La muerte de la voz de la verdad en Colombia: Garzón y Moreno, quijotes de la información
«A propósito del día del periodista, antes que una felicitación hagamos memoria por la dignidad.»
El reciente escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional de Protección UNP en la contratación de vehículos blindados y la captura de un escolta transportando drogas en un vehículo asignado a la entidad hace parte de las irregularidades que se han denunciado públicamente en una institución que fue creada fundamentalmente para proteger a líderes sociales amenazados, periodistas y poblaciones vulnerables del país ante los hechos de violencia que ponen en riesgo sus vidas.
El periodista Rafael Moreno, asesinado en la noche del 16 de octubre del 2022, se produjo después de haber solicitado en varias ocasiones a la UNP que se reforzara su seguridad por las constantes amenazas que recibía en medio de una investigación periodística donde indagaba hechos de corrupción y minería ilegal que involucraba a un Senador de la República en Monte Líbano. Su grito desesperado fue ignorado por los funcionarios del Gobierno Nacional y su sentencia de muerte ejecutada por sicarios a sueldo.
Un mes antes, en septiembre del 2022, Moreno había denunciado el desmonte de su esquema de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección entidad que estaba a cargo del hoy recién nombrado Magistrado del Consejo Nacional Electoral, Alfonso Campo.
Pareciera que el blindaje de algunos altos funcionarios del Estado es convertirse en Magistrados para así evadir la justicia. El medio digital de Moreno en una publicación después de su asesinato lamentó que se apagara por siempre la voz de la verdad. Sin duda, este hecho hace evidente que Colombia no solo es un país de mentiras, impune e injusto, sino, además, es un territorio donde algunos asesinos caminan tranquilamente por las calles mientras inocentes derraman sangre por defender sus ideas, indefensos, mercenarios de la comunicación como Rafael Moreno o Jaime Garzón, idealistas que pusieron por encima de su propia vida la ética del oficio de informar.
Augusto Rodríguez, actual director de la UNP, el pasado 25 de enero entregó información clave a la Fiscalía General de la Nación para ampliar denuncia de hechos de corrupción al interior de la entidad. Resulta inaceptable que los vehículos que deberían estar asignados para proteger la vida de líderes sociales, ambientalistas y periodistas estén al servicio de carteles del narcotráfico. Las evaluaciones de riesgo son manipuladas y la realizan muchas veces contratistas inexpertos que simplemente siguen órdenes de los superiores que deciden a dedo a quien brindar seguridad.
El pasado 12 de enero la Dirección Nacional de Investigaciones especiales de la Procuraduría General de la Nación abrió formalmente investigaciones que involucran a servidores actuales y ex funcionarios de la institución. Entre los involucrados se encuentra Ronald Rodríguez Rozo, el mismo que le negó la seguridad al periodista Moreno, asesinado en Córdoba, y quien es investigado por pertenecer a una red de narcotráfico al interior de la entidad. Hasta el momento el Magistrado Alfonso Campo no ha sido llamado por la justicia.
Según EurolatPress Fundación Internacional para la Libertad de Prensa con sede en Paris Francia Al menos 172 periodistas fueron amenazados en Colombia en el año 2022. La violencia contra periodistas va desde los asesinatos hasta el acoso en línea, pasando por atentados, amenazas, agresiones y exilio a los que son sometidos los reporteros en Latinoamérica.
La tercerización en contratación de escoltas y vehículos no solo es un canal de corrupción también hace que el Estado no tenga responsabilidad sobre los esquemas de personas amenazadas, puesto que toda la responsabilidad recae sobre operadores privados que en la mayoría de los casos son empresas de militares retirados que ofrecen estos servicios, lo que es un problema para las personas protegidas, pues en muchos casos hay espionaje y hostigamiento con quienes requieren la protección del Estado.
Los vehículos presentan fallas mecánicas y todo lo anterior es responsabilidad de terceros. La protección del derecho fundamental de la vida no puede ser un negocio, sin embargo, el Congreso de la República guarda silencio, pues es mejor comer callado; los congresistas se benefician de vehículos de gama alta y escoltas así que este es un tema vetado en la plenaria.
A lo anterior se suma la inoperancia de la Fiscalía general de la Nación para esclarecer hechos de amenazas, atentados y asesinatos de periodistas. Muchos casos quedan en impunidad y la mayoría de los procesos son archivados por vencimiento de términos. Por todo lo anterior, hoy, en el día del periodista, el mejor regalo que se nos puede dar al gremio en el país es la justicia, reparación y protección real con entidades que cumplan con su misión, proteger la libertad de expresión y la vida de quienes ejercemos el difícil oficio de informar en medio de tantas adversidades.
Finalmente, A propósito del día del periodista, antes que una felicitación hagamos memoria por la dignidad.
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