La JEP, la nueva arma de las Farc

Por: Natalia Bedoya 

En medio del escándalo de corrupción de la justicia que involucra a magistrados que han perseguido durante años a miembros de la oposición del gobierno, el presidente Santos expidió el Decreto 1592 que habilita, antes de ser aprobada por Ley Estatutaria, algunas funciones de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Quizás ya tan usual como ilegítimo, el presidente Santos nuevamente usurpa las competencias del Congreso de la República, pone en funcionamiento una justicia especial al servicio de las Farc, rompiendo con el sistema de pesos y contra pesos, invadiendo las funciones de la rama legislativa, por medio de una vigencia transitoria de un decreto que vulnera a todas luces la Constitución, sin un marco normativo que lo habilite, Juan Manuel Santos pone a funcionar el arma letal que otorgará impunidad a las Farc y servirá como instrumento para perseguir a la oposición democrática de nuestro país.

En un afán por cumplirle  a las Farc, Juan Manuel Santos,  muy al estilo de su homólogo Nicolás Maduro, utilizará la Justicia Especial para la Paz para reprimir a todos aquellos que nos oponemos a la claudicación de la democracia ante la voluntad de las Farc.

Exigir justicia, cárcel para responsables de delitos de lesa humanidad, no elegibilidad política y no prebendas económicas superiores a las de cualquier colombiano que siempre ha actuado bajo la legalidad, es quizás para las Farc y el gobierno, un delito, que debe ser objeto de persecución por parte de la nueva justicia al servicio del grupo que delinquió y sigue delinquiendo a través de su brazo armado, que pretenden hacer pasar por disidentes.

Sin ética y moral, se constituye la baraja de magistrados que conformarán la Justicia Especial para la Paz, hombres y mujeres con sesgos políticos, declarados enemigos del único partido de oposición, fue quizás el común denominador para la escogencia de los honorables cómplices del maltrato a la Constitución y la normatividad vigente.

De treinta y ocho magistrados de la JEP, veintiocho tienen cuestionamientos, trece han sido empleados o contratistas del gobierno Santos, su imparcialidad y transparencia en sus decisiones estarán condicionadas, sin duda por los favores políticos que deben al actual mandatario. Cuatro han sido parte de colectivos de abogados dedicados a perseguir a opositores del gobierno actual e integrar testigos falsos, dos han declarado públicamente su odio personal contra el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, entre ellos el señor Rodolfo Arango, quien llama paramilitares a los miembros del Centro Democrático.

Magistrados llenos de odio y con ganas de seguir perpetuando la persecución política que ha soportado la oposición en el gobierno de Juan Manuel Santos. Si el carrusel de corrupción de la justicia ordinaria ha puesto en jaque la legitimidad de nuestras instituciones, no me imagino como serán los fallos de los Magistrados de la JEP.

Pero aún más grave, dentro de las funciones que habilitó de manera ilegítima el Presidente Santos, se encuentra la posibilidad de recibir informes de ONGs afines a la ideología de las Farc, un peligro para los colombianos que defendemos la institucionalidad y el Estado Social de Derecho.

Usted, ciudadano del común que votó por el NO en el plebiscito, que defiende los principios democráticos, que defiende la legitimidad de las instituciones arraigada en la división de poderes, usted que defiende una paz sin impunidad, con justicia y sin prebendas políticas a las Farc, fácilmente puede ser declarado como ¨enemigo de la paz¨ por una ONG para que se le abra una investigación que puede conllevar a ser juzgado por los magistrados de la  Justicia Especial para la Paz.

La JEP, es la nueva arma de las Farc, un arma avalada por el Presidente de la República, pero rechazada por el pueblo soberano.

Twitter: @natiibedoya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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