeso y la obesidad, además de incrementar el consumo de sustitutos más saludables como lo son el agua y las frutas. Así, estimaciones proyectan que un impuesto del 24 % a estos productos podría reducir la obesidad en los hogares de ingresos más bajos entre un 5 % a un 10 %, y en los hogares de ingresos medios entre 5 % y 8 %.
Ahora bien, ¿cuáles serían las ventajas de este impuesto además de reducir el consumo? La primera, sería el recaudo que se obtendría para financiar el sistema de salud, ya que aunque el impuesto no debería tener fines recaudatorios a largo plazo, en la actual crisis sanitaria donde el país registra 75.627 muertes por covid y casi 3.000.000 de casos, el impuesto a las bebidas endulzadas podría recaudar hasta un billón de pesos para el sector salud durante sus primeros años de implementación. Segundo, representaría un ahorro al Estado, ya que serían menos los gastos en pacientes con enfermedades relacionadas a la mala alimentación, que en el 2016 tuvieron un costo de 25 billones de pesos.
Finalmente, la industria en Colombia cuenta con numerosos beneficios tributarios, aproximadamente 200 exenciones de impuestos. El impuesto a las bebidas endulzadas, además de mostrar una intención de ofrecer una reforma fiscal que realmente está pensada para beneficiar la salud de todas y todos los colombianos, junto con otras medidas, daría un mensaje de compromiso con la salud pública, ayudando al Gobierno Nacional a recuperar un poco de legitimidad frente a la opinión pública.
* Investigadora de Dejusticia
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