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En el mundo de las reestructuras financieras es muy común solicitar “forbearance” a los acreedores al inicio de la negociación. Este forbearance es simplemente el compromiso de acreedores de quitar cualquier vencimiento de capital o intereses que se produzca durante los próximos 60 o 90 días (o más, si así se acuerda), tal de dejarlo como una nueva obligación a este último vencimiento o bien, transferir estos capitales a la cola de una obligación que ya está estructurada. El objetivo es normalmente evitar pagos de capital e intereses durante este período y conjuntamente con ellos, evitar también acciones judiciales de cobranza por parte de los acreedores.
Esta herramienta también se utiliza en oportunidades en las que un determinado deudor está viviendo una situación puntual de caja que va a ser rápidamente corregida. Por ejemplo, si por causa de un incendio, robo o cualquier otro evento la empresa en cuestión debe parar producción por un tiempo definido y por tanto durante este período no va a estar en condiciones producir y vender normalmente, afectando el flujo de ingresos de la compañía. En este caso, la solicitud de un período de “forbearance” mientras se corrija esta situación sería muy recomendable. Igual cosa ante una situación de mercado que se espera se corrija en un corto período de tiempo.
De cara a la crisis económica que estamos viviendo hoy en día, el forbearance ha sido masivamente utilizado, no solo en Colombia, sino que, en toda la región, como un mecanismo que permite manejar al menos temporalmente una avalancha de impagos muy repentina. El problema es que la banca está aplicando una solución temporal a un problema esencialmente de bastante más largo plazo.
Hay bastante acuerdo entre economistas que esta crisis, no tendrá una recuperación en “V” sino que será probablemente en forma de “U”, quizás en forma de “U” alargada dado que el recupero a una situación de pre-crisis podría tomar todavía más de 2 años en evidenciarse. Entonces soluciones de corto plazo no van ser efectivas para un problema de mediano o largo plazo.
Durante este período de forbearance, las instituciones financieras debiesen estar trabajando conjuntamente con sus clientes en encontrar una solución estructural de sus deudas consistente con el ciclo de recuperación esperado del negocio y la economía, sin embargo, todo indica que este trabajo no se está haciendo al menos con la rapidez que requiere este problema.
Sin duda, el programa PAD (Programa de Acompañamiento de Deudores) que ha impulsado la Superintendencia Financiera de Colombia a través de la circular externa 022, va en la línea correcta en términos de ofrecer a deudores PYME una alternativa de refinanciamiento de sus deudas con cada institución financiera. El principal problema de este programa será que cada institución financiera ofrecerá soluciones a su medida, que eventualmente sumadas, no se ajusten a la capacidad de pago del deudor. Necesariamente, el éxito del programa requiere de un intermediario que pueda coordinar los diversos acreedores financieros con el deudor.
Sin duda que las instituciones financieras van a evitar generar grandes morosidades en sus carteras de crédito, por lo cual muy probablemente van a seguir utilizando el forbearance como una herramienta de corto plazo para el manejo de morosidad de cartera. Sin embargo, llegará el momento en el cuál a todos estos deudores que les han venido pateando recurrentemente sus vencimientos de capital e intereses deban reestructurar todas sus acreencias de forma consistente con el nuevo flujo de caja de la compañía.
El problema de un uso indiscriminado del forbearance es para los inversionistas de las instituciones financieras, dado que su uso puede enmascarar a deudores económicamente insolventes, y por esta vía no reconocer pérdidas de cartera inevitables bajo cualquier otro escenario.
En mi opinión, se debe vigilar atentamente el uso de forbearance como herramienta de gestión de cartera con el objetivo de evitar precisamente enmascarar deudores insolventes. El uso de esta herramienta debe venir acompañada de un esfuerzo por lograr una reestructuración de acreencias consistente con el flujo de caja esperado de la empresa.
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