El contrabando destruye la economía colombiana

El contrabando es uno de los peores enemigos de Colombia ya que destruye nuestra economía con una falsa competencia que no paga impuestos, acaba con el empleo formal y genera violencia.  

Se calcula que al año el país deja de recibir más de $6.000 millones de dólares por este delito. Algunas voces conservadoras hablan de 1.000.000 empleos formales que se dejan de generar por esta práctica ilegal, cifra que puede ser superior si se tiene en cuenta el empleo indirecto. Pero lo más grave es que además de impregnar de corrupción a la sociedad, al parecer el contrabando está financiando grupos al margen de la ley, algo que hasta el momento no se había contemplado con suficiencia.

La ley anticontrabando expedida hace algún tiempo pareciera acercarse a esta realidad pero realmente es muy ingenua y benévola frente a las constantes burlas que los contrabandistas le hacen al Estado. De hecho, las autoridades han detectado que estas organizaciones criminales tienen alcances internacionales y que son muy poderosas pues se especializan en actividades irregulares para lucrarse a costa del progreso de Colombia y de las naciones hermanas.

Se sabe que con la implementación de dicha ley se incrementaron los años de cárcel por introducir mercancías ilegales al territorio colombiano cuyo valor comercial supere los 32 millones de pesos y que las penas ya no serán de 3 a 5 sino de 4 a 8 años. También se sabe que comercializar gasolina en cantidades superiores a 80 galones dará como mínimo 8 años de cárcel y que los funcionarios públicos que faciliten el contrabando, pagarán penas de entre 8 y 16 años.

Lo que habría que preguntarse es si ahora los contrabandistas ingresan la mercancía ilegal en paquetes cuyo valor no supera los 32 millones de pesos o si trafican con cantidades menores a los 80 galones de gasolina. Ese es uno de los problemas de esta ley pues la astucia de los contrabandistas suele ser más ágil que las medidas correctivas del Estado.

Y es que no sólo debemos contemplar el contrabando de los Sanandresitos que distribuyen productos como licor no estampillado, perfumes, tenis, autopartes  y electrodomésticos; o el de los locales de Unilago-Bogotá que venden computadores remanufacturados con piezas de dudosa procedencia. Realmente este flagelo es mucho mayor e involucra a casi todos los productos de consumo masivo e industrial que se comercializan en el país. No obstante, es el tráfico de gasolina, la minería ilegal y el blanqueo de dinero lo que más preocupaciones despierta pues de acuerdo a las autoridades genera corrupción en las altas esferas y financia grupos al margen de la ley. Algo lo que deriva en otros problemas que afectan al país.

Lo cierto es que cuando nos refiramos al contrabando no sólo debemos pensar en los Sanandresitos o en Unilago pues esta actividad está presente en todos los sectores de la economía nacional e incluso en muchas industrias que aunque aparentemente cumplen con la ley, adquieren de forma irregular materia prima e insumos químicos que posteriormente utilizan en sus procesos. Asimismo, diversos establecimientos de comercio del sector formal adquieren productos de consumo masivo de dudosa procedencia y de forma posterior, los distribuyen en los distintos mercados nacionales. Una práctica conocida como contrabando técnico la cual hasta el momento no ha sido ejemplarmente sancionada.

Otro de los problemas es que algunos consumidores ven con buenos ojos el contrabando pues consiguen productos a menores precios de lo que pagarían en un comercio formal. No obstante, se están engañando a sí mismos ya que además de adquirir un producto de dudosa calidad, de incierta procedencia y sin garantía alguna; con los ingresos que el país deja de percibir por ese delito se están dejando de construir centros educativos, centros de salud y unidades de vivienda al igual que se están dejando de realizar otras obras públicas como la pavimentación de calles, sistemas de alcantarillado, sistemas eléctricos y demás.

Sin embargo, también hay que reconocer que muchos ciudadanos no están conformes con el manejo que tienen los impuestos que pagan ya que son evidentes los altos niveles de corrupción que históricamente han tenido nuestros gobiernos. Razón por la cual se ha creado una “cultura del no pago o de la evasión” la cual le hace mucho daño a Colombia.

Otro factor a analizar son los altos precios de los productos versus los bajos salarios que devengan los colombianos. No es un secreto que cualquier producto ya sea un automóvil, un smartphone, ropa, vivienda, alimentación, transporte… es más costoso en Colombia que en Estados Unidos o que en Europa a pesar de que los colombianos ganan mucho menos que cualquier ciudadano de esas regiones del mundo. Algo que por obvias razones incentiva este flagelo.

Tampoco se puede desconocer que aunque con la implementación de los TLC los grandes comerciantes adquieren mercancías a menores costos en el exterior, no ofrecen menores precios a los consumidores. De hecho, sólo los grandes distribuidores y exportadores se han beneficiado de estos tratados pues de forma egoísta, avara y casi corrupta; siguen vendiendo a los precios de siempre e inclusive los han incrementado en perjuicio de los ciudadanos. Esto a pesar de que escasamente le pagan un SMLV a sus colaboradores.

Frente a tal situación, el país debe debatir ampliamente este fenómeno y ver mucho más allá del simple contrabando pues es claro que implica toda una pseudo-cultura económica que debe ser erradicada por el bien de Colombia. De esta manera, se deben realizar distintas campañas para que los consumidores y las empresas entiendan la importancia de pagar impuestos y de tener una economía legal aunque también se debe procurar una mejor administración de los recursos públicos de manera que se castigue drásticamente a quienes se apropian de la riqueza de los colombianos.

Estamos ante un proceso de madurez económica en el cual el Estado, los consumidores y las empresas deben tomar consciencia de la importancia de pagar impuestos y realizar todas las actividades económicas de forma legal. Proceso en el cual también se debe tomar conciencia del inmenso daño que el contrabando le hace a Colombia además de la economía informal, los bajos salarios, los altos precios de los productos y la corrupción de los funcionarios públicos.