De los urabeños y otros delincuentes

Por: Juan Camilo Parra

Los urabeños son una pandilla de criminales que buscan enriquecerse a costa de la vida, la propiedad y la libertad de los ciudadanos; fines y derechos fundacionales en sí mismos del Estado. Esta banda, y muchas otras, representan un peligro para la seguridad ciudadana en el ahora y en el postconflicto y la aplicación misma de los acuerdos políticos con las FARC y el ELN. Sin embargo, no podemos dejarnos presionar y amenazar por quienes son, pura y exclusivamente, criminales comunes.

Ante una eventual desmovilización de las guerrillas, las bacrim pueden querer también un plan de sometimiento diferenciado para ellas, por lo cual los Urabeños están apostándole al plan pistola y al paro armado, pues quieren predisponer al Estado para negociar con ellos. Aquí no podemos caer en el error de darle beligerancia a unos delincuentes comunes. Una tercera negociación es inviable actualmente, la ciudadanía difícilmente aceptó negociar con actores con beligerancia política, ahora es impensable que lo acepten con simple delincuencia organizada y más aún porque es ella la que lo presione.

Colombia debe apostarle a un modelo donde la legalidad tenga garantías, el Estado proteja la libertad de sus ciudadanos y la institucionalidad cobije a todos los rincones del país. Si las bandas criminales deciden mantenerse por fuera de la legalidad, aún con las bondades de la política de seguridad integral, tendrán que sentir todo el peso de la ley y del poder coercitivo del Estado. Los grupo de ilegales están poniendo en vilo la institucionalidad misma y la capacidad de Estado para controlar su territorio. A ellos, a los que quieren que vivamos con miedo, su reinado tendrá que llegar a su fin.

Por ello, cualquier intento de negociación con las bacrim para un sometimiento colectivo, ojo, sometimiento, deberá ser el resultado de la presión que nuestros organismos de seguridad y justicia realicen sobre ellos; indudablemente las bacrim sienten que ante la desmovilización de las guerrillas, la guerra que les hace el Estado será más efectiva y por eso intentan mostrar su fuerza. La desmovilización, en términos de rendición, de las bacrim no puede ser el producto de la presión de los delincuentes sobre los legales, el Estado y la sociedad civil. Aceptar ello sería invertir la jerarquía institucional y que la ilegalidad gane esta batalla.

En este sentido, es necesario que se militaricen las principales ciudades y corredores de las bacrim; el ejército de la República y las fuerzas armadas en pleno deben recuperar el control y presencia institucional en el territorio. Igualmente, es imperante poner en marcha el bloque de búsqueda para desmantelar las cúpulas de éstas organizaciones. En este mismo orden de ideas, es hay que cortar las redes de financiación de los criminales y asegurar procesos de justicia eficientes y eficaces, asignando fiscales y jueces especializados. Tenemos que romper el vínculo ciudadanía – delincuencia a través de la seguridad integral.

La delincuencia tiene que sufrir las consecuencias de sus actos y sus atentados, expresos y adredes contra la libertad, pues los ciudadanos tenemos que estar en capacidad de movernos y actuar libremente, sin el temor de que unos criminales nos extorsionen, atraquen u obliguen a cesar nuestras actividades cotidianas. Hoy quiero invitar al Estado colombiano en todos sus niveles a iniciar una cruzada política, judicial, militar y social contra las bandas criminales.

Twitter. @PJuancamilo