RETOS PARA EL NUEVO FISCAL

Humo blanco fue el que por estos días se dio en la Corte
Suprema de Justicia, con la elección del nuevo fiscal general de la Nación,
Eduardo Montealegre, después de la posterior incertidumbre que se generó al
anularse la elección de la ex fiscal Vivian Morales, por cuanto se temía que
nuevamente la Corte tomara una postura politizada y sacrificara la política
criminal del país, lo que evidentemente era difícil que sucediera, porque la
Corte S uprema buscaba  limpiar  su nombre y quedar bien ante la sociedad
siendo eficiente y eficaz a la hora de la respectiva elección.

Sin lugar a dudas, uno de los elementos que más
pesaron del candidato elegido fue la experiencia y especialización que este
tiene en materia penal, lo que significa mucho para dirigir, juzgar y acusar
los casos de mayor impacto social.

Por otro lado, es de resaltar la importancia y el
valor que el Fiscal electo dio a los Derechos Humanos en su ponencia de presentación
ante los magistrados de la Corte, por cuanto la coyuntura nacional exige que un
ente acusador e investigador como la Fiscalía le de la importancia necesaria a
este tema, logrando ante todo la protección de derechos fundamentales como la
libertad, que por estos días, es recurrente que los jueces de control de garantías
concurran frecuentemente a utilizar esta medida preventiva, por considerar un
peligro para la sociedad al sujeto o por posibilidad de fuga del mismo.

Además, se requiere, como lo señaló Montealegre, incorporar
avances del moderno derecho penal internacional, y lograr que el sistema penal
acusatorio que prima actualmente genere confianza a la sociedad.

Es claro que Montealegre se juega mucho frente al
país, por la gran cantidad de procesos problemáticos y «politizados» como en el
caso del desfalco a la salud y la DIAN, el carrusel de contratación a lo largo
y ancho del país, chuzadas, Agro Ingreso Seguro, entre muchos otros.

Sumamente es importante decir que el periodo del nuevo
fiscal será institucional y no personal, es decir estará en el cargo hasta el
31 de julio de 2013, por consideración de la Corte.

Finalmente, se requiere que el nuevo Fiscal General de
la Nación demuestre independencia frente a las demás ramas de poder, brinde
seguridad jurídica con sus fallos y contribuya a una mejor concepción y
desarrollo de la reforma a la justicia constituyéndose en activo proponente y
no simplemente en un critico o indiferente total, porque está en juego el
futuro de la justicia en un país con gran congestión judicial e impunidad en
medio de delincuentes de calibre (los de armas tomar y los de cuellos blanco) y
otros pocos indiciados, que contribuyen a un gran retraso social y generan
mayores índices de violencia y caos institucional y cultural.

En época de convulsión penal, sesgos politizados de la
justicia, rezagos de impunidad y parcialización arcaica y ridícula en torno a
la figura de Álvaro Uribe y sus secuaces, se requiere una Fiscalía que como bien lo expresa la
Constitución en su Artículo 250 adelante la acción penal y realice
investigación de los hechos que revistan las características de un delito sin,
ante todo, renunciar, suspender e interrumpir la persecución penal.