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Marcos GómezPor: Marcos Gómez 

Una visión más ampliada del desarrollo territorial permitiría explotar con mayor eficiencia los recursos humanos, económicos, tecnológicos, sociales, culturales, naturales e institucionales encontrados al interior de las dinámicas locales, aprovechando las potencialidades de acuerdo con las propias sinergias del territorio, sociedad e instituciones.

Por lo tanto, para la creación de estas sinergias, se requiere una regulación flexible con capacidad de atender, tanto las necesidades asociativas como las características propias de cada territorio, con el fin de generar una gestión política, económica y social, no solo eficiente para el territorio, sino para la población en general.

En Colombia, la Constitución Política de 1991 abrió un espacio para el nacimiento de Regiones Administrativas y de Planeación y de la Región Administrativa y de Planificación Especial – RAPE – Región Central. Esta última, conformada actualmente por los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Meta, Tolima y el Distrito Capital de Bogotá; La RAPE – Región Central- nace a partir de características propias del territorio tales como: localización geográfica, caracterización ambiental, perfil socioeconómico de la región, conectividad y, seguridad alimentaria y nutricional de la región con el fin de potenciar un desarrollo conjunto de los departamentos y municipios.

De acuerdo a esto, se planteó una propuesta en la que se favoreciera el desarrollo de las áreas territoriales más atrasadas, y que procurara la participación de actores públicos y privados en la construcción de políticas de crecimiento, así como exigir a las autoridades mayor gobernabilidad y solidez institucional.

Sin embargo, puede decirse que el crecimiento regional del Estado colombiano depende de una normatividad débil que limita un desarrollo territorial que trascienda la organización político – administrativa y supone una dependencia directa de las autoridades locales, reconocidas históricamente por mantener ciertos grados de rivalidad y obedecer a intereses políticos que propenden por la conservación del poder de las alcaldías y gobernaciones. De otra parte, es importante mencionar que son las diferencias partidistas entre los mandatarios que podrían llevar sus entidades a este modelo de asociación, consensuada, heterogénea y de largo plazo, las que impiden, en muchos casos, el aprovechamiento del capital acumulado dentro del territorio.

Así, en Colombia, a pesar de los esfuerzos realizados por algunos territorios para superar las deficiencias normativas que dejó la expedición de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, para formar regiones que procuren el aprovechamiento de los recursos locales y potencien el desarrollo de los entes territoriales que las conforman, no han sido suficientes para dar paso a una división política que atienda la realidad geográfica, social, cultural y económica del Estado Colombiano, que obedezca a las necesidades de sus habitantes y no al capricho de los gobiernos de turno.

Twitter: @mgomez190

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