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No es nada extraño el dolo pasivo con el que actúan los congresistas y el gobierno al hablar de ordenamiento territorial. Hoy nuevamente el proyecto de ley parece quedarse en el tintero.
Por Javier Echeverri
No es quizá la intención deshonesta de despotricar del gobierno de la Unidad nacional lo que me lleva a escribir este artículo, sino tan sólo un llamado a la conciencia de todos los colombianos, quienes hemos dejado de lado un tema tan trascendental para Colombia como es el Ordenamiento territorial. Es quizá un tema «ladrillo», pero no lo es tanto si pensamos en la interdisciplinariedad que debe asistir a los factores del proyecto de ley que, hoy, a los casi veinte años de la constitución del 91, intenta suplir los vacíos producto de la falta de esta norma, trascendental en el ordenamiento jurídico colombiano.
El tema no es nada sencillo, y por eso académicos nacionales de gran talante, como el Profesor Orlando Fals Borda dedicaron a él muchas horas de su tiempo, diseñando, repensando nuestra geografía, haciéndola más cercana a nosotros y a la vez, más competitiva ante un mundo en el cual el centralismo paquidérmico poco tiene que ofrecer y, por el contrario, son las regiones competitivas las que se insertan a la dinámica de la globalización. Por ello no resulta nada extraño que lo local y regional sean hoy el tema propio de las discusiones globalizantes, más que lo «nacional», figura decimonónica que cada vez pierde adeptos en un mundo en que las relaciones entre Soho y el Chicó son más fuertes y veloces que entre Usaquén y Soacha.
El tema del ordenamiento territorial es una cuestión que trasciende el derecho (el cual se radica esencialmente en la distribución de competencias entre la nación, los departamentos, los municipios, y eventualmente las regiones y las provincias) y forja un espectro amplísimo donde la geografía, la sociología, la política y demás ciencias sociales y del medio ambiente juegan quizá el papel predominante en temas donde en verdad debe haber ánimo de Unidad. Pero no unidad entendida como esa homogenización liderada desde Bogotá, tanto como aquella necesidad de identidad propia de las regiones colombianas, de identificación de necesidades propias y de gestión de sus propios intereses, discurso completamente distinto al que se emite hoy desde palacio, pero más próximo a lo que predica nuestra carta política. La identidad de las regiones, de las provincias, de eso que nos es propio, es precisamente lo que permitirá que en lo local y regional avance, siendo la Nación el gran soporte articulador de todas las redes de trabajo que sobre lo mundial y lo local se proyectan.
No obstante, el proyecto de ley que hoy, como si fuera raro, es el remanente de la agenda, no hace nada distinto a parafrasear la constitución, NO a desarrollarla, y más grave aún, tiende a legitimar esquemas administrativos más centralistas aún que lo que hoy dispone la misma constitución. La Unidad Nacional al parecer nos lleva por caminos centralizadores que claramente afrentan contra la autonomía que a los departamentos municipios provincias y regiones les quiso dar la constitución del 91. Ello radica esencialmente en dos razones que brevemente paso a exponer.
La primera es una razón eminentemente política: los inamovibles departamentos creados a principio del siglo XX, con vocación a cada vez más e irracionalmente fragmentarios de la geografía nacional (como es el evidente caso de Sucre, Risaralda y Quindío), son el producto de la necesidad de control electoral sobre el territorio. En la medida en que los departamentos representan circunscripciones electorales, es de sumo interés manejar sus límites acomodadamente, y sobre todo, volverlos pétreos, para así consolidar mayorías
y asegurar curules. No está de más recordar que hasta hace poco, incluso la elección de senadores dependía de las circunscripciones en comento. Ello se realiza de esta forma en detrimento de factores sociales, geográficos, económicos que paso e exponer más adelante.
La otra razón parece radicarse en lo social. El imaginario del colombiano se ha distanciado, por lo visto, de la idea de provincia como unidad geográfica, económica, antropológica y social, propia de la organización vivida por nuestro país durante toda la colonia y el siglo XIX y fracturada abruptamente con una división artificiosa del territorio creada por los departamentos, con el fin político (en el contexto de la Regeneración) de acabar con el poderío liberal en las regiones, al dividirlos en circunscripciones diferentes. En dicho imaginario se ha posicionado la imagen del departamento inamovible, paquidérmico, representativo de una
fracción de territorio, suma de municipios que a veces se identifican mejor con los vecinos que con los propios. No hay que ir más allá del Eje Cafetero para identificar esta realidad, donde el norte del Valle y del Tolima son incluso producto de la colonización antioqueña que en el siglo XIX dio lugar al nacimiento de esta subcultura colombiana. A esto, hay que sumar lo artificiosos que resultan las divisiones de regiones que han sido olvidadas por el país, como la Amazonía y los Llanos orientales; en esas lejanías, parece no haber diferencia entre el Meta y el Vichada, si al fin y al cabo es un meridiano, una línea completamente imaginaria, las que nos dice dónde es qué.
Nuestra actual división del territorio, a la cual le han achacado muchos de los problemas, no ha mutado del modelo territorial de la constitución del 86, el cual, siendo algo paternalista, requería que desde Bogotá se aprobara toda la gestión regional. Las reivindicaciones y ganancias que se lograron consolidar en el 91, como por ejemplo, el derecho a gobernarse por autoridades propias, han sido eminentemente nugatorias, por cuanto la falta de una ley que articule el ordenamiento territorial no ha permitido que el impacto de la norma constitucional transcienda a lo social. Por lo pronto, será necesario mantener divisiones territoriales
insostenibles (como lo es por ejemplo el departamento de Bolívar), duplicidad de funciones que flagela constantemente al Erario y falta de funcionalidad de los niveles intermedios de gobierno. Los Gobernadores de nuestros departamentos seguirán siendo los comodines de los alcaldes, sin mayor función que ir a un programa de comedia que transmiten en televisión nacional los sábados, si no les damos al tema del ordenamiento territorial contenido más allá del debate de una ley anodina, que hasta el día de hoy no ha surtido su primer debate.
Es aquí efectivamente donde reluce de manera esplendorosa las carencias de la Unidad Nacional, pues una cosa, como lo dijo el profesor Mockus, es que los políticos formen un gran concierto alrededor del país, y otra que los actores sociales hagan lo propio. En efecto, los temas de ordenamiento territorial tienen hoy poca cabida en el escenario político, y nunca lo tendrán habida cuenta de que tocar circunscripciones electorales es un tema tabú para Colombia. Con este breve artículo hago un llamado social a que se emprenda una tarea por repensar el país, por hacerlo desde la región o desde el departamento, o desde el municipio,
lo que sea resulta de ese proceso, un espacio más competitivo e integrado a la dinámica global, un sitio donde podamos tener verdadera identidad, porque el Ser Colombiano no es nada distinto a ser Santandereano, Paisa, Opita, Rolo o Valluno. La Necesidad del nuevo ordenamiento territorial es palmaria, como refleja la experiencia Caribe. No obstante, de ahí al derecho, parece haber todavía demasiada tela por cortar.
Javier Echeverri
Colaborador LA LUPA
j.echeverri.d@gmail.com
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