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Todos sabemos que Colombia es uno de los primeros países en el ranking de desplazamiento forzado. Millones de personas malviviendo fuera de sus territorios, despojadas de sus bienes, violentadas en su dignidad. Todo ello es tan recurrente y cotidiano que a pocos escandaliza, y peor aún, que conmueve menos que el gesto, cualquiera que sea,  de un jugador de la Selección Colombia en un partido de fútbol.

Sin embargo mientras escribo estas líneas y mientras usted las lee, 23 mil personas están huyendo de sus hogares en alguna parte del mundo víctimas de una grave violación de los derechos humanos, en total 45 millones de personas hasta el 2013. Hoy 20 de junio es el día del Refugiado. A pesar de que Colombia es el octavo país en el mundo que genera exiliados poco o nada se sabe de esa diáspora silenciosa que lo deja todo para empezar de nuevo al otro lado de las fronteras nacionales.

Según ACNUR (Alto Comisionado de la ONU para Refugiados) sólo en 2012 se contabilizaron en países de acogida 394.100 casos de refugiados/as colombianos. Principalmente en Ecuador, Venezuela, Panamá, Estados Unidos y Europa. En Ecuador por ejemplo hay 54.600 personas de nacionalidad colombiana amparadas por la protección internacional, en Venezuela 203 mil personas, es decir, que se les otorga el asilo por haber sido víctima de algún tipo de persecución o violación a sus derechos fundamentales. 282 mil personas más en condiciones similares pero sin el estatuto concedido.

No existen cifras exactas del fenómeno del exilio/refugio, entre otras razones porque la mayoría de personas que podrían ampararse en la protección internacional no saben que existe ésta figura jurídica, no saben que son víctimas del conflicto y que tienen derecho al reconocimiento de su estatus de refugiado/a.  La mayoría de estas personas viven en la clandestinidad o bajo situaciones administrativas diversas (como residentes), muchas de ellas no pasan por los circuitos del cuerpo consular y se pierden del ojo avizor del Estado.

El gobierno colombiano no ha sabido nunca como abordar el fenómeno migratorio, durante años fue simplemente un sector del cual recibió divisas que correspondían al 4% del PIB. Ahora lo tiene que hacer porque dentro de esa comunidad que sobrepasa los 4.5 millones de personas en el exterior hay un alto porcentaje que son víctimas directas o indirectas del conflicto armado.

Puedo decir  por conocimiento de causa que la diáspora colombiana en el exterior sí es una consecuencia del  conflicto armado, bien sea por causas ligadas a la violencia armada o bien por causas sujetas a violencias de tipo económico, culturales, étnicas, de identidad sexual y género o medioambientales.

Cuál es la responsabilidad del Estado en el desplazamiento transfronterizo. A qué niveles y cómo se debe emprender un proceso de reparación y, cuando proceda, de retorno. Quienes y a qué nivel pueden definirse como víctimas. Son preguntas que deben ser planteadas en la negociación de la Habana, discutidas con la comunidad colombiana en el exterior e implementadas en los acuerdos que surjan de la negociación.

 Firmado un acuerdo se acaba el Asilo

ACNUR recomendó para el caso de Angola que el 30 de junio de 2012 se rescindiera el estatus de asilados/as a sus nacionales en otros países toda vez que las causas que generaron ese desplazamiento se habían eliminado. Lo mismo pasó con Rwanda a la cual se le fijó el plazo desde el 30 de junio de 2013.

Es cierto que en el caso colombiano la firma de un acuerdo de paz no acaba con uno de los fenómenos que más desplazamiento interno y externo ha generado, el paramilitarismo. Efectivamente en el caso colombiano ACNUR no podría hacer ésta recomendación inmediatamente se firme un acuerdo en la Habana. Sin embargo diseñar un proceso de reparación, hacer un plan de retorno y acordar con los países de acogida planes de integración local (para aquellas familias que no desean ya regresar) de cara al escenario del post conflicto toma mucho tiempo y recursos, urge comenzar ya.

El mejor homenaje que se le puede hacer a esa Colombia que se encuentra tristemente exiliada es que las negociaciones de la Habana sean el punto de partida para su reconocimiento político, que el gobierno nacional emprenda las medidas oportunas para el reconocimiento social, cultural y económico y finalmente que promuevan un retorno digno. De lo contrario, quienes bajo la intimidación quisieron vaciar a Colombia de una parte de su gente habrían ganado en sus horrendas intenciones de aplicarnos su ley del destierro.

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